Elecciones suspendidas, justicia politizada: Bolivia entra en terreno peligroso

La tormenta política que sacude Bolivia

Con las elecciones presidenciales programadas para el 17 de agosto de 2025, Bolivia enfrenta una de las fases más volátiles de su historia democrática reciente. La descalificación del expresidente Evo Morales y la suspensión de la candidatura de Andrónico Rodríguez por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no solo alteran el panorama político, sino que exponen una alarmante erosión de la institucionalidad jurídica.

El trasfondo: una izquierda fragmentada

La fractura del Movimiento al Socialismo (MAS) —el partido hegemónico desde hace más de 15 años— se ha intensificado con un conflicto interno entre Morales y su otrora aliado, el presidente Luis Arce. Arce, quien fue ministro de Economía durante los gobiernos de Morales, ha visto evaporarse su popularidad debido a las crisis económicas actuales, incluyendo inflación y escasez de combustibles.

La división llevó a Morales a fundar su propia facción, Evo Pueblo, que sin embargo no cuenta con estatus partidario ante el TSE. Rodríguez, uno de los líderes jóvenes más prometedores del MAS y presidente del Senado, también fue suspendido de manera provisional, lo que elimina —al menos de momento— a los dos principales contrincantes del oficialismo.

Justificación técnica con consecuencias políticas

Según el TSE, Morales fue descalificado por registrarse a través de una agrupación no habilitada legalmente, mientras que Rodríguez enfrenta cuestionamientos sobre la legalidad de la alianza partidaria que lo respalda. Aunque se argumenta que las decisiones tienen fundamentos técnicos, los sectores críticos —internos y externos— consideran que se trata de una operación política para allanar el camino al candidato escogido por Arce: Eduardo del Castillo, actual ministro de Gobierno.

Del Castillo, sin embargo, carece del carisma de Morales y del impulso juvenil de Rodríguez. Su imagen se asocia principalmente con la represión a protestas y su estrecho vínculo con Arce. Pese a ser el candidato oficial del MAS, su aceptación entre la ciudadanía es limitada.

¿Golpe a la democracia?

“La democracia está en riesgo”, señaló Francisco Vargas, miembro del propio Tribunal Electoral, en un pronunciamiento poco común que denuncia el carácter político de las decisiones judiciales. La preocupación también alcanza a organizaciones de derechos humanos y expertos como Kathryn Ledebur, directora de Andean Information Network, quien sostuvo:

“Arce ha manipulado el sistema judicial a su favor. La falta de reformas al sistema de justicia lo ha convertido en una herramienta política.”

Morales: de líder intocable a descalificado crónico

No es la primera vez que Morales enfrenta un intento de regreso frustrado. Ya en 2019, tras presentarse para un cuarto mandato consecutivo ignorando los límites constitucionales —respaldado por un polémico fallo del Tribunal Constitucional que definió la reelección como un ‘derecho humano’—, fue acusado de fraude electoral y forzado a renunciar en medio de masivas protestas.

Hoy, su intento por volver está enredado no solo en decisiones electorales, sino también en una sentencia previa del propio Tribunal Constitucional que prohíbe más de dos mandatos presidenciales. Aunque Morales ha prometido que “Bolivia convulsionará” si se le impide participar, incluso sus antiguos bastiones muestran signos de desgaste en su apoyo.

Rodríguez, la nueva esperanza truncada

Andrónico Rodríguez representaba una nueva generación dentro del MAS: joven, de raíces indígenas, proveniente del mismo Chapare que vio nacer políticamente a Morales. Encaraba su postulación como el relevo necesario ante el cansancio con la figura del expresidente y el debilitamiento de Arce.

“Ninguna decisión judicial manipulada por intereses políticos puede imponerse sobre la voluntad soberana del pueblo”, escribió Rodríguez en X (antes Twitter), luego de conocer la suspensión temporal de su candidatura.

Su carisma entre jóvenes y clases populares era percibido como un puente entre el pasado revolucionario del MAS y un futuro institucionalmente más moderado. Su exclusión deja al oficialismo sin una figura capaz de cohesionar a sus bases.

Una oposición dividida que no capitaliza

Frente al desorden del partido gobernante, cualquier oposición debería tener un campo fértil para avanzar. Sin embargo, la situación es exactamente contraria. La dispersión es total: candidatos como Samuel Doria Medina o Jorge “Tuto” Quiroga, ambos de larga trayectoria y repetidas derrotas, vuelven a la contienda sin ofrecer propuestas renovadas.

Doria Medina, un empresario con imagen tecnocrática, ha fracasado reiteradas veces en conectar con los sectores populares, mientras que Quiroga, exaliado de la dictadura de Banzer, carga con una mochila histórica difícil de ignorar. En medio de esta fragmentación, la derecha aún carece de un candidato que logre aglutinar a los electores antimasistas con un plan de gobierno claro.

El papel de la justicia: ¿árbitro o jugador?

Uno de los elementos más críticos en esta crisis es el rol que ha jugado el poder judicial, acusado reiteradamente de responder a intereses del Ejecutivo. En 2023, el Tribunal Constitucional extendió sus propios mandatos extralimitando sus atribuciones, en un movimiento que muchos expertos consideraron inconstitucional.

Ese mismo órgano fue clave para revocar candidaturas incómodas y evitar elecciones judiciales que permitirían renovar la débil estructura de justicia. En palabras de Ledebur, la manipulación de las cortes ha hecho que “los comicios se conviertan en una competencia desequilibrada”, con consecuencias impredecibles.

Arce: ¿construyendo un nuevo MAS o el comienzo del fin?

La jugada de Arce parece clara: un MAS sin Morales ni su influencia directa, con un candidato fiel (Del Castillo) y un aparato estatal que lo respalde. Pero también parece miope. La legitimidad de esas maniobras jurídicas está en tela de juicio, tanto internamente como desde la comunidad internacional.

En este escenario viciado, la posibilidad de una elección legítima y realmente representativa se reduce, al tiempo que amplifica el riesgo de tensión social, protestas masivas y desestabilización económica.

Según datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el 62% de los bolivianos cree que el sistema judicial es uno de los sectores más corruptos del país. Estas percepciones, junto con la cercanía del Poder Judicial al Ejecutivo, minan la credibilidad del proceso electoral.

¿Qué se juega Bolivia en las elecciones de 2025?

Más allá de quién resulte candidato o presidente, Bolivia se juega la restauración de su democracia o su entrada definitiva en una época de autoritarismo electoral, donde las reglas cambian según el interés del poder de turno y el opositor más débil es el que no tiene aliados en el TSE.

La batalla legal aún no ha terminado, y Morales y Rodríguez se preparan para apelar en instancias nacionales e internacionales. Pero lo que queda claro es que la confianza pública en las instituciones se fractura cada vez más, y sin esa confianza, ningún gobierno, por fuerte que parezca, durará mucho en pie.