Trump, religión y poder: ¿una nueva cruzada conservadora desde la Casa Blanca?

Una ofensiva religiosa desde el poder

Donald Trump ha lanzado una serie de medidas que refuerzan estrechos vínculos entre el gobierno federal y sectores del cristianismo conservador. Con la creación de la Oficina de Fe de la Casa Blanca, una Comisión de Libertad Religiosa y una Fuerza de Tarea para Erradicar el Sesgo Anticristiano, el expresidente estadounidense se ha colocado una vez más en el epicentro de un debate histórico en Estados Unidos: la separación entre Iglesia y Estado.

“Estamos devolviendo la religión a nuestro país”, proclamó Trump durante un evento por el Día Nacional de Oración en los jardines de la Casa Blanca en mayo, al anunciar su nueva comisión religiosa. “Debemos ser siempre una nación bajo Dios, una frase que la izquierda radical quiere eliminar”, añadió en un discurso que fue recibido con ovaciones por parte de líderes religiosos conservadores.

¿Religión para todos o privilegio para unos?

Sin embargo, voces críticas —incluidas algunas desde sectores cristianos más progresistas— denuncian que estas iniciativas no constituyen una defensa general de la religión en Estados Unidos, sino más bien una táctica para favorecer expresiones políticas conservadoras del cristianismo, aquellas mismas que conforman buena parte de la base electoral de Trump.

La pastora Shannon Fleck, directora ejecutiva de Faithful America, una organización cristiana de tendencia progresista, alertó que este tipo de iniciativas no deben verse de forma aislada: “Son indicativos de un sistema completo que se está construyendo desde el gobierno federal, diseñado específicamente para guiar y moldear la cultura en EE.UU.”

Trump y la reinterpretación de la Primera Enmienda

Uno de los aspectos más controversiales de este creciente enfoque confesional impulsado por Trump es su aparente desprecio por los principios clásicos de la Primera Enmienda de la Constitución —en particular, la noción de la separación entre Iglesia y Estado.

“Dicen 'separación entre Iglesia y Estado'... Bueno, olvidemos eso por un momento”, dijo el expresidente, al presentar la Oficina de Fe. Ese tipo de frases, ampliamente difundidas por líderes conservadores contemporáneos, están generando alarma entre constitucionalistas, jueces y activistas defensores de las libertades civiles.

Charles Haynes, experto en libertad religiosa del Freedom Forum, señala que Trump está cumpliendo con promesas hechas a su base religiosa más fiel: “Estas nuevas entidades reflejan la idea, largamente defendida por los cristianos conservadores, de que la Primera Enmienda fue malinterpretada para mantener fuera a los cristianos del espacio público”.

Un giro religioso en las instituciones públicas

La Oficina de Fe de la Casa Blanca, liderada por la evangelista Paula White-Cain —asesora espiritual de Trump desde 2016— busca “mejorar las prácticas de alineación con los valores estadounidenses”, según la descripción oficial. Está encargada de la consultoría sobre libertad religiosa, entrenamiento sobre derechos religiosos y promoción de oportunidades de financiamiento para entidades religiosas.

Por otro lado, la Fuerza de Tarea contra la Discriminación Anticristiana, dirigida por la fiscal general Pam Bondi, afirma que durante el mandato de Joe Biden se han producido “violaciones escandalosas” a los derechos de los cristianos. Sin embargo, muchas de estas denuncias han sido puestas en entredicho o carecen de evidencia verificable.

Una comisión con fuertes raíces conservadoras

La Comisión de Libertad Religiosa, presidida por el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, está compuesta por clérigos, abogados, rabinos y personalidades de los medios religiosos conservadores. Su objetivo es recomendar políticas para proteger y “celebrar el pluralismo religioso pacífico” del país.

Sin embargo, la comisión promueve ideas que claramente buscan beneficiar una visión específica del cristianismo. Patrick ha respaldado leyes que permiten oración en escuelas públicas y promueve la exhibición obligatoria de los Diez Mandamientos en las aulas, siguiendo el modelo reciente de Luisiana.

Uno de los miembros de la comisión, el escritor Eric Metaxas, defendió su utilidad afirmando que “el objetivo de esta comisión es fortalecer la libertad de cada estadounidense —independientemente de su fe e incluso si no tiene ninguna”. Aun así, la composición del grupo y sus prioridades legales hablan de un enfoque claramente dirigido y no pluralista.

¿Un patrón político disfrazado de espiritualidad?

La creación de estas entidades religiosas se enmarca en una creciente cercanía entre el movimiento evangélico conservador y el Partido Republicano. En su mandato, Trump logró consolidar el apoyo de este bloque, al incluir figuras religiosas en el gobierno, introducir jueces afines en la Corte Suprema y adoptar un discurso que muchos catalogan de teocrático.

Históricamente, Estados Unidos ha oscilado entre impulsos de religiosidad institucional y etapas de reforzamiento de la laicidad. Ya en los 1950 se incluyó “Under God” en el Juramento a la Bandera en plena Guerra Fría, como forma de requerir identidad religiosa frente al comunismo ateo. Hoy, la pugna ha girado: ahora se trata de definir si el cristianismo cultural puede ser institucionalmente privilegiado sin violar las leyes.

La Corte Suprema: aliada clave del nuevo paradigma

Desde que Trump logró designar a tres jueces en la Corte Suprema —Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett—, la mayoría conservadora ha impactado de forma profunda la jurisprudencia en torno a religión y Estado. Uno de los fallos más simbólicos fue Kennedy v. Bremerton School District (2022), que respaldó el derecho de un entrenador de fútbol americano a rezar en público con sus alumnos, abriendo la puerta a nuevos debates.

El caso más polémico hoy en agenda es la posibilidad de que el estado de Oklahoma pueda financiar escuelas católicas concertadas, con fondos públicos. De consolidarse un fallo favorable, terminaría con décadas de consenso sobre la neutralidad religiosa del sistema educativo financiado por el Estado.

¿Y la pluralidad religiosa?

La administración de Trump también ha insistido en que promueve una visión que protege a todas las religiones. En algunos eventos oficiales ha incluido oraciones judías y musulmanas, y en la Comisión figuran algunos representantes no cristianos. Sin embargo, analistas señalan que el discurso dominante —así como las medidas legales incentivadas— favorecen de forma sistemática al cristianismo evangélico y católico conservador.

Frente a esto, múltiples organizaciones defensoras de la libertad religiosa —como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) o Americans United for Separation of Church and State— sostienen que estas medidas, lejos de proteger derechos, instauran un Estado confesional de facto que amenaza a minorías religiosas y a los propios derechos civiles.

Como dijo Fleck: “Mi libertad de religión llega hasta donde comienza la tuya. Si estoy intentando establecer algo que afectará tu derecho a practicar tu fe, eso va en contra de la Primera Enmienda”.

La línea fina entre fe y Estado

La tensión entre política y religión no es nueva, pero el momento actual bajo la influencia duradera de Trump podría marcar un cambio de paradigma. La transformación de la libertad religiosa en arma política no solo redefine el papel de la religión en la vida pública estadounidense, sino que también podría dejar un legado profundo y duradero en la cultura y el sistema legal del país.

En palabras del historiador Jon Meacham: “La tentación de usar lo sagrado para fines seculares es tan antigua como la república misma. Pero ahora, parece que hemos llegado a una intersección donde lo religioso y lo político han pasado del coqueteo a una verdadera fusión.”