La peligrosa nueva estrategia migratoria de la UE: ¿asilo o deportación masiva encubierta?

El nuevo rostro de la política migratoria europea

La Comisión Europea ha desatado una ola de críticas y preocupaciones al proponer reformas que permitirían a los Estados miembros deportar a migrantes a países terceros “seguros” incluso si estos no tienen ningún vínculo con los mismos. Bajo la nueva directiva en estudio, la mera transitoria de un migrante por un país considerado seguro podría ser suficiente para justificar su retorno allí, marcando una ruptura significativa con los estándares actuales del derecho internacional de asilo.

¿Qué cambia con los “países terceros seguros”?

Según los tratados actuales, la Unión Europea debe garantizar que las personas que solicitan asilo no sean enviadas a un lugar donde puedan sufrir persecución o daños físicos. Una cláusula esencial requiere que exista alguna conexión significativa entre el migrante y el país de destino propuesto.

La nueva propuesta elimina esta conexión como requisito obligatorio. Esto significa que, por ejemplo, una persona que simplemente transitó brevemente por Marruecos a camino a España, podría ser devuelta allí sin que exista ningún lazo cultural, familiar o legal relevante. Este cambio afecta directamente el principio de no devolución consagrado por el Convenio de Ginebra de 1951.

Países designados como “seguros”

La Comisión Europea ha propuesto que Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez sean considerados como “países terceros seguros”. Esta designación tendría consecuencias prácticas inmediatas:

• Las solicitudes de asilo de personas provenientes de estos países serán aceleradas y podrían resolverse en 3 meses en lugar de 6.
• El rechazo se convertiría en la norma salvo casos excepcionales.
• Los migrantes podrían ser retornados incluso si apelan la decisión, antes de que su caso sea evaluado completamente.

Una respuesta a la presión migratoria

Estos cambios representan un intento de la UE por gestionar de forma más eficiente el creciente número de solicitudes de asilo: sólo en 2023 más de 1 millón de personas cruzaron las fronteras europeas. El objetivo declarado por la Comisión es aliviar la carga administrativa sobre los gobiernos nacionales y sus sistemas de acogida, muchos de los cuales enfrentan colapsos estructurales.

Sin embargo, esta eficiencia parece alcanzarse a coste de derechos humanos y garantías judiciales mínimas.

Críticas del mundo de los derechos humanos

Organizaciones como Amnistía Internacional y PICUM han mostrado gran preocupación. Silvia Carta, vocera de esta última, señaló:

“Podemos esperar que se separen familias, que se deporten personas sin los mecanismos adecuados de revisión judicial, a lugares que ni siquiera conocen”.

Mientras tanto, Olivia Sundberg Diez, de Amnistía Internacional, afirmó:

“Enviar personas a países a los que no tienen conexión, ningún apoyo ni perspectivas, o que sólo cruzaron brevemente, no sólo es caótico y arbitrario, sino también devastador a nivel humano”.

Precedente británico e italiano: ¿modelo o advertencia?

El modelo impulsado por la UE tiene ecos de las iniciativas ya en curso en el Reino Unido e Italia, donde los gobiernos han firmado acuerdos con Ruanda y Albania para establecer “centros de retorno” donde los solicitantes de asilo rechazados serían confinados antes de su deportación.

Estos acuerdos han provocado fuertes reacciones, incluso legales. El Tribunal Supremo británico dictaminó en noviembre de 2023 que el plan ruandés era ilegal debido al alto riesgo de tratos inhumanos y devoluciones en cadena a países peligrosos.

Aun así, la idea parece ganar impulso político en Europa. Bajo presión de partidos nacionalistas y de extrema derecha, más países buscan externalizar su responsabilidad migratoria.

¿Qué dice el derecho internacional?

El principio de non-refoulement (no devolución) es uno de los pilares del derecho internacional de refugiados. Establece que ninguna persona debe ser devuelta a un país donde su vida o libertad esté en peligro. Este principio es recogido en:

• La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951.
• La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
• El Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Abrir la puerta a deportaciones sin vínculos ni garantías judiciales efectivas puede violar estas obligaciones internacionales. La velocidad procesal no puede sustituir a la justicia ni a la protección de los más vulnerables.

¿Quién cargará con la responsabilidad y el impacto?

Otro factor de crítica es cómo estas medidas desplazan el peso de la migración a países ya frágiles o con sistemas deficientes de derechos humanos. El Centro para el Estudio de las Migraciones estima que casi el 60% de los migrantes en Europa provienen de naciones que enfrentan problemas estructurales, como conflictos internos o pobreza extrema.

Al etiquetar a países como “seguros” por su estabilidad relativa o cooperación política, se ignoran elementos clave como la capacidad real de proteger a migrantes, el respeto a minorías o la corrupción judicial. ¿Es realmente seguro enviar a una persona homosexual a un país donde la homosexualidad es ilegal? ¿Puede un disidente político confiar en el sistema legal de un Estado autoritario?

¿Qué alternativas hay?

Para algunos expertos, la solución no está en externalizar la migración, sino en reforzar los sistemas de asilo en los propios países europeos. Esto implicaría:

• Invertir en infraestructura de recepción y evaluación.
• Cooperar con ONGs y organizaciones internacionales especializadas.
• Establecer procedimientos justos y transparentes, incluso en tiempos de crisis.
• Promover programas de relocalización equitativa entre los Estados miembros.

El precedente de 2015 aún pesa

La crisis migratoria de 2015 mostró la falta de solidaridad entre miembros de la UE. Países como Hungría y Polonia se negaron a aceptar cuotas de refugiados, mientras Alemania absorbía la mayor parte (más de 1 millón en un año). Desde entonces, la desconfianza y la fragmentación han marcado el pensar político europeo.

Hoy, con guerras abiertas en Ucrania, Gaza y el Sahel, y con el cambio climático forzando desplazamientos masivos, todo apunta a que esta tensión crecerá.

Aunque la UE ha logrado firmar pactos internos y con socios exteriores, sigue lejos de una estrategia común basada en la dignidad y la protección de derechos.

Una pregunta esencial: ¿qué tipo de Europa queremos ser?

Amnistía Internacional plantea la cuestión de fondo: ¿quiere Europa ser un referente en derechos humanos o una fortaleza blindada que expulsa sin miramientos?

Hasta ahora, la respuesta política parece inclinarse hacia una arquitectura de fronteras más duras y acuerdos pragmáticos con regímenes de dudosa legitimidad. El resultado puede ser un círculo vicioso: menos protección lleva a más desesperación, más muertes, y con ello más miedo que a su vez alimenta políticas aún más restrictivas.

Lo que está en juego no es solo la política migratoria, sino el alma del proyecto europeo. Como dijo la filósofa croata Slavenka Drakulić: “Lo que hacemos con los extranjeros dice más de nosotros que de ellos”.