El debate sobre las armas de asalto continúa: ¿Está en riesgo la Segunda Enmienda en EE.UU.?

Una Corte Suprema cautelosa ante un tema candente

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes evaluar un caso que podría haber resultado clave en la lucha nacional sobre el control de armas. El caso buscaba impugnar una ley del estado de Maryland que prohíbe los rifles semiautomáticos conocidos como armas de asalto, como el AR-15, popular tanto entre aficionados a las armas como infame por su uso en múltiples tiroteos masivos, incluidos los de Sandy Hook, Parkland y Las Vegas.

Con esta decisión, la ley estatal, implementada tras la tragedia de Sandy Hook en 2012 que dejó un saldo de 20 niños y seis adultos muertos, sigue en pie. Sin embargo, esta negativa no es una victoria definitiva para los defensores del control de armas, ya que cuatro jueces conservadores expresaron interés en abordar el tema en el futuro cercano, cuestionando la constitucionalidad de este tipo de prohibiciones.

División en la Corte: la batalla aún no termina

La negativa a tomar el caso no fue unánime. Mientras la mayoría de los jueces optaron por no intervenir por ahora, tres jueces conservadores —Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh— manifestaron que habrían aceptado revisar la demanda. Neil Gorsuch, por su parte, añadió su escepticismo sobre la constitucionalidad de las prohibiciones estatales.

Este panorama indica una Corte Suprema dividida y una agenda futura abierta. Aunque el tribunal no emitió un fallo sobre el fondo del caso, el interés mostrado por varios magistrados sugiere que tarde o temprano la discusión regresará al máximo tribunal del país.

Uno de los casos estadísticamente más destacados en este contexto ocurrió en 2022, cuando la Corte amplió significativamente los derechos de la Segunda Enmienda en el caso New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, lo cual impulsó una oleada de impugnaciones legales contra regulaciones de armas a lo largo del país.

Los antecedentes: del Congreso a los estados

Estados Unidos no cuenta actualmente con una ley federal que prohíba las armas de asalto. En 1994, el Congreso impuso una prohibición nacional bajo el presidente Bill Clinton, pero esta expiró en 2004 sin renovación. Estudios posteriores mostraron que la ley tuvo cierto impacto en la reducción del número de tiroteos masivos, aunque el debate sobre su efectividad continúa.

Desde entonces, al menos diez estados —y el Distrito de Columbia— han implementado sus propias normativas restrictivas sobre armas de asalto. Algunos de ellos son Nueva York, California, Nueva Jersey y Massachusetts, estados que también imponen controles estrictos sobre cargadores de gran capacidad.

Los defensores de la Segunda Enmienda argumentan que tales leyes violan el derecho constitucional a portar armas, mientras que los defensores del control de armas insisten en que estas herramientas de guerra no tienen cabida en manos civiles.

El arma del debate: el AR-15

El AR-15 se ha convertido en el símbolo por excelencia de la polarización política sobre las armas en Estados Unidos. Diseñado originalmente para uso militar, su versión civil permite disparos semiautomáticos y puede modificarse fácilmente para mejorar su letalidad.

Según datos de la Washington Post, al menos 25 millones de rifles estilo AR-15 están actualmente en manos de civiles en EE.UU. Esta popularidad, sin embargo, ha ido acompañada de una serie de masacres que han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva del país.

Impacto político: una pieza clave del ajedrez electoral

En un año presidencial, la política armamentista vuelve a ser un tema central en las campañas. Mientras los demócratas, liderados por figuras como Joe Biden y Bernie Sanders, promueven el regreso de la prohibición federal de armas de asalto, el Partido Republicano se inclina por una defensa irrestricta del derecho a portar armas, apelando a la Segunda Enmienda como una garantía vital de libertad individual.

Joe Biden ha sido particularmente firme. En 2023 declaró:

“No hay razón para que un civil tenga un arma de guerra. Podemos salvar vidas si tenemos el coraje político de actuar.”

En cambio, líderes del Partido Republicano consideran tales leyes como una amenaza directa a los derechos constitucionales. Donald Trump incluso ha calificado los intentos de regulación como “pasos hacia el desarme ciudadano”, y grupos como la NRA (National Rifle Association) han utilizado esta narrativa para movilizar fondos y votantes.

El precedente peligroso: cuando la Corte se mantiene en silencio

Cuando la Corte Suprema rechaza o evita pronunciarse sobre un tema de relevancia nacional, se sienta un precedente implícito que puede desincentivar futuras impugnaciones legales. No obstante, el hecho de que varios jueces expresaran su interés en asumir el caso indica que el tribunal aún no ha cerrado la puerta por completo.

Además, el caso rechazado esta semana podría no ser el último. En varios estados se están gestando nuevos litigios que eventualmente podrían escalar hasta Washington. Entre ellos destaca uno en Illinois, donde recientemente se aprobó una legislación similar a la de Maryland.

¿Qué está en juego?

Más allá de los aspectos legales, la discusión sobre las armas de asalto en EE.UU. involucra cuestiones culturales, ideológicas y fundamentales sobre qué tipo de sociedad se desea construir. Para muchos estadounidenses, portar un arma es un símbolo de independencia, seguridad y herencia histórica. Para otros, representa un riesgo para la seguridad pública y un presente plagado de violencia con armas de fuego.

Las estadísticas no ayudan a disipar la tensión:

• En 2023, más de 40,000 personas murieron por armas de fuego en EE.UU., según Gun Violence Archive.
• Aproximadamente 136 tiroteos masivos se registraron solo en los primeros tres meses de 2024.
• Un ciudadano estadounidense tiene 25 veces más probabilidades de morir por un disparo en comparación con ciudadanos de otros países desarrollados.

Voces desde Maryland: entre protección y derechos

En Maryland, la normativa sigue en pie, respaldada por una amplia mayoría demócrata y una opinión pública que ha reaccionado favorablemente a la medida. Según una encuesta del Pew Research Center, cerca del 60% de los estadounidenses están a favor de la prohibición de los rifles semiautomáticos de estilo militar.

Esto contrasta con estados del sur o del centro del país, donde portar un AR-15 en público puede ser considerado un derecho ciudadano, al punto de exhibirse en eventos y reuniones comunitarias.

Los defensores del derecho a las armas en Maryland han asegurado que la lucha no ha terminado. “Es solo cuestión de tiempo para que la Corte finalmente entre al debate. Y con la Corte ahora dominada por conservadores, confiamos en que la Constitución prevalecerá”, declaró un representante de Gun Owners of America.

¿Cuál será el próximo capítulo?

El tema sigue latente no solo en las sentencias judiciales, sino en las urnas, los salones del Congreso y las calles. Sin una solución clara a corto plazo, Estados Unidos se enfrenta a una encrucijada histórica: ¿priorizará la libertad individual de portar armas o el derecho colectivo a la seguridad pública?

Mientras tanto, cada rechazo de revisión por parte de la Corte Suprema solo suma presión y expectativa para un eventual fallo que defina, de una vez por todas, hasta dónde la Segunda Enmienda puede —o debe— llegar en el siglo XXI.