Morena conquista la Suprema Corte en México: ¿reforma judicial o concentración del poder?

El pasado 1 de junio de 2025, México celebró las primeras elecciones judiciales de su historia, un evento sin precedentes que prometía reforzar la democracia, pero que ahora ha despertado preocupaciones sobre una posible concentración del poder.

Un cambio histórico en el Poder Judicial

Hasta 2024, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eran designados por el presidente y ratificados por el Senado. Esta fórmula, aunque criticada, estaba diseñada para incorporar mecanismos de equilibrio entre los poderes del Estado. Sin embargo, impulsado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y sostenido por su sucesora, Claudia Sheinbaum, Morena promovió una reforma judicial polémica que estableció la elección popular de jueces y ministros.

Desde ese momento, los debates se encendieron. ¿Elegir a jueces por voto directo empodera al pueblo o politiza la justicia? Las urnas ya hablaron, pero sus consecuencias apenas comienzan a vislumbrarse.

Resultados que despejan toda duda

Según el Instituto Nacional Electoral (INE), con más del 85% de las actas computadas, nueve cargos clave en la Suprema Corte ya tienen nombres definidos. Y lo que más resalta es que la mayoría están directamente alineados —ideológica o políticamente— con Morena.

Entre los nuevos ministros destacan:

• Lenia Batres: exdiputada de Morena y afín a AMLO, permanecía en la SCJN por nombramiento anterior.
• Yasmín Esquivel: cuestionada por un presunto plagio de tesis en 2022, pero con respaldo firme del oficialismo.
• Loretta Ortiz: aunque renunció formalmente a Morena, su trayectoria refleja simpatía con los principios del partido.
• María Estela Ríos: asesora jurídica de AMLO desde sus tiempos como jefe de gobierno.
• Irving Espinosa Betanzo: exasesor legislativo de Morena, propuesto como adalid anticorrupción.

Uno de los pocos casos que rompió el patrón fue Hugo Aguilar Ortiz, abogado indígena de Oaxaca con destacado activismo legal, sin afiliación partidista visible. Su elección fue celebrada como un paso hacia la representación plural, pero constituye una excepción a la regla.

Una victoria previsible, una preocupación creciente

La posibilidad de que el Poder Judicial caiga bajo el control de un solo partido ya había sido advertida. La académica Georgina De la Fuente, especialista en temas electorales, fue tajante:

“Estamos viendo cómo el poder cae casi por completo en manos de un solo partido. No hay ningún contrapeso real”.

La concentración del poder es una señal de alerta en cualquier sistema democrático. Ahora, con el Poder Ejecutivo, el Legislativo —donde Morena y aliados cuentan con mayoría desde 2021— y el Poder Judicial alineados, México estaría entrando en una nueva era de hegemonía institucional.

Participación ciudadana: el gran ausente

Uno de los argumentos que más pesa contra la legitimidad del proceso es su baja participación electoral. Solo un 13% del padrón acudió a votar. Amplios sectores de la población no comprendieron del todo cómo votar por jueces, ni conocían las propuestas o trayectorias de los candidatos.

“La gente no sabe ni quién está en la boleta”, reportó un periodista local el día de la elección. La falta de información, la complejidad del sistema y la apatía contribuyeron al alto abstencionismo.

Un sistema judicial en la cuerda floja

Aunque Sheinbaum defendió con énfasis esta transformación:

“Quien diga que en México hay autoritarismo, miente. México es cada vez más libre, justo y democrático porque así lo quiere el pueblo”.

La realidad es que la división de poderes parece perder fuerza. En otras democracias liberales, la elección de jueces de manera directa es prácticamente inexistente. En Estados Unidos, por ejemplo, algunos jueces estatales son elegidos por voto popular, pero la Suprema Corte federal sigue siendo designada por el presidente y ratificada por el Senado.

De la justicia plural a la justicia partidista

Desde la perspectiva de organismos internacionales, una justicia independiente es uno de los pilares del Estado de derecho. Reportes recientes de Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han alertado sobre la erosión de esta independencia en América Latina, y ahora México se suma a esa preocupación.

Lo más grave, argumentan analistas políticos, no es el dominio de un partido en sí, sino que Morena tiene ahora el camino despejado para ejecutar reformas estructurales, desde cambios constitucionales hasta nuevas leyes electorales o fiscales, sin mayores resistencias.

Los riesgos de la “democratización” judicial

La idea de llevar la justicia a decisión del voto suena atractiva desde el punto de vista democrático. Pero en la práctica puede tener consecuencias peligrosas. Como advierte el constitucionalista Pedro Salazar Ugarte:

“La justicia no puede responder a la lógica de las mayorías. El juez tiene que proteger los derechos también de los que pierden en las urnas”.

Cuando los jueces se ven obligados a hacer campaña, a emitir discursos o a prometer reformas, se corre el riesgo de que pierdan el carácter técnico y neutral que los define, y se conviertan en figuras políticas más.

¿Hacia una república judicial monocolor?

El nuevo mapa judicial pone a México en una situación con pocos precedentes en la región. Incluso en países como Venezuela, Bolivia o Nicaragua donde hay acusaciones de autoritarismo judicial, no se había optado por un sistema de elección directa judicial tan radical como el que México adoptó en 2025.

Además, la falta de reglas claras para la reelección de jueces, financiamiento de campañas judiciales y el papel de los medios en este nuevo escenario judicial, abren interrogantes sobre cómo serán los próximos años del sistema de justicia en México.

Y mientras tanto, la pregunta principal continúa siendo: ¿Garantiza el voto popular una verdadera justicia independiente?