Uganda al borde del autoritarismo judicial: la controvertida legalización de juicios militares a civiles

Una nueva ley enciende las alarmas en Uganda

El Parlamento de Uganda ha aprobado, entre protestas y advertencias internacionales, un proyecto de ley que permite enjuiciar a civiles en cortes militares si se les vincula con acciones relacionadas con las fuerzas armadas. Esta decisión ha sido duramente criticada por la oposición y organizaciones de derechos humanos, quienes consideran esta ley como una amenaza directa a la democracia en el país africano.

¿Qué establece la nueva ley?

La legislación, propuesta y respaldada por el gobierno del presidente Yoweri Museveni, autoriza que los civiles puedan ser enjuiciados por tribunales militares si sus delitos son cometidos "en apoyo o en asociación con personas sujetas al derecho militar". Según el texto aprobado, los oficiales que presidan estos juicios deberán tener formación en derecho, una medida que pretende responder a las preocupaciones sobre la idoneidad de esos tribunales.

No obstante, para críticos como el grupo Chapter Four Uganda, la ley pretende "otorgar inconstitucionalmente poderes judiciales reservados a cortes superiores a tribunales militares subordinados", lo cual no sólo socava la independencia judicial, sino que vulnera derechos fundamentales del debido proceso.

Una polémica respuesta al fallo de la Corte Suprema

La aprobación de la legislación es una reacción a la decisión de la Corte Suprema de Uganda del pasado año, que cuestionó la competencia de los tribunales militares para juzgar a civiles, argumentando que violaba derechos básicos y no garantizaba juicios imparciales.

El presidente Museveni respondió de forma desafiante, afirmando que "el país no es gobernado por los jueces". En pocos días, el ejecutivo impulsó el proyecto de ley ahora aprobado, ceñido a su visión del orden y control bajo los parámetros de seguridad nacional.

Museveni: el eterno presidente

Yoweri Museveni ha estado en el poder desde 1986. Con 80 años cumplidos, muestra pocos signos de querer retirarse. Su mandato ha sido marcado por periodos de estabilidad económica, pero también por severas restricciones a la oposición, represión de protestas, censura mediática y acusaciones de corrupción.

La ley recién aprobada llega en un contexto de creciente incertidumbre política, con elecciones previstas para enero de 2026. Muchos ugandeses temen que la medida sea utilizada como herramienta represiva para silenciar cualquier tipo de disidencia o actividad opositora de cara al proceso electoral.

Protección institucional frente al control militar

Uganda es señalada constantemente por organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional debido a su deteriorado panorama de libertades civiles y derechos humanos. La posibilidad de que civiles sean llevados ante la justicia militar plantea inquietudes profundas sobre la función del poder judicial como contrapeso del Ejecutivo.

La independencia judicial es uno de los pilares básicos de toda democracia moderna. Como señaló Michele Bachelet, ex Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, "la justicia solo es legítima si está libre de interferencias del poder político o militar". Con esta reforma legal, Uganda parece dar un paso atrás en el respeto al derecho internacional.

Reacción de la oposición: abandono del Parlamento

En una señal contundente de rechazo, varios legisladores de la oposición se retiraron del Parlamento antes de la votación final. Algunos de ellos compararon la ley con un retorno al estado de excepción militar. "Estamos abandonando esta cámara porque no vamos a legitimar un instrumento de represión", declaró un diputado del partido Forum for Democratic Change (FDC).

El más visible líder opositor, Kizza Besigye, permanece en prisión acusado de traición. Ex aliado de Museveni y coronel retirado del ejército, Besigye ha sido arrestado en múltiples ocasiones por promover protestas pacíficas o criticar abiertamente al régimen.

¿Juicios militares como herramienta de represión política?

Históricamente, los juicios militares en Uganda han sido utilizados como mecanismo para intimidar y castigar a figuras incómodas del escenario político. Desde periodistas hasta defensores de derechos humanos, muchos han enfrentado procesos en tribunales que no garantizan plena transparencia ni independencia.

Un caso emblemático ocurrió en 2005, cuando el propio Kizza Besigye fue procesado por un tribunal militar bajo cargos de terrorismo y posesión de armas tras regresar del exilio. El caso fue duramente criticado internacionalmente, y finalmente desestimado, pero dejó en evidencia el uso de estructuras militares con fines políticos.

¿Puede esto afectar las elecciones de 2026?

Con la posibilidad de que el presidente Museveni se presente nuevamente a las elecciones de 2026 —convirtiéndolo en uno de los gobernantes más longevos de África—, los observadores temen que esta ley sea utilizada para judicializar la disidencia antes y después de los comicios.

El riesgo radica en que cualquier militante opositor, activista o colaborador pueda ser asociado—sin pruebas concretas—a causas sujetas a jurisdicción militar. Esto abriría la puerta a una nueva etapa de represión con el barniz de legalidad, cuando en realidad se trata de una amenaza directa a la democracia.

Kainerugaba: el hijo que espera heredar el poder

En medio de esta incertidumbre, el nombre de Muhoozi Kainerugaba, hijo de Museveni y comandante del ejército, ha comenzado a sonar con fuerza. Kainerugaba ha tenido una actividad política creciente en redes sociales, donde incluso ha manifestado su aspiración presidencial.

Algunos temen que la ley de juicios militares prepare el terreno para una eventual sucesión de mando de padre a hijo, consolidando una especie de monarquía militar disfrazada de república.

Reacciones internacionales: silencio preocupante

Mientras organismos defensores de derechos humanos han alertado sobre los peligros de esta ley, las potencias occidentales han mantenido una postura tibia. Estados Unidos, Unión Europea y el Reino Unido no han emitido pronunciamientos contundentes como en otras ocasiones.

Uganda es socio estratégico en la lucha contra el terrorismo en África central y oriental, y muchos analistas apuntan a que este factor contribuye al silencio diplomático internacional ante la legislación reciente.

Un precedente peligroso para África

La legalización del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares podría sentar un precedente para otros países africanos con regímenes autoritarios. El riesgo es que esta moda legal se contagie y debilite aún más los sistemas judiciales ya frágiles del continente.

Hoy es Uganda, pero si no hay una respuesta institucional y diplomática contundente, mañana podría ser cualquier otro país con estructuras debilitadas donde las armas hablen más fuerte que las urnas.