¿Justicia ciega o mano dura? El controversial caso del tiroteo policial en Nueva México

Por décadas, el uso de fuerza por parte de la policía en Estados Unidos ha sido un tema cargado de tensión, debate y consecuencias trágicas. El más reciente ejemplo: el caso de Robert Dotson en Farmington, Nuevo México, donde policías abatieron a un hombre al acudir a la dirección equivocada durante una llamada de emergencia. Y la justicia... ¿a favor de quién se inclina?

Una noche, una puerta equivocada... y un disparo mortal

Todo sucedió el 5 de abril de 2023. Eran altas horas de la noche cuando Robert Dotson, de 52 años, escuchó que alguien tocaba su puerta. Sin imaginar que habían llamado equivocadamente a su hogar, Dotson descendió las escaleras en bata, tomó un arma (legalmente en su posesión) y abrió la puerta. Allí lo esperaban policías con linternas y armas listas. Al ver que el hombre levantó su arma, los agentes dispararon.

No hubo oportunidad de disparar por parte de Dotson. No conocía a los oficiales. No hubo una clara identificación previa. Y, según los abogados de la familia, la confusión resultó ser fatal.

Una decisión judicial polémica

El pasado 15 de mayo de 2024, el juez federal Matthew Garcia desestimó parte de la demanda interpuesta por la familia Dotson. En su fallo declaró:

“Dado el nivel significativo de amenaza que representaba Dotson al apuntar con un arma a los oficiales, la inmediatez de esa amenaza y la cercanía entre las partes —y considerando que todo sucedió en cuestión de segundos— el tribunal encuentra que los oficiales aplicaron razonablemente la fuerza letal”.

Además, el juez otorgó inmunidad calificada a los oficiales: una protección legal que escuda a funcionarios públicos como policías ante demandas por violaciones constitucionales, salvo que se pruebe que actuaron evidentemente fuera de la ley.

¿Qué es la inmunidad calificada?

Se trata de una doctrina legal consolidada por decisiones de la Corte Suprema de EE.UU. Desde finales del siglo XX, se ha convertido en un muro formidable que impide a muchas víctimas llevar a juicio civil a agentes implicados en abusos policiales.

En resumen, los funcionarios gozan de inmunidad “a menos que se haya vulnerado una ley claramente establecida”. Pero como no hay dos casos idénticos, el “claramente establecido” es difícil de probar. Críticos aseguran que esto genera una cultura de impunidad.

Incluso, el mismo día en que el juez Garcia emitió su fallo, la Corte Suprema de EE.UU., en un caso distinto, dictaminó que los tribunales deben considerar la totalidad de las circunstancias —y no sólo el instante de amenaza— al juzgar tiroteos policiales.

“No creo que este sea el final del caso”

Así lo señaló el criminólogo Philip Stinson, de la Universidad Estatal de Bowling Green, al analizar el caso Dotson. Para él, es una muestra de cómo “la evaluación judicial de la inmunidad policial en tiroteos a veces conduce a resultados que dejan al público rascándose la cabeza”.

Y añadió: “Aquí, el tribunal reconoce que hubo una equivocación por parte de la policía, pero igual convalida su decisión de disparar. Es profundamente contradictorio”.

Un error fatal... ¿sin consecuencias?

El principal argumento de los abogados de la familia Dotson es devastador: la policía acudió a la dirección equivocada. Nunca debieron estar en esa residencia. Las linternas deslumbraron a Dotson, impidiéndole ver. El primer comando policial apenas fue perceptible: alguien gritó “¡manos arriba!” antes de que desataran una ráfaga fatal.

La esposa de Dotson bajó segundos después, también en bata, sin entender la situación. Al ver a su esposo en el suelo, disparó con su arma hacia afuera. Afortunadamente, los agentes fallaron al devolverle más de 19 tiros.

¿Debe permitirse que un error así termine sin responsabilidades civiles plenas? La familia de Dotson piensa que no, y sus abogados continuarán la batalla bajo la Ley de Derechos Civiles de Nuevo México y el derecho civil estatal.

Dotson: ¿víctima de su derecho a portar armas?

El caso también plantea una pregunta delicada sobre el sistema legal estadounidense y su famosa Segunda Enmienda: el derecho a portar armas.

Robert Dotson estaba en su casa, de madrugada, en bata. Escuchó golpes en la puerta tras un día cualquiera. Tomó su arma, como lo hacen millones ante una sospecha de intrusión, y actuó conforme a su derecho. ¿Lo condenó esa decisión?

En estados como Nuevo México, donde la posesión legal de armas es ampliamente aceptada, estos casos generan un fuerte cortocircuito legal: ¿cómo esperar que un ciudadano no crea que su vida y hogar están en peligro cuando oye que tocan su puerta a medianoche, y se encuentra con luces cegadoras sin ver uniforme alguno?

¿Justicia o sistema fallido?

Esta no es la primera vez que la inmunidad calificada protege acciones de policías que terminan en muerte sin justificación clara. Según un informe del medio especializado ProPublica, de más de 1,700 demandas contra acciones policiales entre 2015 y 2020, en más de la mitad la inmunidad funcionó como una barrera infranqueable.

Casos como los de Breonna Taylor o Amir Locke muestran un patrón preocupante: errores policiales, ejecuciones en segundos y un sistema judicial que ampara el resultado bajo tecnicismos legales.

Dotson es ahora parte de una larga lista de civiles muertos por errores de ejecución en operativos policiales, y cuyo legado probablemente termine en una disputa judicial de años, mientras su familia vive el duelo con apenas visos de justicia.

¿Qué dice la comunidad?

La comunidad de Farmington quedó sacudida por el caso. Manifestaciones, velas, carteles con mensajes como “¿Quién protege y sirve al inocente?” son testimonios de una creciente desconfianza ciudadana hacia el aparato policial local.

Incluso en redes sociales, usuarios han viralizado el caso. En Reddit y Twitter, cientos de comentarios enfatizan el error policial como punto central: “Dotson no tuvo una oportunidad; pudo haber sido cualquier padre de familia alarmado por extraños tocando su puerta”.

Una demanda que sigue en pie

Tom Clark, abogado de los Dotson, aseguró a medios locales que la demanda contra el Departamento de Policía de Farmington seguirá activa respecto a otras causas: negligencia, daños emocionales, uso excesivo de la fuerza y posible violación de los derechos civiles bajo jurisdicción estatal.

Bajo la Ley de Derechos Civiles de Nuevo México, aprobada en 2021, los ciudadanos pueden demandar a funcionarios por violaciones constitucionales sin aplicar la inmunidad calificada, lo que representa una última vía hacia la compensación y responsabilidad pública.

¿La reforma al sistema policial, aún pendiente?

Tras el caso de George Floyd, se presentaron múltiples propuestas para reformar los cuerpos policiales en EE. UU., incluyendo la eliminación de la inmunidad calificada. Sin embargo, muchas de estas reformas se han estancado a nivel federal.

Los detractores de la inmunidad alegan que se trata más de proteger el sistema que de proteger al ciudadano. “Si en tu trabajo cometes un error que mata a alguien, hay consecuencias. ¿Por qué debería ser diferente para un oficial?”, declaró la congresista Ayanna Pressley en una audiencia parlamentaria en 2021.

Por ahora, los fallos judiciales como el de Dotson parecen confirmar que la justicia, en casos de fuerza letal, sigue estando condicionada por tecnicismos y no necesariamente por humanidad o lógica.