Crisis migratoria y colapso gubernamental: el inquietante caso de Sudán del Sur y las deportaciones de EE.UU.

Una historia que comenzó con esperanza

El 9 de julio de 2011, Sudán del Sur se convirtió en el país más joven del mundo, tras separarse oficialmente de Sudán. El nacimiento de esta nación fue ampliamente celebrado por países como Estados Unidos, que respaldaron su proceso de independencia con entusiasmo diplomático y promesas de ayuda internacional. Pero esa euforia inicial se desvaneció rápidamente, reemplazada por años de conflicto interno, corrupción institucionalizada y colapso gubernamental.

¿Deportaciones a un país en guerra civil?

Recientemente, ha surgido una historia inquietante: migrantes de países tan distantes como Vietnam y Cuba están siendo deportados por Estados Unidos a Sudán del Sur, un país con el que no tienen ninguna vinculación. Esta acción, además de poner en riesgo la vida de los deportados, ha encendido las alarmas en organizaciones internacionales y ha obligado a tribunales estadounidenses a exigir explicaciones al gobierno. El gobierno sursudanés, por su parte, ha negado haber recibido a estos migrantes y ha asegurado que, de llegar sin ser ciudadanos sursudaneses, serán deportados ‘a su país correcto’.

Decisiones administrativas y consecuencias humanas

La administración Trump revocó repentinamente las visas de todos los ciudadanos sursudaneses tras acusar a su gobierno de negarse a aceptar a sus nacionales deportados. Sudán del Sur refutó el caso específico alegando que la persona en cuestión era de nacionalidad congoleña. Aun así, aceptaron por «razones diplomáticas» su entrada. Sin embargo, este incidente abrió la puerta a una política más agresiva de deportaciones, sin aparente respeto al origen real de los migrantes.

Sudán del Sur: un país al borde del abismo

Desde su independencia, Sudán del Sur ha vivido años de conflicto entre facciones que apoyan al presidente Salva Kiir y su rival histórico, Riek Machar. En 2013, estos enfrentamientos derivaron en una sangrienta guerra civil que dejó más de 400,000 muertos y millones de desplazados. El acuerdo de paz de 2018 generó expectativas, pero su implementación ha sido frágil y parcial. En 2024, la situación escaló nuevamente con arrestos, ataques aéreos y la ruptura efectiva del pacto, según la oposición.

Incluso el Papa Francisco intervino, arrodillándose para besar los pies de Kiir y Machar en un inusual gesto de súplica por la paz. Pero ni eso ha bastado para detener la espiral de violencia.

¿Qué pasó con el respaldo internacional?

La actitud estadounidense ha virado drásticamente. En lugar de apoyo, Washington ha recortado la ayuda exterior a Sudán del Sur y ahora lo presiona para aceptar deportados. Esta contradicción es aún más alarmante considerando que el país africano ni siquiera tiene una embajada de Vietnam, Cuba u otros países desde donde provienen algunos de los migrantes —la más cercana está en Tanzania, a más de 1,200 kilómetros.

La embajada estadounidense en Juba, la capital sursudanesa, ha reducido su personal. Su advertencia a viajeros alerta sobre crímenes violentos, como secuestros, emboscadas y tiroteos.

Un Estado frágil no tiene cómo recibir migrantes

La pregunta inmediata es: ¿cómo puede Sudán del Sur manejar la llegada de migrantes deportados masivamente? La respuesta corta es que no puede. El sistema sanitario está entre los peores del mundo, el sistema educativo apenas opera y la mayoría de su población —más de 11 millones de personas— depende de asistencia humanitaria que ha sido duramente golpeada por los recortes internacionales.

La economía depende casi exclusivamente del petróleo, cuyos ingresos son volátiles y, en muchos casos, no se traducen en servicios debido a un amplio entramado de corrupción. El gobierno debe salarios a sus empleados durante meses. A esto se suman los desastres climáticos: inundaciones, desplazamientos forzados y hambre. Es decir, un país desbordado interna y externamente.

Las sombras del nacionalismo migratorio estadounidense

En este contexto, se intensifica el debate en EE.UU. sobre el tratamiento a migrantes indocumentados. Las deportaciones a lugares inestables no son nuevas, pero el caso de Sudán del Sur representa un nuevo nivel de desconexión entre la lógica humanitaria y las políticas migratorias.

En teoría, Estados Unidos solo puede deportar a una persona a su país de origen. Deportar a alguien a Sudán del Sur sin pruebas de identidad o vínculos directos con ese país puede ser visto como una violación del derecho internacional, específicamente del principio de “no devolución” recogido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

U.N. y organizaciones civiles alertan

Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, advirtió recientemente que Sudán del Sur vive un momento «oscuramente similar a las guerras civiles de 2013 y 2016». Además, distintos organismos de derechos humanos han solicitado que EE.UU. cese de inmediato cualquier intento de deportación a zonas con conflicto activo.

Las cifras son alarmantes: solo en 2023, más de 2.2 millones de sudaneses del sur fueron desplazados internamente por violencia y desastres naturales. Otros 2.3 millones viven refugiados en países vecinos. Añadir deportados de terceros países a este contexto ya caótico es una receta para el desastre.

Una paradoja sistémica

En una paradoja desconcertante, muchos ciudadanos sursudaneses han recibido el Estatuto de Protección Temporal (TPS) en EE.UU. precisamente por las condiciones extremas de inseguridad en su país. Por un lado, se reconoce que el país no es seguro para regresar; por otro, se deporta a personas que ni siquiera son nacionales allí.

Además, hay pruebas de que algunos migrantes intercambiaron versiones contradictorias sobre su país de origen por temor, falta de traductores o procesos migratorios opacos. Esto ha contribuido al caos y la confusión inhumana en decisiones que deberían contar con rigurosidad.

¿Y ahora qué?

La justicia estadounidense ha convocado a funcionarios del gobierno a una audiencia de emergencia para aclarar si estas deportaciones realmente se han ejecutado. Pero millones de vidas están en la balanza. Los activistas por los derechos de los migrantes exigen transparencia, revisión de casos y mecanismos de verificación de nacionalidad más humanos y confiables.

Mientras tanto, Sudán del Sur continúa al filo del abismo, como un país símbolo de promesas incumplidas, conflictos eternos y una comunidad internacional que parece haber dado la espalda. Deportar personas inocentes a este entorno es, como mínimo, una política profundamente irresponsable y, en el peor de los casos, una sentencia de muerte silenciosa.

Una crisis de humanidad

Más que cifras o discursos legales, este tema refleja una crisis de compasión. Los países con medios deben reevaluar su papel en la protección de los más vulnerables. Y debe construirse urgentemente una red de apoyo internacional para mejorar las condiciones en Sudán del Sur y cesar las deportaciones arbitrarias.

Porque en un mundo en el que la migración es parte inevitable de la realidad humana, lo mínimo que podemos hacer es asegurar que nadie sea lanzado a una guerra desconocida.