La represión judicial en Turquía: ¿justicia o estrategia política contra la oposición?

Un nuevo episodio en la crisis política turca

El 1 de junio de 2025, Turquía vivió un nuevo capítulo en su prolongada tensión política. Un total de 30 personas fueron detenidas en Estambul como parte de una campaña legal dirigida contra la municipalidad metropolitana, liderada por la oposición. Entre los detenidos se encuentran un exdiputado del Partido Republicano del Pueblo (CHP) —principal partido opositor— y alcaldes de tres distritos controlados por el CHP.

Esta ya es la quinta ola de detenciones desde marzo, en un proceso marcado por acusaciones de corrupción contra la administración de Estambul. Pero muchos observadores tanto internos como internacionales señalan otro posible motivo: la amenaza política que representa el alcalde Ekrem Imamoglu para el presidente Recep Tayyip Erdoğan, quien lleva más de dos décadas consolidando su poder.

¿Quíén es Ekrem Imamoglu?

Ekrem Imamoglu se convirtió en una figura nacional tras su histórica victoria en las elecciones municipales de 2019 en Estambul, derrotando al candidato respaldado directamente por Erdoğan. Esta derrota fue vista como un duro golpe al partido gobernante AKP, ya que Estambul no solo representa el motor económico del país, sino que también es simbólicamente decisiva: Erdoğan comenzó allí su ascenso a la presidencia como alcalde en los años 90.

Desde entonces, Imamoglu se ha consolidado como el principal rival del régimen, posicionándose como una alternativa moderada y proeuropea frente al conservadurismo autoritario de Erdoğan. En este contexto, sus recientes acusaciones de corrupción y arresto en marzo pasado desencadenaron una oleada de manifestaciones en todo el país.

“Esta vez el golpe no vino con botas y tanques, sino con togas de fiscales”,

¿Justicia o venganza política?

Las autoridades afirman que las investigaciones están siendo conducidas por una judicatura independiente, libre de presiones o influencias partidistas. Sin embargo, los patrones y el momento estratégico de los arrestos apuntan a una instrumentalización del sistema judicial para silenciar y desmovilizar a la oposición.

Durante los meses de abril y mayo se sucedieron tres olas adicionales de arrestos en otras municipalidades manejadas por el CHP. Según reportes del canal estatal TRT y la agencia Anadolu, estas investigaciones estarían vinculadas a adjudicaciones irregulares de contratos municipales y presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, hasta la fecha, las evidencias presentadas públicamente han sido escasas.

Protestas y polarización social

Cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles de Estambul, Ankara y Esmirna, exigiendo no solo la liberación de Imamoglu sino también elecciones libres e instituciones democráticas independientes. Las protestas han estado marcadas por una fuerte presencia policial, arrestos arbitrarios y la restricción de medios opositores.

Según la ONG Human Rights Watch, desde el regreso de Erdoğan al poder en 2018 bajo el nuevo sistema presidencial, se ha producido una marcada regresión en materia de libertades:

• Más de 100 periodistas han sido encarcelados desde el intento de golpe de 2016.
• Más de 60,000 funcionarios públicos han sido despedidos o suspendidos con cargos de “apoyo al terrorismo”.
• La Ley sobre Asociaciones y Fundaciones ha sido modificada para controlar las ONGs que reciben fondos extranjeros o critican al gobierno.

La reacción internacional

La Unión Europea y Estados Unidos han emitido comunicados de preocupación sobre la situación del Estado de derecho en Turquía. Desde Bruselas, el Alto Representante Josep Borrell declaró que “la justicia solo puede ser legítima si es percibida como imparcial por la ciudadanía”.

Por su parte, el Departamento de Estado de EE. UU. pidió a Turquía garantizar garantías procesales y permitir el retorno de una “vida política plural”. Sin embargo, la administración de Erdoğan ha replicado duramente, acusando a Occidente de doble moral y de promover una agenda “neocolonial” sobre los asuntos internos de Ankara.

El factor electoral y el 2028 en el horizonte

Ekrem Imamoglu ha sido considerado por muchos analistas como el candidato ideal para las elecciones presidenciales de 2028. Su carisma, su estilo moderno y su enfoque en políticas sociales inclusivas le han ganado una base sólida, especialmente entre los jóvenes y las minorías urbanas.

Según una encuesta de MetroPOLL Research (abril 2025):

• El 58% de los encuestados no cree que Imamoglu sea culpable de los cargos que se le imputan.
• El 46% considera su detención como motivada políticamente.
• El 19% no se manifestó por temor a represalias, reflejando el clima de censura y autocensura.

Un reflejo de tendencias autoritarias globales

El caso turco no es un fenómeno aislado. En los últimos años, una creciente oleada de autoritarismo ha recorrido democracias en crisis, como Hungría, India y Brasil. El control del poder judicial, el hostigamiento a la prensa independiente y el silenciamiento de la oposición política son herramientas consistentes dentro del manual del “autoritarismo electoral”.

Steven Levitsky, politólogo de Harvard, ha advertido que “la erosión de la democracia rara vez llega de un solo golpe; suele suceder a través de mecanismos legales perfectamente maquillados con fachada constitucional”. El ejemplo turco parece seguir esta lógica al pie de la letra.

¿Qué sigue para Turquía?

La situación actual plantea serias dudas sobre el futuro inmediato del sistema político turco. Con la oposición debilitada, una prensa bajo vigilancia estricta y un sistema judicial alineado con el poder ejecutivo, Turquía parece alejarse cada vez más de las normas democráticas que aspiró encarnar durante su candidatura a la Unión Europea en los años 2000.

No obstante, la ciudadanía aún no ha bajado los brazos. Las manifestaciones continuas, la vigilancia internacional y las alianzas entre partidos opositores podrían abrir una brecha en un sistema cada vez más cerrado.

Por ahora, Ekrem Imamoglu sigue arrestado, su equipo legal prepara nuevas apelaciones y Europa observa, expectante, el devenir de una nación que se debate entre dos futuros: la consagración autocrática o el regreso a la democracia pluralista.