Ivy League bajo fuego: ¿ataque político o defensa de los derechos civiles?

Un nuevo frente en la guerra cultural: el sistema universitario bajo asedio

La administración del expresidente Donald Trump ha escalado su cruzada contra el mundo académico, en particular contra las universidades de élite como Harvard y Columbia. En las últimas semanas, se han tomado medidas sin precedentes que han agitado a la comunidad educativa nacional e internacional: la revocación de permisos para estudiantes internacionales en Harvard y una acusación de discriminación en Columbia, relacionadas con protestas pro-palestinas y antisemitismo en campus universitarios.

¿Se trata de una legítima defensa del orden y los valores democráticos, o estamos presenciando una represalia política contra instituciones que han servido históricamente de contrapeso ideológico a la derecha estadounidense? En este artículo de opinión, analizamos la crisis desde sus múltiples ángulos: legal, político, histórico y social.

Harvard: de la excelencia académica al campo de batalla legal

El conflicto estalló cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que revocaría la autoridad de Harvard para inscribir estudiantes internacionales, acusando a la universidad de tolerar un ambiente «anti-estadounidense» y de tener vínculos con el gobierno chino. Esta medida afectaría directamente a alrededor de 6.800 estudiantes internacionales procedentes de más de 100 países.

En respuesta, Harvard presentó una demanda en un tribunal federal de Boston. En ella argumenta que esta acción es una represalia inconstitucional que viola la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU. y pone en peligro gravemente su misión educativa. «Con un simple golpe de pluma, el gobierno ha buscado eliminar a una cuarta parte del estudiantado de Harvard», señala la universidad.

La orden llegó días después de que Alan Garber, presidente de Harvard, anunciara una amplia reforma en las políticas de gobernanza de la institución y un compromiso contra el antisemitismo. Sin embargo, también declaró que no se comprometería a alterar sus “principios fundamentales protegidos por la ley” ante amenazas políticas.

La retórica del antisemitismo y las protestas pro-palestinas

El trasfondo de estas decisiones está íntimamente ligado a las protestas pro-palestinas que han sacudido varios campus desde 2023 debido al conflicto en Gaza. En particular, Columbia University se convirtió en el epicentro de un movimiento estudiantil que exigía cortar lazos con Israel. Esto generó una serie de acusaciones cruzadas: desde la denuncia de antisemitismo por parte de estudiantes judíos, hasta denuncias de censura de libertad de expresión por parte de estudiantes pro-palestinos—including algunos estudiantes judíos.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) encontró que Columbia habría violado la Sección VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, al no proteger adecuadamente a los estudiantes judíos ante un «ambiente hostil» en el campus.

“Las conclusiones documentan cuidadosamente el ambiente hostil que los estudiantes judíos han tenido que soportar durante más de 19 meses”, señaló Anthony Archeval, director interino de la oficina de derechos civiles del HHS.

Columbia, con una pérdida de 400 millones de dólares en fondos federales como resultado de las sanciones, declaró que está en negociaciones con el gobierno para resolver estas acusaciones.

Educación, política y represión: un cóctel peligroso

Para muchos observadores, estas medidas representan una grave amenaza a la libertad académica. Las universidades, por su naturaleza, son espacios de debate, confrontación de ideas y hasta de protesta. Históricamente, han sido también trincheras frente a los abusos de poder. Casos como los movimientos contra la Guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles y más recientemente el Black Lives Matter, encontraron fuerza en los campus universitarios.

Pero bajo la administración Trump, la relación entre el gobierno federal y las universidades ha sido tensa. Desde acusaciones de ideologización en la educación, hasta intentos por restringir voces progresistas, lo que ahora ocurre con Harvard y Columbia parece ser una continuación—pero aún más agresiva—de esa tendencia.

La amenaza contra los estudiantes internacionales: ¿nueva forma de xenofobia institucional?

Históricamente, Estados Unidos ha sido un imán para estudiantes internacionales por su excelencia académica. Hasta 2023, se estimaba que más de un millón de estudiantes internacionales cursaban estudios en universidades estadounidenses, lo que representa un ingreso de más de 40 mil millones de dólares anuales para la economía del país (fuente: IIE).

Con esta medida contra Harvard, el mensaje para los estudiantes extranjeros es claro: no sólo sus visados están en juego, sino también su libertad para participar en cualquier forma de expresión política. La petición del DHS exige a Harvard entregar en 72 horas registros completos—incluyendo grabaciones de video o audio—de estudiantes extranjeros involucrados en protestas.

Esta exigencia puede representar una violación de privacidad, una peligrosa forma de perfilamiento ideológico, y una alarmante señal de que la educación superior está siendo usada como herramienta de vigilancia y control político.

Columbia: entre protestas, boicots y sanciones

La publicación del HHS en contra de Columbia llegó el mismo día de la acción contra Harvard, lo que muchos consideran como una ofensiva coordinada. Columbia ha sido blanco recurrente desde las protestas pro-palestinas de 2023, y algunas decisiones polémicas como cambiar la dirección de su departamento de estudios de Medio Oriente han producido críticas tanto en la derecha como en la izquierda.

Durante una reciente ceremonia de graduación, el discurso de la presidenta interina Claire Shipman fue abucheado por los graduados entre gritos de “¡liberen a Palestina!”. Este ambiente simboliza la creciente división entre los administradores, presionados por el gobierno, y una parte considerable del estudiantado que exige mayor compromiso con los derechos humanos en Gaza.

¿A quién beneficia esta política?

La respuesta nos lleva directamente a los campos ideológicos y electorales. El endurecimiento del discurso contra protestas, el refuerzo del apoyo a Israel y la postura punitiva hacia instituciones percibidas como “izquierdistas” tiene un claro trasfondo electoral. Trump ha cimentado su base en torno al combate contra la “élite liberal”, y estas universidades son, en gran parte del imaginario republicano, bastiones del progresismo y la disidencia.

En palabras de Stephen Miller, uno de los arquitectos de las políticas migratorias de Trump, en 2019: “Las universidades han sido tomadas por ideólogos radicales. Es hora de retomar el control.” Bajo este marco ideológico, lo que acontece con Harvard y Columbia es coherente con una visión autoritaria del orden social, donde la crítica y la diversidad cultural son vistas como amenazas.

Datos que no podemos ignorar

• Más del 25% del estudiantado en Harvard son estudiantes internacionales.
• Las universidades estadounidenses hospedan a más de 1 millón de estudiantes extranjeros, generando $41 mil millones anuales.
• El número de incidentes antisemitas reportados en campus universitarios aumentó un 32% entre 2022 y 2024, según la ADL.
• Algunas protestas incluían a estudiantes judíos entre los manifestantes pro-palestinos, lo que complica las narrativas simplistas de “los buenos contra los malos”.

¿Qué sigue?

La batalla legal recién comienza. Harvard busca un bloqueo temporal a las medidas del DHS, y Columbia aún está en proceso de negociación. Pero más allá del ámbito judicial, se libra una batalla ideológica por el alma de la educación superior estadounidense.

¿Podrán las universidades mantenerse como espacios de disidencia crítica? ¿O estamos entrando en una nueva era donde la obediencia política será condición para existir académicamente?

Lo cierto es que, mientras Harvard y Columbia resisten la presión, el resto del mundo observa lo que sucede en las torres de marfil de la Ivy League como un barómetro del estado democrático de Estados Unidos.