Bukele, Venezuela y el fantasma del autoritarismo moderno en América Latina

Por décadas, América Latina ha sido un campo de batalla entre aspiraciones democráticas e impulsos autoritarios. Dos casos recientes —la controvertida Ley de Agentes Extranjeros aprobada en El Salvador y las elecciones regionales en Venezuela— parecen revelarnos un patrón repetido de erosión democrática, disfrazada bajo normativas legales y comicios cada vez más vacíos de contenido cívico. Este artículo es un análisis que intenta conectar los puntos y advertir sobre los peligros que enfrentan las democracias frágiles frente a líderes con tendencias autocráticas.

El caso salvadoreño: ¿una ley anticorrupción o herramienta de censura?

La nueva Ley de Agentes Extranjeros impulsada por Nayib Bukele obliga a cualquier persona o entidad financiada parcialmente por fondos foráneos a registrarse ante una nueva oficina estatal denominada RAEX. La sanción por no hacerlo oscila entre los $100,000 y $250,000. Además, impone un impuesto del 30% sobre cualquier ingreso recibido del extranjero.

Bukele argumenta que la legislación busca "limitar la injerencia extranjera y combatir la corrupción". Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos consideran que dicha ley criminaliza a la disidencia. Rosa Cardona, de la ONG Justicia Social, afirma: “La Ley de Agentes Extranjeros busca suprimir las organizaciones que promueven la participación cívica o apoyan a grupos marginados”.

Aproximadamente 8,000 ONGs operan en El Salvador y muchas dependen de donaciones internacionales debido a la falta de recursos locales. Esta nueva ley podría paralizar su funcionamiento, justo en un momento en que el gobierno ha arrestado críticos como un abogado de Cristosal o detenido a transportistas por desafiar órdenes del presidente en redes sociales.

Comparativa global: un guion ya conocido

La legislación recuerda a normativas similares en países como Nicaragua, Rusia, China y Venezuela. Todas estas naciones justificaron restricciones legales para proteger la soberanía, el orden público o combatir injerencias extranjeras, pero terminaron restringiendo libertades civiles.

Mientras Estados Unidos también regula a agentes extranjeros, la versión de Bukele otorga un poder discrecional desproporcionado al ejecutivo, al permitir denegar o retirar registros de manera arbitraria.

El director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, lo resume así: “Esto forma parte de una política represiva creciente que afecta derechos constitucionales como la libertad de expresión y asociación”.

La deriva autoritaria en El Salvador

Desde que asumió el poder en 2019, Nayib Bukele ha tomado pasos acelerados hacia la concentración del poder. La purga de magistrados de la Corte Suprema en 2021, su candidatura para la reelección inmediata —prohibida por la Constitución— y ahora esta ley son algunos de los ejemplos.

Según Freedom House, El Salvador fue degradado a país “parcialmente libre” en 2023, tras registrar ataques a la prensa, detenciones arbitrarias y limitación a las protestas. La narrativa de Bukele como el “dictador más cool del mundo” no es solo marketing político: es una bandera de impunidad con efectos reales.

El experimento fallido de la democracia en Venezuela

Mientras tanto, en Venezuela el domingo se celebran comicios regionales que, lejos de representar avances democráticos, evidencian un sistema electoral completamente manipulado por el régimen de Nicolás Maduro.

La opositora María Corina Machado se encuentra en la clandestinidad tras haber denunciado fraude en las elecciones de julio, donde supuestamente ganó Edmundo González. La desconfianza en el proceso es tal que apenas 15.9% de los encuestados en una encuesta de la firma Delphos aseguró que votaría.

Incluso el Consejo Electoral eliminó los códigos QR en las actas, que el equipo de Machado había usado para probar anomalías.

Una oposición fragmentada

El llamado al boicot hecho por la oposición parece condenado al fracaso. Según David Smilde, experto de la Universidad de Tulane: “Se trata de un boicot parcial: la oposición está dividida y el Gobierno aprovechará para legitimar su victoria”.

Es una estrategia repetida que ha generado desmovilización ciudadana, mayor aislamiento internacional y cero influencia real sobre una dictadura afianzada. La abstención masiva tampoco logra deslegitimar al chavismo, cuya maquinaria electoral sigue intacta.

El factor económico: Chevron y la sobrevivencia

La crisis venezolana no es solo política. Lo económico golpea con más fuerza: en abril, la inflación interanual alcanzó 172% y el salario mínimo en bolívares equivale a apenas $1.36 al mes.

Un salvavidas para el régimen ha sido la presencia de Chevron, que produce el 20% del petróleo nacional. Sin embargo, tras presiones de sectores aliados a María Corina Machado, el gobierno de Trump revocó su licencia para operar en el país, que ahora expira el 27 de mayo.

Este permiso no solo garantizaba ingresos en dólares, sino que ayudaba a mantener artificialmente bajo el tipo de cambio. La retirada de Chevron tendría un efecto devastador en la economía venezolana y en los precios de alimentos y servicios.

El poder sin contrapesos: la fórmula común

Los paralelismos entre el modelo salvadoreño y el venezolano son evidentes:

• Ambos gobiernos criminalizan a ONGs y medios críticos.
• Buscan vaciar el contenido de votaciones o institucionalizar fraudes.
• Limitan la competencia política a través de tribunales controlados.
• Mantienen dependencias económicas que permiten cierta estabilidad, como Chevron o la cooperación internacional.

Las elecciones y las leyes no tienen sentido cuando el poder se acumula sin contrapesos. Y aunque El Salvador recibió apoyo internacional, incluida ayuda de Estados Unidos, Bukele ha logrado salirse con la suya en la mayoría de ocasiones gracias al control casi total de instituciones.

¿Puede la ciudadanía revertir este rumbo?

En ambos países, muchos ciudadanos demuestran desconfianza hacia las élites políticas, tanto oficialistas como opositoras. Sin representación real, el apoliticismo crece. En Venezuela, más del 70% dice desconfiar de todos los partidos políticos.

En El Salvador, Bukele goza de niveles de aprobación superiores al 80% a pesar de las acusaciones de autoritarismo. En este clima, los derechos humanos, la libertad de prensa y la participación quedan supeditados a agendas personalistas que redefinen lo legal según su conveniencia.

Como diría la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet: “La democracia no es solo votar, sino tener un marco donde se respeten los derechos y haya rendición de cuentas”.

De no haber presión interna e internacional efectiva, lo que ocurre hoy en San Salvador y Caracas podría repetirse pronto en otras capitales de la región.