Tiempos de represión y deportaciones: América Latina en la cuerda floja

Un panorama preocupante desde tres frentes distintos

Esta semana, las noticias provenientes de Estados Unidos, Venezuela y El Salvador han encendido las alarmas entre defensores de derechos humanos, migrantes y organizaciones internacionales al revelarse una serie de decisiones que, en conjunto, pintan un retrato inquietante del estado de justicia, derechos civiles y libertades fundamentales en América Latina y fuera de ella.

Bajo una óptica de análisis, nos sumergimos en los recientes eventos que involucran la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de migrantes venezolanos en EE.UU., la intensificación del control gubernamental en Venezuela con la prohibición de vuelos desde Colombia acompañada de arrestos masivos, y la preocupante detención de una abogada anticorrupción en El Salvador, justo en un contexto de estado de excepción prolongado sin suficientes controles judiciales.

EE.UU. elimina protecciones a 350,000 venezolanos

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló una decisión judicial que impedía al gobierno de Donald Trump suprimir el TPS para más de 350,000 venezolanos. Esta medida expone a estas personas a procesos de deportación, muchos de los cuales han vivido, trabajado y criado a sus familias durante años en suelo estadounidense.

El estatus de Temporary Protected Status permite que personas provenientes de países con conflictos armados, desastres naturales u otras crisis, puedan residir y trabajar legalmente en EE.UU. Venezuela fue incluida tras el agravamiento de su crisis económica y política bajo el régimen de Nicolás Maduro.

La orden de la Corte invalida la protección otorgada por un juez federal en San Francisco y sólo un magistrado expresó su desacuerdo. Este giro judicial podría significar un antes y un después para venezolanos en ciudades como Miami, Nueva York y Houston, donde han establecido comunidades vibrantes y aportado al desarrollo económico y cultural local.

Estadísticas clave:

• Más de 7 millones de venezolanos han abandonado su país desde 2015 (según ACNUR).
• Estados Unidos ha recibido a alrededor de 550,000 venezolanos en la última década.
• Un 81% de los venezolanos bajo TPS están en edad laboral.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han expresado su preocupación, advirtiendo que devolver a estas personas a una Venezuela aún sumida en crisis podría ser ponerlas “en riesgo de persecución, pobreza y violencia”.

Represión y paranoia oficialista en Venezuela

Mientras tanto, del lado sur del hemisferio, el gobierno venezolano anunció la prohibición inmediata de vuelos provenientes de Colombia y ordenó la detención de al menos 38 personas acusadas de planear atentados y desestabilizar el país.

Entre los arrestados hay ciudadanos de nacionalidades colombiana, mexicana y ucraniana, según informó el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en un mensaje televisado. Aunque no se ofrecieron pruebas ante las graves acusaciones (que incluían colocar explosivos en embajadas), se enmarcaron dentro de supuestas tramas organizadas por “la oposición”, en vísperas de elecciones regionales.

Un patrón repetido:

• En 2017, el gobierno también denunció un “plan para magnicidio” días antes de elecciones locales.
• En 2020, Cabello culpó a “mercenarios colombianos” de un intento de incursión armada.
• Desde 2014, grupos de derechos humanos han reportado más de 15,000 arrestos arbitrarios en Venezuela.

Estas nuevas detenciones encajan dentro de una estrategia de control político basada en el miedo y la desinformación. Las autoridades venezolanas siguen utilizando narrativas de conspiración para justificar represión y comicios sin transparencia. Los viajes aéreos desde Colombia aún no tienen fecha de reanudación.

La sombra del autoritarismo también acecha en El Salvador

En la noche del domingo, la policía salvadoreña arrestó a Ruth Eleonora López, responsable de la Unidad Anticorrupción de la influyente organización de derechos humanos Cristosal, sin notificar a su familia ni equipo legal sobre su paradero inicial.

El caso ha sido calificado por la ONG como una “desaparición forzada de corta duración” y se enmarca en un patrón cada vez más autoritario bajo el gobierno de Nayib Bukele. Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un estado de emergencia con suspensión de derechos básicos como la defensa legal o la necesidad de pruebas para arrestar a un sospechoso.

Datos sobre el estado de excepción en El Salvador:

• 85,000 personas arrestadas desde que comenzó el estado de emergencia.
• 15 días sin cargos es el periodo permitido para mantener detenido a alguien sin justificación legal.
• Numerosas ONG han denunciado miles de casos de arrestos arbitrarios y tortura en prisiones.

El gobierno alega que López formó parte del desfalco de recursos públicos durante su tiempo como asesora del exmagistrado Eugenio Chicas, detenido y juzgado por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, en lugar de ser citada legalmente o investigada con pruebas, la abogada fue sacada de su hogar sin orden clara, lo cual enciende señales de alarma sobre la institucionalidad del país.

¿A dónde vamos desde aquí?

Lo más preocupante de estos tres hechos es la tendencia común de debilitar el estado de derecho. En EE.UU. retrocede la protección humanitaria; en Venezuela, se criminaliza sin evidencia; y en El Salvador, se reprime a quienes investigan la corrupción.

Como señaló José Miguel Vivanco, exdirector de Human Rights Watch para las Américas:

“Las democracias latinoamericanas no colapsan de la noche a la mañana, pero comienzan a pudrirse cuando se normaliza lo excepcional.”

Es imperativo que los organismos internacionales de derechos humanos, la sociedad civil y los medios de comunicación mantengan su atención y presión, para evitar que decisiones aisladas se conviertan en la norma.