Los acuerdos 287(g): ¿Herramienta de seguridad nacional o política de persecución?

¿Qué es el programa 287(g)?

El programa 287(g) es una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996 que permite a agencias locales y estatales de policía colaborar directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para hacer cumplir leyes migratorias. Esta colaboración convierte a agentes de policía locales en funcionarios migratorios autorizados, con capacidad para interrogar a inmigrantes detenidos, comprobar su estatus legal y emitir detenciones con fines de deportación.

Existen tres modalidades de acuerdo:

• Modelo de servicios carcelarios: permite a oficiales en cárceles locales examinar el estatus migratorio de los detenidos.
• Modelo de servicios por orden judicial: los agentes pueden cumplir órdenes de detención emitidas por ICE en cárceles locales.
• Modelo de fuerza operativa: el más controvertido, autoriza a policías a hacer verificaciones migratorias durante sus labores cotidianas.

Una expansión agresiva bajo la presidencia de Trump

En diciembre de 2016, existían 135 acuerdos suscritos bajo el 287(g) en 21 estados. Para mayo de 2017, ese número se había catapultado a 588 acuerdos en 40 estados, con 83 más en proceso de aprobación. Esto representó un aumento del 336% en apenas cinco meses.

Estados como Florida y Texas encabezan la lista de jurisdicciones con más acuerdos. En Florida, el gobernador Ron DeSantis anunció en 2023 el arresto de más de 1,100 inmigrantes en una operación conjunta con ICE. En Texas, el gobernador Greg Abbott respaldó públicamente estas acciones.

Se incluyen agencias poco convencionales como la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission y el Departamento de la Lotería. Según John Torres, exdirector de ICE, "el beneficio para ICE es claro: expande su capacidad operativa sin requerir más personal federal".

Críticas crecientes: ¿Vigilancia o persecución?

Grupos de derechos civiles sostienen que el programa promueve el perfilamiento racial y genera un clima de terror entre las comunidades inmigrantes. Según Felipe Sousa-Lazaballet, del centro comunitario Hope en Florida: “Si pareces inmigrante o suenas como inmigrante, es probable que te detengan”.

Una preocupación destacada surge sobre el modelo de fuerza operativa, que fue eliminado por la administración Obama en 2012 por fomentar prácticas discriminatorias. Como explica Lena Graber del Immigrant Legal Resource Center: “Bajo ese modelo, los policías tienen básicamente los mismos poderes que un agente de ICE”.

Este ambiente ha tenido un efecto paralizador en comunidades enteras. Según múltiples informes de la ACLU, en jurisdicciones con acuerdos 287(g), los inmigrantes indocumentados tienen menos probabilidades de denunciar crimen por miedo a ser deportados.

La abogada Katie Blankenship de Sanctuary of the South lo resume así: “Es una estrategia para aterrorizar comunidades. Las fuerzas locales no están preparadas para ejercer leyes migratorias de manera justa”.

Las autoridades, sin embargo, niegan rotundamente las acusaciones. El jefe de patrulla fronteriza de Miami, Jeffrey Dinise, aseguró que “no hay perfilamiento racial” y que las detenciones se realizan después de infracciones de tránsito y con verificación del estatus migratorio usando bases de datos federales.

Un programa sin entrenamiento suficiente

La capacitación que reciben los policías locales ha sido objeto de duras críticas. Aunque ICE ofrece cursos de entre 8 horas (en el modelo de orden judicial) hasta 4 semanas (en modelo carcelario), expertos sostienen que la formación es reducida y muchas veces inadecuada.

“El entrenamiento siempre ha sido un desafío”, afirma Austin Kocher, investigador de la Universidad de Syracuse. “Es costoso, requiere enviar agentes a centros de formación fuera de sus jurisdicciones y, debido a ello, los cursos han sido cada vez más cortos”.

Para el modelo de fuerza operativa, la formación consiste en apenas 40 horas en línea. Cuestionamientos sobre si este tipo de entrenamiento es suficiente para una tarea tan delicada como la aplicación de la ley migratoria continúan en aumento.

La historia y resurrección del 287(g)

Este programa fue autorizado por ley federal en 1996 pero su implementación no comenzó hasta 2002, cuando el gobierno firmó el primer acuerdo con el Departamento de Policía de Florida. Desde ese entonces, ha sido objeto de controversia nacional.

Durante la presidencia de Barack Obama, el modelo de fuerza operativa fue eliminado ante evidencia de abusos sistemáticos y perfilamiento racial. Sin embargo, en la administración Trump, se consideró activamente su reactivación —y aunque finalmente no se formalizó, sí se expandieron agresivamente los otros modelos.

La activista Lena Graber recuerda que “estos acuerdos fueron vetados por razones éticas claras. Volver a ellos representa una regresión en la protección de los derechos civiles”.

El rol de las policías locales y el dilema constitucional

Otro aspecto crítico es la autonomía de los estados. En teoría, los policías locales están entrenados para hacer cumplir leyes estatales y municipales, no federales. Con el 287(g), ese límite se diluye, lo que podría suponer violaciones constitucionales, especialmente sobre el debido proceso.

Además, decisiones recientes de cortes federales han cuestionado las detenciones sin orden judicial realizadas bajo estos acuerdos. En 2020, un juez en Washington D.C. dijo que “las detenciones basadas únicamente en alertas de ICE podrían ser inconstitucionales”.

Organizaciones como Southern Poverty Law Center han demandado a condados en Georgia y Carolina del Norte, alegando detenciones ilegales de inmigrantes sin cargos criminales. Según el SPLC: “Los acuerdos incentivan encarcelamientos arbitrarios y con fines políticos”.

¿Y ahora qué? Camino incierto bajo futuras administraciones

Aunque el presidente Biden ha sido más cauteloso en temas migratorios, no ha revocado por completo los acuerdos 287(g). De hecho, varios siguen vigentes en estados liderados por gobernadores republicanos, lo que sugiere que el programa puede sobrevivir políticamente aún con otros actores en la Casa Blanca.

Este escenario plantea una pregunta fundamental: ¿Debe una política migratoria nacional depender de alianzas locales sin estándares unificados?

En palabras del exdirector de ICE, John Torres: “No se les deja solos a los agentes locales, hay coordinación… pero la fragmentación sigue siendo una realidad preocupante”.

La narrativa desde las comunidades

Los efectos en la vida cotidiana de miles de inmigrantes en EE. UU. son profundos. Historias de niños que ya no asisten a la escuela por miedo a la deportación de sus padres, mujeres víctimas de violencia doméstica que no buscan ayuda por miedo al arresto, y comunidades enteras retraídas de la vida pública son alarmantemente comunes en condados con estos acuerdos.

Para abogados, defensores y líderes comunitarios, el debate no es si los acuerdos aumentan la “seguridad”, sino cuál es el costo humano de una seguridad basada en la exclusión.