Aborto y derechos laborales en EE.UU.: la nueva batalla judicial por la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas

Una ley con historia y consenso bipartidista

En diciembre de 2022, tras más de una década de campañas por parte de grupos de defensa de los derechos laborales de las mujeres, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas (PWFA, por sus siglas en inglés). Esta legislación fue celebrada como una victoria histórica especialmente para las trabajadoras de bajos ingresos, quienes a menudo enfrentaban despidos, presiones o condiciones laborales inseguras durante sus embarazos.

La PWFA obliga a empleadores con más de 15 empleados a garantizar “acomodaciones razonables” para condiciones relacionadas con el embarazo y el parto. Esto incluye, por ejemplo, facilitar tiempo para citas médicas, permitir cambios temporales de funciones, o eximir de tareas físicas pesadas.

¿Incluye el aborto?

El núcleo de la reciente controversia surgió cuando la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) determinó que la ley también cubría el aborto como condición médica relacionada con el embarazo. Esta regulación fue finalmente adoptada en abril de 2024 tras una votación de 3 a 2 entre los comisionados, en línea con las filiaciones partidistas: los dos comisionados republicanos votaron en contra.

La inclusión del aborto provocó una reacción inmediata de legisladores conservadores, grupos religiosos e incluso algunos promotores originales de la ley, quienes aseguraron que el Congreso nunca pretendió extender esas protecciones a interrupciones voluntarias del embarazo.

La decisión judicial: “El EEOC se extralimitó”

El 5 de junio de 2024, el juez David Joseph, del Tribunal del Distrito Oeste de Luisiana —nominado por el expresidente Donald Trump—, falló en contra de la EEOC, afirmando que esta “excedió su autoridad” al considerar el aborto como parte de las condiciones cubiertas por la PWFA.

“Si el Congreso hubiera querido incluir el aborto, lo habría indicado claramente en la legislación”, escribió Joseph en su resolución, señalando además la importancia social, política y religiosa que el tema tiene en Estados Unidos.

La decisión invalidó únicamente la parte de la norma relacionada al aborto. El resto de las reglamentaciones vinculadas con el embarazo, el parto y la lactancia materna siguen en vigor.

Reacciones opuestas: entre el júbilo y la indignación

La decisión fue rápidamente celebrada por conservadores religiosos y funcionarios públicos en estados que prohíben o restringen fuertemente el acceso al aborto. La Fiscal General de Luisiana, Liz Murrill, expresó en un comunicado: “Victoria. Un tribunal federal ha anulado la regla de la EEOC que obligaba a los empleadores a dar tiempo libre para abortos electivos. Un triunfo para Luisiana y para la vida”.

Por otro lado, las organizaciones defensoras de los derechos laborales y reproductivos condenaron la resolución. Inimai Chettiar, presidenta del grupo de defensa A Better Balance, que lideró la campaña legislativa durante más de una década, declaró:

La decisión de este tribunal de negarles a las trabajadoras acomodos razonables relacionados con el aborto forma parte de un ataque más amplio contra los derechos reproductivos de las mujeres.

Contexto legal y político: un EEOC en turbulencia

Esta sentencia llega en un momento de reconfiguración institucional dentro de la EEOC. Durante su primer mandato, Donald Trump despidió a dos comisionados demócratas antes de completar sus periodos, dejando la comisión sin el quórum necesario para revocar o modificar reglamentaciones clave como esta.

Actualmente, el expresidente propuso a Brittany Panuccio, una fiscal federal de Florida, para ocupar una de las vacantes. Si el Senado confirma su nombramiento, los republicanos tendrían mayoría en la EEOC, facilitando una modificación formal de las regulaciones de la PWFA para excluir explícitamente el aborto.

Legislación versus interpretación administrativa

¿Tiene razón el juez Joseph al decir que la EEOC se extralimitó?

La clave de la disputa está en la interpretación de la frase “condiciones relacionadas con el embarazo y el parto”. Los detractores de la inclusión sostienen que el aborto, especialmente cuando es electivo y no terapéutico, no guarda relación suficiente con el objeto de protección de la ley.

Sin embargo, quienes abogan por la inclusión recuerdan que el aborto es una parte integral de la salud reproductiva, y en muchos casos médicamente vinculado al embarazo, ya sea por consecuencias médicas o por el mismo proceso de decisión dentro de la maternidad.

El impacto de la decisión en las trabajadoras

Aunque la ley original sigue protegiendo a las trabajadoras embarazadas, esta sentencia debilita el alcance de esas protecciones en un contexto laboral ya desigual. Muchas mujeres pueden verse forzadas a ocultar procedimientos médicos, como abortos espontáneos o terapéuticos, por temor a represalias o falta de acomodaciones en el trabajo.

En palabras de Chettiar de A Better Balance:

No podemos separar las necesidades médicas de las trabajadoras de sus derechos laborales. Esta decisión crea una barrera entre salud y justicia económica.

En un país donde el acceso al aborto varía ampliamente según el estado, y con nuevas leyes estatales que van desde prohibiciones casi absolutas hasta protecciones reforzadas, las consecuencias de esta interpretación judicial pueden acrecentar aún más la desigualdad entre trabajadoras.

¿Qué sigue?

• Impugnación en tribunales superiores: Es posible que los defensores de la inclusión del aborto en la PWFA apelen el fallo, lo que eventualmente podría llevar el caso hasta la Corte Suprema.
• Esfuerzos legislativos: El Congreso podría, aunque improbable en la actual polarización, ofrecer una enmienda aclaratoria a la ley para indicar explícitamente si se incluye o no el aborto.
• Nuevas disputas locales: Aunque esta decisión afecta la norma federal, algunos estados podrían avanzar en leyes propias que sí garanticen la cobertura de aborto médico (u otros vinculados al embarazo) como parte de derechos laborales estatales.

Datos clave a considerar

• Más del 75% de mujeres trabajadoras en Estados Unidos serán madres en algún momento de su carrera profesional [Fuente: Pew Research Center].
• La Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas fue apoyada por más de 200 organizaciones laborales, sanitarias y legales, incluyendo la American Civil Liberties Union y la American Academy of Pediatrics.
• Se estima que 1 de cada 4 trabajadoras embarazadas solicitó algún tipo de acomodación laboral en la última década, muchas de ellas sin éxito [Fuente: National Partnership for Women and Families].

Un precedente con implicancias mayores

Más allá del debate sobre el aborto, este caso revela una tendencia a reinterpretar derechos laborales dependiendo del clima político y las cortes designadas por administraciones pasadas.

En última instancia, se trata no solo de un conflicto sobre políticas reproductivas, sino de una batalla por establecer límites claros entre la ley escrita y su implementación administrativa.

Mientras tanto, miles de trabajadoras en situaciones vulnerables siguen a la espera de una respuesta clara, coherente y basada en la justicia social.