La detención del alcalde de Newark y el caso contra McIver: ¿justicia o hostigamiento político?

Una protesta que terminó en caos

El viernes 9 de mayo de 2025 se convirtió en una fecha marcada en el calendario político de Estados Unidos. Aquel día, la congresista LaMonica McIver fue testigo directo del arresto del alcalde de Newark, Ras Baraka, mientras ambos participaban de una inspección no oficial a un centro de detención migratorio —Delaney Hall— en Nueva Jersey. Casi una semana después, McIver enfrenta cargos federales por presunta agresión a un agente durante el altercado. ¿Casualidad? ¿Exceso de autoridad? ¿O un intento de intimidar a las voces críticas del sistema migratorio?

Este conflicto ha detonado una tormenta política que pone en tela de juicio no solo el uso del poder federal en contextos de protesta, sino también el papel de la supervisión legislativa sobre instituciones como ICE (la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.).

¿Quién es LaMonica McIver?

McIver, de 38 años, llegó al Congreso tras una elección especial en 2024, luego del fallecimiento del congresista Donald Payne Jr. No es nueva en la política: fue presidenta del Ayuntamiento de Newark entre 2022 y 2024, y antes trabajó en el sistema escolar de la ciudad. Su ascenso ha sido meteórico y prometedor, especialmente como voz emergente del progresismo afroamericano.

Durante su breve tiempo en el Congreso, McIver ha sido enfática en la necesidad de reformar el sistema de detención migratoria, al que ha calificado como "inhumano y profundamente opaco". El pasado viernes acudió, junto a dos colegas —los congresistas Bonnie Watson Coleman y Robert Menendez Jr.—, a las inmediaciones del centro de detención Delaney Hall. Aunque contaban con credenciales y autoridad moral como legisladores para inspeccionar las condiciones, fueron rechazados por ICE, lo que derivó en una protesta improvisada.

La detención del alcalde Baraka

Ras Baraka, figura progresista y heredero político de su padre, el poeta y activista Amiri Baraka, llegó al lugar a apoyar a los congresistas. Según los videos difundidos por el Departamento de Seguridad Nacional, intentó unirse desde el otro lado de una reja al grupo. Fue arrestado sin incidentes violentos, aunque con visibles tensiones entre policías y manifestantes.

Sin embargo, su arresto fue visto por muchos como innecesario y provocador. Apenas unos días después, la Fiscalía decidió desestimar los cargos contra Baraka "por el bien de la convivencia". Una decisión que, más que calmar las aguas, avivó las sospechas de que el caso contra McIver tendría un trasfondo político.

El video y los cargos contra McIver

La evidencia en video muestra a McIver en un grupo rodeado de agentes, en el que se produce un leve contacto de sus codos con un oficial identificado con uniforme verde oliva y una mascarilla negra. No hay imágenes que muestren empujones violentos ni agresión deliberada, tal como lo aclara la propia congresista en entrevista con CNN: “No hay ningún video que me muestre derribando a alguien. Estaba haciendo mi trabajo”.

No obstante, la fiscal Alina Habba —interina y designada por la actual administración federal— ha imputado a McIver por "agredir, obstaculizar o interferir con un agente federal". Según Habba, "los delitos contra autoridades federales no serán tolerados".

¿Supervisión o represalia?

El abogado defensor de McIver, Paul Fishman —quien fue fiscal federal en Nueva Jersey— asegura que la acusación es “espectacularmente inapropiada” y representa un intento por criminalizar el trabajo de supervisión legislativa. “Ella acudió en su calidad de congresista a inspeccionar las condiciones de detención. ICE convirtió una situación que debía ser pacífica en un caos innecesario”, declaró.

La acusación contra McIver tiene ecos de tensiones más amplias entre el Congreso —particularmente sectores progresistas— y las agencias federales dedicadas a la seguridad nacional e inmigración. ¿Hasta dónde llega la autoridad de un legislador para realizar su trabajo? ¿Y qué sucede cuando ese trabajo incomoda a una agencia con histórico poder operativo como ICE?

El contexto: ICE bajo la lupa

Desde su creación en 2003, como parte de la reorganización del Departamento de Seguridad Nacional post 11S, ICE ha sido objeto de controversia. Organizaciones como la ACLU, Human Rights Watch o Amnesty International han denunciado durante años condiciones de hacinamiento, falta de acceso a procesos legales adecuados y abuso físico o psicológico en sus centros de detención.

Durante la administración Trump, los centros de detención protagonizaron numerosos escándalos de separación de familias y detención indefinida. Bajo la actual administración, y pese a promesas de reforma, muchos de esos problemas persisten, pasando desapercibidos bajo un velo de opacidad.

Según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, había más de 25,000 personas bajo custodia de ICE en mayo de 2024, muchas de ellas sin condenas criminales previas.

¿Ataque a la democracia?

Varios analistas legales y expertos en derechos civiles ven el caso contra McIver como un mensaje de advertencia para otros legisladores. Si bien el contacto físico con un agente puede constituir delito en situaciones extremas, la evidencia visual no parece justificar una acusación de agresión. Lo que sí queda claro es que los legisladores estarían siendo penalizados por cumplir su función fiscalizadora.

Para la abogada y analista constitucional Linda Greenhouse, “este tipo de imputaciones puede ser usado para disuadir a los representantes de ejercer supervisión sobre agencias federales, especialmente en temas que generan sensibilidad política”.

La reacción del público y de la prensa

Desde medios como The New York Times, The Intercept o incluso The Washington Post, la narrativa en torno al incidente ha ido oscilando entre la cautela y la condena abierta al proceder de ICE. Sin embargo, otros sectores, incluyendo funcionarios del gobierno federal, han defendido la acusación. El Subprocurador General Todd Blanche twitteó: “Asaltos a agentes federales serán sancionados. Protegemos a quienes garantizan nuestra seguridad”.

Lo que no se responde es por qué un gesto posiblemente accidental o producto del tumulto oscuro se convierte en un acto criminal digno de imputación federal. ¿Acaso la proximidad física con un oficial en una protesta pacífica es ya un crimen?

Los antecedentes políticos del fiscal y del contexto

Alina Habba, la fiscal que anunció los cargos, es una figura que ganó notoriedad como abogada personal de figuras republicanas conservadoras. Su nombramiento fue leído por algunos sectores como un guiño al ala dura del partido. Su decisión de archivar los cargos contra Baraka pero proceder contra McIver ha levantado sospechas entre sectores demócratas y defensores de derechos civiles.

¿Se está usando el sistema jurídico como herramienta política? Ya ha pasado antes. Y no sería la primera ni la última vez en la política estadounidense que se busca silenciar la disidencia usando los mecanismos del poder judicial.

Lo que está en juego

Más allá del destino legal de McIver, lo que este episodio revela son las grietas de un sistema donde instituciones supuestamente democráticas chocan con estructuras de seguridad que operan con escasa transparencia y casi inmunidad. Detener a un alcalde, hostigar a una congresista y criminalizar la protesta es un escalón que pone en riesgo la salud institucional del país.

La historia nos enseña que los ataques a la supervisión legislativa llevan, eventualmente, a gobiernos menos democráticos y más autoritarios. Casos como Watergate o el COINTELPRO de Hoover en los 60 son recordatorios de lo que ocurre cuando agencias federales actúan sin frenos ni contrapesos.

El pueblo de Nueva Jersey y, por extensión, todos los ciudadanos del país, tienen el derecho —y el deber— de cuestionar estas decisiones. Porque lo que está en juego no es sólo el futuro político de una congresista, sino el equilibrio real entre poderes públicos y la calidad de la democracia estadounidense.

“Los ciudadanos de Nueva Jersey merecen un liderazgo unificado”, dijo Habba. Pero acaso la verdadera unidad comienza con transparencia, rendición de cuentas y el respeto por los derechos fundamentales. Incluso —y sobre todo— cuando eso incomoda al poder.