Colombia frente al abismo ecológico: Coca, minería ilegal y carreteras clandestinas arrasan la Amazonía

Un balance catastrófico: la selva en retroceso

Entre octubre de 2024 y marzo de 2025, Colombia perdió cerca de 88.900 hectáreas de bosque, una superficie mayor que la ciudad de Nueva York. La magnitud del desastre ecológico adquiere dimensiones trágicas si se considera que esta pérdida ocurrió en apenas seis meses, y en territorios de alta sensibilidad ecológica e importancia para la biodiversidad. Las principales regiones afectadas son los departamentos de Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta, ubicados al sur del país y parte crucial de la cuenca amazónica.

El reporte, elaborado por la Procuraduría General de la Nación, lanza una alerta roja sobre los efectos de la creciente expansión de carreteras ilegales, el cultivo intensivo de hoja de coca y la minería sin regulación. En conjunto, estos factores están poniendo en jaque la integridad ambiental de Colombia y arrastrando al país hacia una posible catástrofe ecológica irreversible.

Carreteras ilegales: la espina dorsal de la destrucción

Uno de los datos más alarmantes revelados es la construcción de más de 1.100 kilómetros de vías no autorizadas que atraviesan incluso parques nacionales como Chiribiquete, Nukak y Farallones de Cali. Estas rutas no sólo fragmentan ecosistemas vitales, sino que también facilitan el transporte de drogas, maquinaria pesada para minería y madera extraída ilegalmente.

“La construcción de estas rutas consolidaría un corredor terrestre que facilitaría sustancialmente el desarrollo de economías ilícitas y el daño ambiental”, advierte el informe.

La coca: raíz de la deforestación

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Colombia es responsable de alrededor del 8% de la deforestación mundial relacionada con el narcotráfico. Esto es especialmente visible en departamentos como Meta, Putumayo y las zonas del río Naya, donde los sembradíos de coca aumentaron significativamente tras los acuerdos de paz con las FARC.

Con el retiro del control de los excombatientes, nuevos actores criminales se disputan las tierras, expandiéndose hacia áreas protegidas y desplazando comunidades indígenas. El reporte destaca que Caquetá fue el departamento más golpeado, con casi 30.000 hectáreas deforestadas, seguido por Guaviare y Putumayo.

Oro sucio: la minería ilegal arrasa lo sagrado

No sólo la coca está detrás de esta brutal pérdida forestal. La minería ilegal de oro ha encontrado un terreno fértil en regiones como Buenaventura, en zonas rurales cercanas al río Naya. Investigadores documentaron el uso de maquinaria pesada en territorios indígenas y dentro de áreas protegidas, violando múltiples normas ambientales y derechos comunitarios.

La conexión con corredores hacia el océano Pacífico indica una estrategia de logística bien organizada, impulsada por intereses económicos ligados al mercado negro del oro. Colombia se ha convertido en uno de los principales exportadores de oro de sangre, vinculado a violaciones de derechos humanos y financiamiento de grupos armados.

La especulación de tierras: un nuevo enemigo

Otro hallazgo preocupante del informe apunta al fenómeno de la acaparación de tierras y la remoción especulativa de vegetación. En otras palabras, actores ilegales eliminan grandes extensiones de bosque no para cultivar o extraer minerales de inmediato, sino para registrar la tierra como de uso productivo y elevar artificialmente su valor. Esto introduce una distorsión grave en el mercado de tierras y desencadena un ciclo destructivo automático.

En varios casos se constató que los terrenos deforestados eran registrados posteriormente a nombre de testaferros o empresas fantasma, muchas veces con el apoyo de funcionarios corruptos. Así, el daño ambiental se convierte en herramienta para el enriquecimiento ilícito.

Autoridades rebasadas y respuestas endebles

Aunque en 2023 se celebró una caída del 36% en la tasa de deforestación, el presente año ha visto un repunte del 35%, especialmente en la Amazonía. Funcionarios del Ministerio de Ambiente aún no se han pronunciado oficialmente sobre el informe. Mientras tanto, las órdenes de cierre y control sobre vías ilegales no prosperan por falta de presencia institucional y recursos logísticos.

El presidente Gustavo Petro había prometido fortalecer las políticas medioambientales como parte de su agenda progresista. Sin embargo, entidades como la Procuraduría advierten que las acciones gubernamentales están muy por debajo de la escala de destrucción.

El peso sobre comunidades indígenas

Buena parte del territorio afectado corresponde a territorios indígenas y corredores ecológicos clave para la fauna silvestre. Los Nukak Makú, los Siona y otros pueblos originarios reportan desplazamientos, pérdida de sitios sagrados y contaminación de fuentes hídricas.

Según ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), más de 30 comunidades indígenas han sido desplazadas de manera forzosa por causa de la minería ilegal y la expansión cocalera. “Nos están asfixiando espiritual y físicamente”, declaró un líder Nukak en una rueda de prensa reciente.

¿Se puede revertir la situación?

Expertos como Brigitte Baptiste, bióloga y exdirectora del Instituto Humboldt, insisten en que todavía existen posibilidades de recuperación si se toman acciones contundentes e inmediatas. Entre las recomendaciones clave:

• Inversión en vigilancia satelital y tecnologí­a de monitoreo en tiempo real.
• Alineación firme entre entidades ambientales, militares y judiciales para actuar contra redes delictivas.
• Participación vinculante de comunidades indígenas en las decisiones de uso del suelo.
• Incentivos reales para la conservación: pagos por servicios ambientales y proyectos de economía forestal sostenible.

“El límite está a la vuelta de la esquina. Si no se actúa ahora, la Amazonía colombiana como la conocemos puede desaparecer en una o dos generaciones”, alertó Baptiste en una entrevista con El Espectador.

Colombia, en la encrucijada

Desde hace décadas, Colombia ha vivido atrapada entre el verde de su riqueza natural y el rojo de su violencia crónica. Hoy, esa tensión alcanza un punto crítico, donde el conflicto armado se superpone con el colapso ecológico en un espiral profundamente destructivo.

La comunidad internacional ya ha emitido señales de preocupación. La Unión Europea, varias ONGs y activistas ambientales han pedido al Estado colombiano mayor integridad institucional, transparencia y rapidez para frenar la devastación.

El tiempo se agota. Lo que está en juego no es sólo el bosque amazónico colombiano, sino una de las últimas reservas esenciales para la estabilidad climática del planeta. Dejar caer este bastión sería un error que no se limitaría a las fronteras de Colombia. El daño sería global.