Abortos, leyes y confusión médica en Texas: una mirada crítica al dilema legal y humano

El debate sobre excepciones médicas en la prohibición casi total del aborto revela grietas en la legislación texana y plantea preguntas urgentes para médicos, mujeres y legisladores.

El caso de la Dra. Dennard: un testimonio que sacudió a Texas

Hace tres años, la Dra. Austin Dennard, obstetra y ginecóloga en Dallas, vivió en carne propia las consecuencias devastadoras de la prohibición casi total del aborto en Texas. Su embarazo fue diagnosticado con una anomalía fetal incompatible con la vida, y tuvo que salir del estado para interrumpir la gestación. Su historia encontró eco en tribunales y medios de comunicación, convirtiéndose en un símbolo del caos legal que reina en los hospitales de Texas desde la entrada en vigor de la ley SB8 en 2021, y más tarde, del fallo Dobbs v. Jackson en 2022 que anuló Roe v. Wade.

Esta experiencia llevó a Dennard a ser una de las demandantes principales de una histórica demanda contra el estado de Texas, que abordaba cómo las leyes actuales ponen en peligro la salud, la fertilidad e incluso la vida de las mujeres, frente a políticas imprecisas que no contemplan siquiera excepciones claras.

Una ley sin claridad ni humanidad: las limitantes del nuevo proyecto republicano

El nuevo proyecto de ley que está por votarse en Texas promete “aclarar” las condiciones médicas bajo las cuales es legal practicar un aborto. Define situaciones de emergencia como aquellas que pueden causar la muerte o “una alteración mayor e irreversible en una función corporal”. Pero expertos, defensores de los derechos reproductivos y los propios médicos aducen que no es suficiente.

¿Por qué? Porque el proyecto no especifica diagnósticos médicos concretos, no incluye anomalías fetales fatales y sigue sin contemplar casos de violación o incesto. Esta tibia reforma parece más diseñada para proteger a legisladores de críticas legales que a proteger a mujeres y médicos que enfrentan decisiones críticas.

Datos que hablan: la política del miedo en cifras

  • Según el Guttmacher Institute, más de 14 estados tienen prohibiciones casi totales del aborto desde 2022.
  • La ley de Texas permite penas de hasta 99 años de cárcel y multas de $100,000 dólares a médicos que practiquen un aborto ilegal.
  • Desde 2022, al menos 30 demandas han sido iniciadas en estados con leyes similares al afirmar que estas restricciones violan los derechos civiles y ponen en peligro la salud femenina.

El temor en los hospitales texanos

La falta de claridad ha llevado a consecuencias devastadoras. Las salas de emergencia han consultado primero con abogados antes que con especialistas médicos. Los médicos han relatado retrasos agobiantes ante situaciones que requerían intervención urgente. Como dijo la Dra. Dennard: “Lo que ahora se sabe entre nosotros es que practicar abortos es ilegal. Cambiar esa percepción va a ser difícil.”

Este clima de incertidumbre ha hecho que los hospitales desarrollen manuales de actuación legales en vez de protocolos clínicos claros. La atención médica ha pasado a un segundo plano frente al temor legal.

Lo que hacen otros estados

Un informe de Guttmacher reveló que al menos 9 estados han considerado propuestas legislativas para clarificar excepciones médicas tras la anulación de Roe v. Wade. Sin embargo, los resultados son mixtos:

  • En Kentucky, un intento de aclaración fue vetado por el gobernador demócrata, quien lo consideró insuficiente. El veto fue anulado por el congreso estatal republicano.
  • En Dakota del Sur, un video oficial dirigido a médicos sobre emergencias válidas generó críticas por su ambigüedad.
  • En Oklahoma, dos prohibiciones del aborto fueron declaradas inconstitucionales por falta de excepciones médicas adecuadas.

Estos ejemplos demuestran lo complicado que es legislar sobre medicina sin tener en cuenta el conocimiento médico y las realidades clínicas impredecibles.

¿Quién está ganando realmente?

La senadora republicana texana Donna Campbell, también médica de profesión, ha sido una de las involucradas en la redacción del nuevo proyecto. Su discurso apunta a que se busca eliminar “la confusión que reina en los hospitales”. Sin embargo, la mayoría de las asociaciones médicas, incluyendo la Texas Medical Association, han advertido que lo que se necesita no es solo claridad legal, sino autonomía profesional.

La realidad es que estas reformas, aunque mediáticamente atractivas, casi nunca derivan en un cambio estructural en la manera en que los hospitales manejan emergencias obstétricas relacionadas con embarazos inviables.

La paradoja legislativa

Como señala la historiadora en derecho de la Universidad de California-Davis, Mary Ziegler, los legisladores contrarios al aborto enfrentan un dilema profundo: ¿cómo se puede legislar con suficiente detalle sin dejar a los médicos espacio para ejercer su criterio clínico?

“Están tratando de lograr dos cosas a la vez”, dice Ziegler. “Quieren dar una guía clara, pero al mismo tiempo evitar que los médicos interpreten esas leyes como permisos para realizar abortos en escenarios complejos.”

El resultado, según Ziegler, es legislación ambigua que no salva ni una sola vida más, pero prolonga el sufrimiento innecesariamente.

Una tragedia recurrente: cuando la medicina tropieza con la política

En 2024, la Corte Suprema de Texas falló en contra de Dennard y otras mujeres que denunciaron haber sido obligadas a continuar embarazos inviables. El fallo aseguraba que la ley era “suficientemente clara”. Sin embargo, esas palabras no han calmado el caos. Como declaró Kimya Forouzan, asesora en política estatal de Guttmacher: “Estas leyes son imposibles de cumplir con seguridad cuando no contemplan la complejidad clínica real.”

Ni siquiera los avances son garantía

Aunque el proyecto actual supere todas las barreras y se convierta en ley con la firma del gobernador Greg Abbott, será difícil cambiar la percepción que actualmente tienen médicos y pacientes. Las amenazas judiciales, los altos costos legales y el posible encarcelamiento siguen siendo realidades que inhiben la actuación clínica.

Además, mientras se debaten estos matices en Austin, el fiscal general Ken Paxton avanza en demandas penales contra médicos y parteras, e impulsa nuevas propuestas para sancionar el envío de píldoras abortivas. Incluso una doctora en Nueva York ha sido demandada por haber prescrito medicamentos a una paciente en Texas.

Un tema de derechos humanos

La falta de claridad y la criminalización de la medicina han creado, en palabras de un informe de Human Rights Watch, “una catástrofe de derechos humanos en suelo estadounidense”.

Más allá de las tragedias personales, la situación pone en evidencia algo más profundo: la disociación entre la política ideológica y las consecuencias humanas tangibles, dolorosas y cotidianas.

Tal como dijo March for Moms en su informe anual de 2023, Texas tiene una de las tasas más altas de mortalidad materna del país, particularmente entre mujeres negras. Y las políticas actuales no hacen más que agravar este panorama.

Una decisión que no es solo legal, sino profundamente humana

En este contexto, ¿de qué sirven leyes que solo ponen parches semánticos? ¿Qué estabilidad pueden ofrecer reformas que no reconocen la naturaleza cambiante, impredecible y real del embarazo?

La respuesta no llegará desde gubernaturas ni desde asambleas repletas de abogados. La respuesta está en devolver a los médicos su función: decidir lo mejor para su paciente. Y en confiar en que las mujeres, junto a sus médicos, pueden tomar decisiones responsables, humanas y necesarias.

Mientras eso no ocurra, el debate sobre abortos en Texas seguirá siendo un reflejo claro de cómo el poder legislativo se impone a la ciencia... y deja desprotegida a la vida.

Este artículo fue redactado con información de Associated Press