Corrupción, inmigración y crisis institucional: El caos persistente dentro del gobierno estadounidense

Nombramientos cuestionables: Billy Long y la dirección del IRS

Billy Long, excongresista de Missouri y figura polémica por sus intentos previos de abolir la propia agencia que ahora busca dirigir, se encuentra bajo el escrutinio del Senado tras ser elegido por Donald Trump como nominado para encabezar el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Su audiencia de confirmación ante el Senate Finance Committee fue cualquier cosa menos tranquila.

Bajo la lupa estuvieron desde contribuciones políticas inusuales hasta su involucramiento con empresas acusadas de vender créditos fiscales fraudulentos, incluyendo un programa de retención para empleados implementado durante la pandemia y posteriormente clausurado en 2023 por considerarse altamente propenso al fraude.

La senadora Elizabeth Warren fue una de las más críticas, preguntando si Long creía que el presidente podía ordenar quitar el estatus de exención fiscal a organizaciones como Harvard. “Voy a seguir la ley”, respondió Long, sin definir claramente qué significa eso. “No deberías estar ni a mil millas de la dirección del IRS”, sentenció Warren.

Crisis interna en el IRS

La agencia no solo enfrenta conflictos de liderazgo. La renuncia de múltiples comisionados interinos ha dejado un vacío estructural. Desde la filtración de datos fiscales por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) hasta acuerdos controvertidos con el Departamento de Seguridad Nacional para compartir datos fiscales de inmigrantes con ICE, el IRS ha sido sacudido por escándalos en cadena.

Gary Shapley, exempleado convertido en informante, apenas ocupó el cargo de comisionado interino unos días antes de ser reemplazado. Expertos señalan que la politización de la agencia ha alcanzado niveles preocupantes, cuestionando su futura imparcialidad y eficacia.

TPS: Golpe legal a los inmigrantes venezolanos

Mientras tanto, en otra esfera del aparato gubernamental, la Corte Suprema de EE. UU. revocó la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350,000 venezolanos. La decisión, respaldada por la administración Trump, provocó intensa preocupación entre los empresarios de comunidades como Doral, Florida –también conocida como “Doralzuela” por su alta concentración de migrantes venezolanos.

Wilmer Escaray, dueño de una cadena de restaurantes y mercados con más de 150 empleados, teme por el futuro de su negocio y el de su comunidad: “No sé qué voy a hacer; tengo que hablar con mi familia y mi equipo”.

El TPS, originalmente creado como medida temporal frente a catástrofes o conflictos armados en los países de origen, ha sido vital para mantener a flote diversos sectores económicos como la construcción, hospitalidad y servicios alimentarios. Según la American Business Immigration Coalition, los beneficiarios del TPS aportan $31 mil millones anuales a la economía estadounidense.

La abogada de inmigración Evelyn Alexandra Batista advierte: “Los empleadores y empleados deberían considerar alternativas como visas por habilidades extraordinarias, inversiones o empleos agrícolas, porque el TPS nunca fue diseñado como una solución permanente”.

Fraude en Arizona: 60 millones desviados en clínicas falsas

La tercera gran sacudida a las instituciones de EE. UU. llegó vía Arizona, donde un escándalo de sobornos y clínicas fraudulentas puso en evidencia debilidades estructurales en los programas de salud mental del estado.

La fiscal general Kris Mayes anunció una serie de cargos contra Happy House Behavioral Health LLC por defraudar al sistema Medicaid de Arizona con $60 millones en servicios jamás prestados. Parte del fraude incluyó facturar por clientes muertos o en prisión.

Además, recibieron ingresos de hogares de rehabilitación sobrios que reclutaban miembros de reservaciones nativas —muchos de ellos navajos— para luego cobrarlos como pacientes activos. Parte de los fondos (5 millones) fue transferido a la iglesia Hope of Life International, que a su vez envió dos millones a una entidad en Ruanda, en lo que los fiscales describen como una operación de blanqueo de capitales.

El resultado ha sido la expulsión de cientos de indígenas americanos que quedaron sin hogar cuando las casas de recuperación cerraron al perder el financiamiento. Historias de personas subidas a vehículos no identificados y transportadas desde reservaciones hasta Phoenix ofrecen una imagen inquietante del tráfico humano disfrazado de asistencia médica.

Una democracia bajo presión ética

Lo que une estas historias no es solo su origen estadounidense, sino el hecho de que todas reflejan un patrón sistemático de debilitamiento institucional. Nombrar figuras incompetentes o inmorales en posiciones de poder, eliminar protecciones legales para poblaciones vulnerables y permitir que empresas lucren con los más necesitados no son hechos aislados, sino síntomas de una democracia afectada por corrupción estructural.

La oposición demócrata ha sonado la alarma, pero el apoyo republicano a figuras como Long, y la normalización de políticas migratorias regresivas, muestran que hay consensos peligrosos en juego dentro del poder político estadounidense.

Desde la estructura de facto de un IRS sin liderazgo estable, hasta una Corte Suprema que responde más a intereses ideológicos que a derechos humanos, el sistema está siendo usado como herramienta de control político.

¿Y ahora qué?

Las señales están ahí: cuando el mismo órgano encargado de cobrar impuestos está en manos de un hombre que antes buscó eliminarlo; cuando los inmigrantes que sostienen industrias enteras pierden sus protecciones sin alternativa tangible; cuando la asistencia médica se convierte en canal de fraude masivo… los pilares del estado de derecho están siendo minados.

Si algo ha demostrado esta triada de eventos, es que la ética pública y los controles institucionales en EE. UU. enfrentan una tormenta perfecta.

Como dijo el senador Ron Wyden: “El pueblo estadounidense merece saber si el próximo comisionado del IRS es un delincuente”. En un contexto así, la pregunta debería ampliarse: ¿Está la administración pública estadounidense preparada para reevaluar su brújula moral? ¿O estamos ante una decadencia institucional irreversible?