La lucha por el alma de la educación superior en EE.UU.: ¿libertad académica o adoctrinamiento político?

Una nueva cruzada política en los campus universitarios

Las universidades públicas en Estados Unidos viven un momento de transformación profunda en medio de un agitado contexto político. En los últimos años, estados gobernados por legisladores republicanos han impulsado una agenda que busca reformar profundamente las instituciones de educación superior, argumentando que estas se han desviado de su misión académica para convertirse en centros de adoctrinamiento liberal.

Los cambios vienen, entre otras cosas, en forma de legislación que otorga mayor control a juntas gubernamentales, elimina programas enfocados en diversidad, equidad e inclusión (DEI), y reestructura la forma en que se diseñan e imparten los currículos. Las nuevas medidas no solo generan debate por su contenido, sino por lo que representan: una batalla por el control cultural e ideológico de las universidades estadounidenses.

Texas: ofensiva legislativa contra la autonomía universitaria

En Texas, el gobernador Greg Abbott está a punto de firmar una ley que otorgaría a las juntas gobernantes de las universidades públicas el poder de revisar y vetar el currículo general, así como eliminar programas de grado con baja matrícula. Además, se creará una oficina estatal del ombudsman para investigar denuncias relacionadas con violaciones a las restricciones contra DEI.

Para sus proponentes, como el representante estatal republicano Matt Shaheen, estas reformas buscan garantizar que los cursos preparen a los estudiantes para la vida profesional y cívica. “El objetivo es ofrecer consistencia respecto al currículo y los títulos que ofrecemos”, declaró durante el debate legislativo.

Sin embargo, voces como la de la representante estatal demócrata Donna Howard acusan que se trata de una maniobra de “micromanagement extremo”, cuyo propósito subyacente no es mejorar la educación, sino tener mayor control político sobre las universidades.

Ohio: entre la civilización y la censura

El estado de Ohio ha ido un paso más allá, imponiendo por ley un curso obligatorio de alfabetización cívica para graduarse, que debe incluir texto de los Federalist Papers, la carta de Martin Luther King Jr. desde la cárcel de Birmingham, y una selección de "La Riqueza de las Naciones" de Adam Smith. Aunque a primera vista esto puede parecer una promoción del pensamiento crítico, la ley impone también prohibiciones sobre cómo se manejan “creencias controvertidas”, tales como el aborto, el cambio climático, la inmigración o la política exterior.

Asimismo, se eliminan las protecciones de negociación colectiva y de tenencia para ciertos profesores, impactando directamente sobre su libertad para enseñar sin miedo a represalias.

El senador estatal Jerry Cirino, autor del proyecto de ley, defendió que la medida promueve el debate basado en ideas y combate la supuesta “conformidad woke” en los campus. Por su parte, el profesor Christopher McKnight Nichols de la Universidad Estatal de Ohio advierte que la ley ya ha provocado efectos concretos: “Algunos académicos han empezado a limpiar sus sitios web, modificar descripciones de cursos o incluso cancelarlos.”

Florida: DeSantis y la cruzada contra el progresismo universitario

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha emergido como figura central en esta campaña de reestructuración cultural. En 2023, se realizó una completa transformación del New College of Florida, ampliamente conocido por ser un bastión progresista. DeSantis nombró a conservadores al consejo directivo del centro y promulgó leyes que prohíben el financiamiento público a iniciativas DEI y toda actividad que promueva activismo político o social en la educación superior.

Estas acciones son el corolario de una orden ejecutiva del expresidente Donald Trump en 2020, en la cual se prohibía que agencias federales promovieran conceptos considerados “divisivos”, como la idea de que un grupo racial es inherentemente superior a otro. Estas premisas pronto se reprodujeron en leyes estatales y propuestas impulsadas por think tanks conservadores como la Heritage Foundation.

Según un análisis de la agencia de noticias Associated Press apoyado por la plataforma legislativa Plural, en 2023 se duplicaron los intentos legislativos para limitar o eliminar programas DEI respecto al año anterior.

¿Qué es exactamente DEI y por qué esta en la mira?

DEI es una sigla que responde a diversity, equity & inclusion (diversidad, equidad e inclusión). Estos programas buscan promover un ambiente universitario más equitativo, diverso y acogedor, especialmente para comunidades históricamente marginadas. Incluyen desde políticas de admisión que toman en cuenta cuestiones socioeconómicas, hasta cursos y eventos que promueven perspectivas diversas.

Para los críticos, sin embargo, estos espacios se han convertido en mecanismos de censura indirecta de opiniones conservadoras, lo que ha motivado leyes que buscan eliminarlos. En palabras de Alec Thomson, presidente del Consejo Nacional de Educación Superior de la NEA (National Education Association), “lo preocupante es este cambio estructural que pone a las universidades a funcionar más como escuelas primarias, donde el Estado dicta qué se puede enseñar y cómo”.

Un modelo educativo politizado

Los sectores académicos ven una amenaza existencial. “Es un ataque directo a la libertad académica”, señala Isaac Kamola, director del Centro para la Defensa de la Libertad Académica de la AAUP. “Los actores políticos están usando su poder para moldear las instituciones según su ideología, anulando la autonomía que ha sido parte del modelo universitario estadounidense durante décadas”.

En su núcleo, la disputa gira en torno a una pregunta fundamental: ¿quién debe controlar el contenido de la educación universitaria? Las universidades han gozado históricamente de independencia académica para diseñar sus programas y políticas. Pero las recientes leyes, en nombre de la transparencia o del combate al adoctrinamiento, colocan en manos de políticos cuestiones que antes eran decididas por comités académicos con base en el mérito disciplinar.

¿Y los estudiantes?

Mientras los legisladores y académicos debaten sobre la estructura de poder en la educación superior, los estudiantes quedan atrapados en la incertidumbre. Muchos cursos han sido cancelados o modificados. Programas que antes ofrecían apoyo a estudiantes de minorías han sido cerrados. Y la atmósfera en el campus se ha vuelto más tensa, donde profesores temen hablar de ciertos temas y los estudiantes no saben qué esperar para el próximo semestre.

“La experiencia educativa está siendo politizada hasta un punto que no habíamos visto,” afirma Kamola. “Y eso tiene consecuencias directas sobre la calidad del aprendizaje y el desarrollo personal de los estudiantes.”

¿Hacia dónde va el futuro de las universidades públicas?

La batalla no está decidida. En Ohio, una coalición de educadores, estudiantes y ciudadanos ha lanzado una campaña para llevar la legislación a referéndum en las urnas el próximo noviembre. En otros estados, como Idaho, ya se establecieron restricciones similares. Pero también existen enclaves donde la resistencia académica se mantiene fuerte.

Lo cierto es que estas medidas se han convertido en un campo de batalla más dentro de la llamada “guerra cultural” estadounidense. Y Estados Unidos, una nación que durante décadas se ha presentado como líder global en educación superior, enfrenta ahora un momento de cambio radical en la manera en que concibe la libertad académica, el rol de las universidades y la conexión entre educación, ideología y gobierno.

Como escribió John Dewey, uno de los padres de la pedagogía progresista en EE.UU.: “La educación no es preparación para la vida; es la vida misma”. Tal vez ese principio siga siendo la consigna de quienes defienden que las aulas deben ser espacios de exploración, no trincheras ideológicas.