Territorios que hablan: la histórica victoria legal del pueblo Kichwa y lo que revela sobre la conservación en Perú

Un fallo que hace historia

El 15 de mayo marcó un hito trascendental para los derechos indígenas en América Latina: el Tribunal Constitucional de Perú emitió una histórica sentencia que reconoce los derechos territoriales del pueblo Kichwa dentro de un área natural protegida, el Parque Nacional Cordillera Azul. Este fallo no solo redime décadas de marginación estatal, sino que sienta un precedente de alcance global en la lucha por reconciliar conservación ambiental y derechos indígenas.

Para los Kichwa, una comunidad originaria de la región San Martín en la Amazonía peruana, esta sentencia representa una doble validación: de su existencia histórica en estos territorios y de su rol vital en la preservación del bosque tropical. “La sentencia reconoce que no solo contribuyen a la conservación sino que deben ser parte de cualquier medida del Estado”, declaró Cristina Gavancho, asesora legal de las organizaciones demandantes.

La lucha por la tierra: una herida abierta en el Amazonas

La historia de la Amazonía peruana está plagada de conflictos relacionados con el uso de la tierra. Bajo el argumento de proteger la biodiversidad, muchos territorios fueron declarados Áreas Naturales Protegidas (ANP) sin consultar a los pueblos que ancestralmente los habitaban. Este fue el caso del Parque Nacional Cordillera Azul, fundado en 2001 sin consentimiento previo de las comunidades indígenas.

Según el vicepresidente de la organización indígena CODEPISAM, Wiler Saurin, “la conservación no puede hacerse desde un escritorio o una oficina con aire acondicionado. Tiene que ser construida desde las comunidades”. Él mismo pertenece a una comunidad Kichwa y asegura que la resistencia para obtener el reconocimiento del territorio ha sido constante: audiencias, demandas y años de advocacy.

¿Por qué Cordillera Azul importa tanto?

El parque nacional, que se extiende por más de 1.3 millones de hectáreas en los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín y Huánuco, es una joya de biodiversidad. Se estima que es hogar de más de 6.000 especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas. Pero su importancia va más allá de lo biológico.

Cordillera Azul es también parte de uno de los proyectos de compensación de carbono forestal más grandes del planeta, generando créditos de carbono vendidos a grandes empresas para compensar sus emisiones. Este proyecto ha sido criticado por activistas por excluir a las poblaciones locales en su diseño e implementación.

En una región donde impera la tala ilegal y la minería, la inversión en conservación con financiamiento internacional ha sido vista por el gobierno como una oportunidad económica. Pero confrontar la lógica del capital con los derechos de pueblos originarios resulta inevitable.

Conservación con rostro indígena: un nuevo paradigma

Uno de los aportes más relevantes de este fallo es que respalda la idea, hoy cada vez más conocida, de que los pueblos indígenas son los mejores guardianes de los bosques. Estudios de World Resources Institute (WRI) y la Forest Peoples Programme muestran que donde los pueblos indígenas tienen control legal, los niveles de deforestación son mucho más bajos.

“La comunidad internacional está reconociendo que no se puede alcanzar metas climáticas sin incluir a los pueblos indígenas”, explica Gavancho. De hecho, la sentencia peruana se alinea con los compromisos del Acuerdo de París y con los objetivos posteriores del Marco Global Kunming-Montreal sobre Biodiversidad, firmado durante la COP15.

Esta sentencia también puede ser un punto de inflexión para cambiar los llamados "modelos de conservación fortaleza", donde se ve al humano como una amenaza a la naturaleza, y dar paso al modelo de conservación biocultural, que reconoce la relación inseparable entre los territorios y las personas que los habitan.

La letra chica y los siguientes pasos

El fallo tiene implicaciones concretas. Obliga al Estado peruano, a través del SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas), a integrar a las comunidades Kichwa en la gestión del parque. Esto no implica que el área pierda su estatus de protegida, sino que se hará en cogestión, reconociendo los saberes ancestrales y las necesidades locales.

Sin embargo, aún queda camino por recorrer. El Estado deberá garantizar mecanismos de financiamiento, capacitación y seguridad jurídica para estos nuevos modelos de manejo. También hará falta implementar procesos de consulta previa, libre e informada en futuras decisiones sobre el uso de estas tierras.

Impacto regional e internacional

Lo que ocurre en Cordillera Azul podría tener efecto dominó en la región. En Brasil, Colombia y Ecuador hay procesos judiciales similares donde los pueblos amazónicos piden reconocimiento y reparación. Si Perú implementa correctamente esta sentencia, demostrará que es posible combinar conservación con justicia social.

Además, organizaciones internacionales como UNESCO, WWF y Rainforest Foundation ya están observando el caso de cerca. Para muchos ambientalistas, este podría ser el ejemplo que desmonte años de políticas excluyentes y abra paso a uno de los mayores desafíos de nuestra época: cómo salvar la selva sin sacrificar a quienes la protegieron por siglos.

Un triunfo legal con rostro humano

Más allá de lo legal, la sentencia simboliza una victoria emocional y cultural. “Validar nuestra presencia en el territorio es validar nuestra identidad”, dice Wiler Saurin. Durante años, fueron invisibilizados en documentos oficiales, tratados como "ocupantes accidentales" en zonas que sus abuelos y bisabuelos recorrieron durante generaciones.

Hoy ese reconocimiento revive esperanzas, pero también llama a la acción. Porque como bien remarcó Gavancho: “la conservación no debe ser usada como excusa para despojar, sino como puente para sanar territorios y protegerlos para futuras generaciones”.

En momentos donde el cambio climático amenaza con transformar el planeta, proteger el Amazonas ya no es una opción, es una urgente necesidad. Y hacerlo con las comunidades indígenas y no pese a ellas será la clave para lograrlo.

“Quienes han vivido en medio del bosque saben de qué manera cuida uno lo que siente como suyo”, concluye Saurin. Ahora, ese vínculo tiene respaldo legal. Y con suerte, pronto también tendrá respaldo político, administrativo, y sobre todo, social.