La red de protección social de EE. UU. bajo amenaza: análisis del nuevo proyecto de ley presupuestario

Un cambio radical en el enfoque del bienestar social

El proyecto de ley presupuestario apoyado por el expresidente Donald Trump y aprobado por la Cámara de Representantes ha generado un significativo revuelo al proponer transformaciones radicales al sistema de asistencia social de Estados Unidos. Con una votación ajustada, este paquete legislativo busca, entre otras cosas, imponer nuevos requisitos laborales a beneficiarios de Medicaid, limitar los beneficios del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), penalizar la atención médica financiada por estados para inmigrantes sin estatus legal y cortar fondos a Planned Parenthood.

Los defensores del proyecto argumentan que estas medidas promueven la responsabilidad personal, eliminan el desperdicio de recursos y reducen gastos. Pero sus detractores y numerosos estudios advierten que esto significará que millones pierdan acceso a servicios médicos y alimentarios esenciales.

Medicaid y las nuevas condiciones laborales: ¿protección o castigo?

Una de las modificaciones más impactantes es que los adultos de bajos ingresos que no tienen discapacidades deberán demostrar que trabajan para poder recibir cobertura médica a través de Medicaid, el programa de salud pública para personas con recursos limitados.

Según estimaciones anteriores de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), cerca de 5 millones de personas podrían perder su cobertura médica bajo esta regla. Si bien la mayoría de los actuales beneficiarios ya cumple alguna forma de ocupación, los requisitos burocráticos adicionales vuelven más probable que algunos pierdan cobertura por errores administrativos.

Esto es lo que ocurrió en Arkansas en 2018, el único estado que implementó algo similar. Más de 18,000 personas perdieron su seguro antes de que la medida fuera bloqueada por tribunales federales. Joan Alker, directora del Center for Children and Families de la Universidad de Georgetown, advirtió que estas reglas no aumentan el empleo, pero sí reducen la cobertura médica. "Si pierdes tu trabajo, buena suerte. Lo más probable es que también pierdas tu seguro", dijo.

Transformación del SNAP: millones podrían quedarse sin ayuda alimentaria

Actualmente, alrededor de 42 millones de estadounidenses acceden a beneficios alimentarios a través del SNAP. Ya existe un requisito de trabajo para ciertos adultos sin dependientes, quienes deben realizar al menos 80 horas al mes de trabajo, voluntariado o entrenamiento.

El nuevo proyecto de ley amplía estos requisitos hasta los 65 años y los extiende a padres sin hijos menores de 7 años. Además, elimina la facultad de estados para suspender temporalmente el requisito debido a altos niveles de desempleo.

De acuerdo con el Center on Budget and Policy Priorities, estas restricciones podrían poner en riesgo los beneficios de 6 millones de personas. Según un informe del Instituto Brookings, los requisitos laborales en SNAP no han demostrado aumentar el empleo, sino simplemente reducir la participación en el programa.

Un golpe a la atención médica de inmigrantes

El proyecto de ley penalizaría a los estados que utilicen sus propios fondos para brindar servicios de Medicaid a inmigrantes sin estatus legal. Algunos estados, como California, ofrecen cobertura médica a menores inmigrantes independientemente de su situación migratoria.

La penalización consistiría en eliminar el financiamiento federal para la población ampliada de Medicaid, reduciendo el porcentaje de apoyo federal del 90% al 80%. Esto podría llevar a muchos estados a recortar estos servicios por falta de recursos.

El grupo de políticas de salud KFF estima que alrededor de 14 estados y Washington D.C. podrían verse afectados. Gavin Newsom, gobernador de California, ya ha propuesto congelar nuevas inscripciones de inmigrantes indocumentados como medida de ajuste presupuestario.

Cierre de clínicas de Planned Parenthood: más allá del aborto

El proyecto también busca prohibir que Medicaid financie cualquier centro de Planned Parenthood. Esto podría resultar en el cierre de alrededor de 200 clínicas, es decir, un tercio de sus instalaciones, especialmente en estados donde el aborto sigue siendo legal.

Planned Parenthood ofrece además de abortos, servicios cruciales como anticoncepción, exámenes de cáncer, pruebas de ITS y más. Su presidenta, Alexis McGill Johnson, declaró: "Estamos en una lucha por la supervivencia, no solo de Planned Parenthood sino por el derecho a una atención médica de calidad y sin prejuicios".

Por otro lado, grupos antiaborto como Susan B. Anthony Pro-Life America celebraron la medida como un gran paso hacia la eliminación del financiamiento federal al "gran negocio del aborto".

Prohibiciones a la atención para personas transgénero

Otro punto controvertido es la eliminación de la cobertura de atención médica para personas transgénero bajo Medicaid. A partir de 2027, estados no podrían usar fondos federales para procedimientos como terapias hormonales, bloqueadores de la pubertad o cirugías de afirmación de género, sin importar la edad del paciente.

Esto se alinea con políticas anunciadas por Trump en su regreso a la contienda política, donde ha prometido eliminar toda financiación pública de tratamientos médicos para personas trans menores de 19 años.

Olivia Hunt, directora de políticas federales de Advocates for Trans Equality, lamentó el impacto de esta decisión: "Es una de las estrategias de salud pública más costo-efectivas que hemos encontrado. Negar esta atención es negar vidas".

Derrumbe del acuerdo Flores: fin de las protecciones a menores migrantes

Como parte de esta serie de cambios, el gobierno de Trump busca también eliminar el acuerdo Flores, vigente desde la década de 1990. Este acuerdo impide que los menores migrantes pasen más de 72 horas en custodia de la Patrulla Fronteriza y exige condiciones seguras y sanitarias.

El acuerdo nació del caso de Jenny Flores, una niña salvadoreña que en los años 80 denunció abusos mientras estaba detenida. Su caso llevó a la regulación del trato a menores migrantes. Esta no es la primera vez que Trump intenta eliminarlo; en 2019 lo intentó sin éxito.

Aunque el gobierno de Biden ha limitado su aplicación al Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Seguridad Nacional sigue obligado a cumplirlo. La propuesta actual podría liberar a CBP de esa responsabilidad, lo cual, según críticos, aumentaría el riesgo de maltrato a menores.

Un debilitamiento sistémico: ¿los costos superan los ahorros?

Según estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso, las nuevas medidas reducirían la cobertura médica para 8.6 millones de personas a lo largo de una década. Aunque los promotores del proyecto insisten en que se trata de ahorrar dinero y fomentar la autosuficiencia, estos recortes podrían tener consecuencias graves en salud pública, afectando la economía de comunidades enteras.

Eduardo Conrado, presidente de Ascension, una red hospitalaria presente en 10 estados, advierte que estas políticas significan más que cambios administrativos: "No es solo un cambio de política, es un alejamiento del propósito fundamental del programa”.

La pregunta que queda abierta es si Estados Unidos desea un sistema que recorte beneficios en nombre de la eficiencia financiera o uno que priorice la dignidad y el acceso equitativo a servicios de salud y alimentación.