Ejecuciones, secretos y justicia: El lado oscuro de la pena de muerte en Carolina del Sur
Desde métodos controvertidos hasta leyes de secreto, este es el panorama inquietante de cómo se aplican las sentencias capitales en el estado estadounidense
Una historia con muchos cuerpos y demasiadas sombras
Carolina del Sur se encuentra nuevamente en el foco por su controvertida gestión del corredor de la muerte. En este caso, el protagonista es Stephen Stanko, un convicto sentenciado por doble asesinato que eligió la inyección letal como método de ejecución. Aunque su historial criminal es brutal e innegable, la manera en la que el estado administra la pena de muerte despierta serias preguntas no solo éticas, sino legales y científicas.
¿Cómo murió realmente Mikal Mahdi, el último ejecutado por pelotón de fusilamiento? ¿Qué oculta la ley que permite mantener en secreto a quienes fabrican y administran las sustancias letales? ¿Por qué Carolina del Sur administra dos dosis de fármacos donde otros estados solo requieren una? En esta análisis hacemos un recorrido por las prácticas actuales de ejecución en el estado sureño y los riesgos que implican.
La resurrección de la pena capital en Carolina del Sur
Entre 2011 y 2024, Carolina del Sur no realizó ejecuciones debido a que se quedó sin suministros de inyecciones letales. No fue hasta la aprobación de una ley de secreto en 2023 —que oculta la identidad de fabricantes de fármacos y ejecutores— que el estado reanudó las ejecuciones.
Este reinicio cobró vida con el caso de Stephen Stanko, quien fue condenado a muerte dos veces por los asesinatos de Henry Turner (74) y la brutal muerte de su novia tras violar a su hija adolescente. La brutalidad de sus crímenes no exime al estado de su responsabilidad sobre cómo se ejecutan legalmente estas sentencias.
Fusilamiento o asfixia química: ¿Una elección legítima?
Stanko había considerado elegir el fusilamiento tras conocer que en abril de 2024, Mikal Mahdi murió tras 45 segundos de agonía cuando el pelotón de fusilamiento supuestamente erró al disparar cerca pero no directamente al corazón.
Sin embargo, ese método levantó cuestionamientos sobre su precisión y humanidad. Por otro lado, la opción de la silla eléctrica también fue descartada por el temor de Stanko a lo que sus abogados describieron como “cocerse” bajo miles de voltios.
Finalmente, eligió la inyección letal. Pero esa elección tampoco está libre de problemas, como muestran las autopsias de tres ejecutados anteriores en el estado.
Los secretos de la inyección letal: ¿Muerte o tortura silenciosa?
En las tres ejecuciones por inyección letal realizadas desde 2023, las autopsias muestran que los pulmones de los condenados se llenaron con cantidades masivas de líquido, lo que según expertos equivale a la sensación de ahogarse. Esta acumulación es resultado del uso del sedante pentobarbital, el mismo que emplean en otros estados.
Pruebas médicas revisadas por abogados defensores sugieren que el pentobarbital causa una especie de edema pulmonar fulminante, colapsando los pulmones mientras el preso permanece supuestamente inconsciente.
“Es como estar despierto y ahogarse, pero sin poder moverse ni pedir ayuda”, describe un informe forense citado por The Guardian, en relación con ejecuciones similares realizadas en Oklahoma y Texas.
Una dosis no es suficiente: Carolina del Sur dobla el cóctel mortal
A diferencia de otros estados o del protocolo federal, Carolina del Sur administra dos dosis consecutivas de pentobarbital con una separación de 10 minutos. El estado se ha negado a explicar por qué, alegando que la ley de 2023 lo prohíbe.
Varias organizaciones pro derechos humanos han cuestionado esto. La Death Penalty Information Center (DPIC) ha calificado esta práctica de potencialmente cruel e innecesaria.
Además, médicos que observaron las ejecuciones en persona reportan que los prisioneros demuestran signos visibles de angustia antes del coma final, como jadeos o contracciones.
¿Matar con transparencia o con opacidad?
La ley de secreto aprobada por la legislatura estatal impide saber tres cosas clave:
- ¿Quién provee los fármacos para ejecuciones?
- ¿Quién administra físicamente las inyecciones?
- ¿Cuáles son exactamente los protocolos aplicados durante una ejecución?
Sin esta información, resulta imposible auditar formalmente estas prácticas, dejándolas en una zona gris legal y moral. La falta de transparencia ha sido denunciada por la ONG Human Rights Watch y por el propio American Bar Association, quienes exigen que la pena capital —ya por sí misma altamente debatida— esté sujeta a escrutinio ciudadano.
Las estadísticas hablan: ¿es la pena de muerte una reliquia?
Según datos del DPIC, 23 estados estadounidenses ya han abolido completamente la pena de muerte, y otros 3 (California, Oregon y Pensilvania) han impuesto una moratoria indefinida.
En 2023, solo 24 personas fueron ejecutadas en todo el país, principalmente en estados como Texas, Oklahoma y Florida. Carolina del Sur apenas reanudó las ejecuciones después de más de una década, lo que plantea una pregunta inevitable: ¿vale la pena sostener un sistema tan complejo, caro y conflictivo por tan pocos casos anuales?
El costo promedio de un juicio con pena de muerte supera los $1.2 millones de dólares, de acuerdo con la Universidad de North Carolina en un estudio de 2009. En contraste, una condena de cadena perpetua sin libertad condicional cuesta alrededor de $740,000.
Los rostros detrás de los números
Jim Scanlan, sobreviviente de abuso sexual por parte del exsacerdote James Talbot, tiene una frase demoledora: “el opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia”. Él se refiere al silencio de la Iglesia, pero su reflexión puede aplicarse al sistema judicial que prefiere ocultar las ejecuciones detrás del velo del secreto.
Stephen Stanko será ejecutado el 13 de junio. Se irá sin fanfarrias, sin testigos públicos, con apenas una nota del abogado leyendo su última voluntad antes de que se cierre la cortina de la cámara de ejecución. Pero el debate sobre si la pena capital es justicia o barbarie seguirá latiendo en cada dosis doble de pentobarbital.
Y mientras tanto, Carolina del Sur continuará matando en nombre del pueblo... pero escudándose tras leyes que impiden que ese mismo pueblo vea lo que ocurre.