Esclavitud moderna en prisiones privadas: el caso que enfrenta GEO Group ante la Corte Suprema

¿Quién trabaja por un dólar al día?

Imagina trabajar toda una jornada por sólo un dólar. Parece absurdo, incluso ofensivo, pero esta es la realidad diaria en muchas cárceles administradas por compañías privadas en Estados Unidos. El caso más emblemático de los últimos meses ha puesto el foco sobre GEO Group, una de las corporaciones más grandes que operan cárceles privadas en el país.

En una demanda presentada en 2014 y que ha llegado ahora a la Corte Suprema de Estados Unidos, inmigrantes detenidos en un centro ubicado en Aurora, Colorado, alegan haber sido forzados a realizar trabajos no remunerados o recibir pagos ínfimos, mientras la empresa obtenía ganancias millonarias gracias a contratos federales.

¿Trabajo o explotación?

La demanda alega que los detenidos fueron obligados a realizar tareas como servicios de limpieza y cocina, no sólo por un valor tan pequeño como un dólar al día, sino, en muchos casos, sin ninguna remuneración. Esto incluyó tareas necesarias para el funcionamiento del centro, como mantener la limpieza de las áreas comunes o preparar las comidas, todo esto, según aseguran los demandantes, bajo un contexto de coerción.

Los abogados de los demandantes argumentan que esto equivale a esclavitud moderna, una afirmación que llama poderosamente la atención al recordar que la 13ª Enmienda de la Constitución de EE.UU. prohíbe la esclavitud, pero deja una excepción explícita: "excepto como castigo por un crimen del que el individuo haya sido debidamente condenado".

Sin embargo, hay una diferencia clave: muchos de los detenidos en cuestión no estaban cumpliendo condenas penales, sino que eran inmigrantes en proceso administrativo, lo que cuestiona aún más la base legal y moral de este tipo de prácticas.

GEO Group: el gigante de las prisiones privadas

Fundada en 1984, GEO Group es una multinacional con sede en Florida especializada en el manejo de centros de detención y prisiones privadas. Según diversos informes, la empresa controla más de 70,000 camas en aproximadamente 100 instalaciones a lo largo de Estados Unidos y otros países.

Entre sus múltiples contratos, destaca su participación en centros de detención migratoria administrados en nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estos contratos, que varían en duración y condiciones, usualmente son muy rentables. Sólo en 2020, la empresa generó más de 2.4 mil millones de dólares en ingresos.

El argumento de la defensa

GEO Group sostiene que las demandas en su contra representan un intento indirecto de cuestionar la política migratoria federal. Según su línea de defensa, al actuar bajo contrato con el gobierno, ellos deberían gozar de inmunidad, al igual que las agencias federales.

Asimismo, GEO asegura que el pago de un dólar por día está en línea con las directrices de ICE, y que los trabajos realizados son voluntarios. Pero, según los testimonios de los detenidos, la voluntariedad era una ilusión: quienes se negaban a trabajar supuestamente enfrentaban represalias, como aislamiento o reducción de privilegios básicos.

Antecedentes similares: Washington, California y más

Este no es un caso aislado. En 2021, un jurado en el estado de Washington ordenó a GEO Group pagar 23 millones de dólares en compensación por prácticas similares en el Northwest Detention Center en Tacoma. En ese caso, el tribunal concluyó que la empresa se beneficiaba del trabajo de los detenidos, que limpiaban instalaciones y cocinaban sin compensación adecuada.

California también ha sido escenario de demandas parecidas. En muchos centros de detención administrados por privados se ha documentado prácticas laborales que algunos han calificado como explotación.

¿Qué dice la ley?

La regulación sobre este tipo de trabajo es gris. ICE permite el programa de trabajo voluntario para detenidos, estableciendo una remuneración de exactamente 1 dólar por día. Sin embargo, la ley federal no obliga a las empresas a mantener ese mínimo; simplemente lo autoriza.

Es decir, los contratistas podrían, en teoría, pagar más. Pero en la práctica, casi nunca lo hacen.

Críticas sociales y éticas

Organismos de derechos humanos como Human Rights Watch o la American Civil Liberties Union (ACLU) han denunciado repetidamente las condiciones laborales en los centros privados de detención. Para muchos, someter a migrantes —personas sin condena penal— a trabajo forzoso por un pago irrisorio es una violación grave tanto de derechos laborales como de derechos humanos.

“Estamos convirtiendo la detención migratoria en un negocio basado en la explotación humana”, expresó recientemente Silky Shah, directora ejecutiva de Detention Watch Network. “Estas corporaciones ven a los migrantes no como personas, sino como una fuente continua de ganancias”.

Lo que está en juego en la Corte Suprema

En primera instancia, un juez federal permitió que la demanda avance y la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito se negó a descartar el caso antes del juicio. GEO Group llevó la pelea al máximo tribunal con la esperanza de invalidar la demanda alegando inmunidad por ser contratista del gobierno.

La Corte Suprema aceptó escuchar el caso, lo que podría tener enormes implicaciones a nivel nacional. Una decisión favorable a los detenidos podría abrir la puerta a más litigios y obligar a las empresas privadas a rendir cuentas por estas prácticas.

¿Quién pone la lupa sobre las prisiones privadas?

La problemática de las cárceles privadas no es nueva. Desde su auge en los años 90, estas empresas han sido criticadas por mantener condiciones deplorables, presionar por leyes más duras sobre inmigración y criminalidad (con el fin de llenar celdas), y reducir costos a expensas de los derechos de los detenidos.

En 2016, bajo la administración Obama, el Departamento de Justicia anunció planes para reducir gradualmente el uso de prisiones privadas. Sin embargo, esa política fue revertida por la administración de Donald Trump, que reactivó y amplió muchos contratos. En 2021, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para eliminar los contratos con prisiones privadas federales, pero dicha medida no aplica a instituciones de detención migratoria.

¿Es posible un cambio real?

Con nuevas demandas, protestas públicas y una creciente presión mediática, aumenta la posibilidad de que el Congreso o el Ejecutivo propongan nuevas regulaciones para este tipo de prácticas. Pero mientras tanto, miles de migrantes siguen bajo estas condiciones injustas.

Como sociedad, debemos preguntarnos: ¿Queremos un sistema de justicia que remunere el trabajo con monedas? ¿Estamos cómodos con un modelo que mantiene a seres humanos en condiciones donde son sólo una línea en una hoja de cálculo?

Una historia con nombres y rostros

Más allá de cifras y tecnicismos legales, este caso tiene protagonistas. Son personas como José o María —nombres ficticios por seguridad— que vivieron este sistema desde adentro. "Trabajaba limpiando inodoros toda la semana, solo para poder tener dinero y así comprar algo más de comida en la comisaría", relató uno de los demandantes. "Si me negaba, me castigaban".

Sus voces, antes calladas, ahora llegan hasta el tribunal más alto del país. Si la Corte Suprema les da la razón, podría ser el comienzo del fin para una industria carcelaria construida sobre la pobreza, la desesperación y la explotación.

Este no es solo un caso más, es una llamada de atención. El resultado podría sentar precedentes que redefinan cómo se trata a los inmigrantes detenidos y hasta qué punto se permite lucrar con la justicia en Estados Unidos.

La historia aún se está escribiendo.