Capibaras, drogas y protestas: la extraña intersección del tráfico ilegal y la crisis laboral en Centroamérica

Un hallazgo insólito en la carretera costarricense

El pasado jueves, la policía de Costa Rica protagonizó un operativo digno de una película: tras perseguir un vehículo sospechoso a lo largo de la costa del Pacífico, descubrieron en su interior una carga peculiar. Además de crack y marihuana, los agentes hallaron cinco capibaras vivas, animales que no son nativos del país y cuyo tráfico está prohibido.

Estos roedores, conocidos como los más grandes del mundo, son originarios de Sudamérica y están teniendo un auge inesperado en redes sociales por su apariencia amigable y comportamiento tranquilo. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Pública costarricense señaló que esta fue la primera incautación registrada de esta especie en territorio nacional.

“La acción policial fue importante y muestra la concurrencia donde el mundo de las drogas coincide con la introducción de especies no nativas”, afirmó el ministro de Seguridad, Mario Zamora.

Capibaras: de las redes sociales al crimen organizado

El curioso caso demuestra cómo las modas virales pueden tener consecuencias imprevistas. Las capibaras han comenzado a ser vistas como animales “mascota de culto” gracias a plataformas como Instagram y TikTok, donde abundan los videos con estos animales calmados en situaciones cómicas o tiernas.

Esto ha creado una demanda ilegal que podría dar origen a un nuevo mercado negro. Según la organización WWF, el tráfico de especies exóticas mueve cada año alrededor de 23 mil millones de dólares a nivel mundial, ubicándose como el cuarto comercio ilegal más lucrativo después de los estupefacientes, las armas y la trata de personas.

Qué pasará con las capibaras

Los cinco roedores fueron entregados al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), donde recibirán valoración veterinaria. No podrán regresar a la naturaleza costarricense debido a su condición de especie invasora, y por ello serán destinados a refugios especializados en educación ambiental.

“El peligro de introducir fauna no nativa es severo: pueden desplazar a especies locales, transmitir enfermedades o alterar ecosistemas completos”, indicó la bióloga Laura Gutiérrez, investigadora de la Universidad de Costa Rica.

En el otro extremo de la crisis: despidos masivos en Chiquita Panamá

El mismo día, cruzando la frontera en Panamá, otra noticia sacudía el panorama centroamericano. La multinacional bananera Chiquita Brands despidió a miles de empleados en la provincia de Bocas del Toro, alegando que llevaban más de tres semanas en huelga por la reforma del sistema de seguridad social.

“Lamentablemente, tras el abandono injustificado de nuestras plantaciones y centros operativos desde el 28 de abril, la empresa ha procedido con la terminación de todos nuestros trabajadores diarios”, dijo Chiquita en un comunicado. Según la empresa, las pérdidas económicas rondan los 75 millones de dólares.

Un país en protesta

Las protestas no son exclusivas del sector bananero. Maestros, obreros de la construcción y sindicatos de todo Panamá se han unido en bloque con manifestaciones masivas y bloqueos intermitentes en diversas regiones del país.

El recién asumido presidente José Raúl Mulino calificó la huelga de ilegal y acusó directamente al líder gremial de los bananeros, Francisco Smith, de ser el responsable del caos laboral: “No sabemos cómo hablar con el dirigente Smith sobre el enorme daño que su intransigencia causa al empleo en Bocas del Toro”, declaró en su rueda de prensa semanal.

¿Qué se esconde detrás de la reforma?

El detonante de la huelga fue una polémica reformulación del sistema de seguridad social, que buscaba modificar los aportes y edades de jubilación como medida para evitar el colapso financiero del fondo estatal. Sin embargo, los sindicatos alegaron que estas medidas castigan a la clase trabajadora.

“Estamos hablando de trabajar más años por menos ingresos, mientras la corrupción continúa impune”, denunció Juan Carlos Barrera, dirigente del sindicato de educadores. Las tensiones entre gobierno y sociedad civil se agravan con cada día de paro.

Impacto nacional y más allá

La provincia de Bocas del Toro es clave para la economía del país al representar uno de los núcleos globales de exportación de banano. Panamá, junto con Costa Rica, forma parte de los mayores exportadores de la fruta en América Latina.

Según datos del FAO, en 2022 los niveles de exportación bananera panameña ascendieron a más de 230 mil toneladas, con Chiquita como uno de los actores dominantes. El despido de aproximadamente 5.000 trabajadores tendrá repercusiones significativas en la estabilidad laboral de la región, sin hablar del posible desabastecimiento en el mercado internacional.

El vínculo entre ambas noticias: una crisis más profunda

Podría parecer que la incautación de capibaras en Costa Rica y la protesta laboral en Panamá no están relacionadas. Pero ambas situaciones revelan conexiones más profundas: la fragilidad de los sistemas institucionales frente al tráfico ilegal, la presión de dinámicas económicas supranacionales, y la cada vez más común intersección entre crimen organizado y problemas medioambientales o laborales.

Desde los carteles que usan animales exóticos como mercancía o pantalla para el narcotráfico, hasta las multinacionales que despiden a miles por inconformidades internas, lo que está en juego es un modelo que combina desigualdad, explotación y vacío regulatorio.

¿Qué camino seguir?

Lo ocurrido en Costa Rica debe encender alarmas para reforzar el monitoreo ambiental en aduanas, puertos y carreteras, en especial en aquellas rutas que históricamente han sido vulnerables al transporte ilícito.

En el caso de Panamá, será indispensable buscar mediación y diálogo entre el nuevo gobierno de Mulino y los líderes sindicales. De lo contrario, el despido masivo podría disparar la criminalidad en zonas rurales afectadas por el desempleo repentino.

Ambas historias nos recuerdan que el crimen y la protesta no ocurren en el vacío. Son consecuencia y síntoma de tensiones sociales, económicas y ecológicas mal resueltas. Ignorarlas es un riesgo tanto para la biodiversidad como para la democracia.