Indígenas alzan la voz: la lucha silenciosa por territorios que la justicia sí reconoce, pero los gobiernos ignoran

Cuando la justicia no es suficiente: el desafío de hacer valer los derechos indígenas en América Latina

A pesar de contar con sentencias favorables de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los pueblos indígenas de América Latina siguen enfrentando una realidad marcada por el despojo, la impunidad y la indiferencia estatal. Del 21 al 25 de mayo, líderes indígenas de toda la región se reunirán en Quito, Ecuador, para buscar una estrategia común que presione a los gobiernos para cumplir con fallos que, hasta ahora, han quedado en letra muerta.

Esta cumbre cobra especial relevancia en un contexto donde la violación de derechos humanos, la explotación de territorios ancestrales y la exclusión histórica siguen siendo pan de cada día para muchas comunidades. La anfitriona será la comunidad Kichwa de Sarayaku, símbolo de resistencia y ejemplo vivo del poder de la justicia internacional.

Corte Interamericana: sentencias sin dientes

La Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, ha emitido múltiples fallos a favor de comunidades indígenas en países como Ecuador, Colombia, Nicaragua, Paraguay y Argentina. Por ejemplo, en 2017 dictaminó en contra del Estado colombiano por permitir la exploración petrolera en territorios ancestrales U'wa sin consulta previa. En 2024, condenó a Ecuador por no proteger a los pueblos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane en el Parque Nacional Yasuní.

Pero estas decisiones, de carácter vinculante para los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), muchas veces son ignoradas con la excusa de limitaciones presupuestarias, burocracia o ausencia de voluntad política. Tulio Renato Viteri Gualinga, representante de relaciones internacionales de los Sarayaku, lo explica claramente:

“Existen garantías constitucionales a favor de los pueblos indígenas. Aun así, no se ha dado cumplimiento total a los fallos de la Corte.”

Sarayaku: resistencia en carne viva

Sarayaku, el pequeño pueblo amazónico del sur de Ecuador, se ha convertido en un referente internacional. En 2012, la CIDH falló a su favor, después de que el gobierno ecuatoriano firmara contratos de explotación petrolera sin consulta previa. Los líderes Sarayaku denunciaron la presencia de explosivos en sus tierras y malas prácticas ambientales por parte de empresas extractivas.

Hoy, los Sarayaku siguen esperando que el gobierno cumpla completamente con las medidas ordenadas: remediación ambiental, indemnización y garantías de no repetición. Su lucha no solo es por su territorio, sino también por su cultura, su forma de vida y su relación con la Selva Viviente (Kawsak Sacha), concepto que reconoce a la naturaleza como un ser viviente con derechos.

Justicia territorial como justicia climática

Organismos internacionales, como Amazon Watch, han reconocido que el respeto a los derechos territoriales indígenas es, en sí mismo, una medida efectiva contra el cambio climático. Las comunidades indígenas protegen el 80% de la biodiversidad del planeta y son guardianes de millones de hectáreas de selva tropical, esenciales para mitigar el calentamiento global.

En palabras de Nataly Yepes, asesora legal de Amazon Watch:

“Lo que esperamos es que esta no sea una cumbre aislada, sino el punto de partida hacia una justicia indígena alternativa, crítica e inclusiva, indispensable ante las crisis democráticas, institucionales y climáticas.”

Pocas palabras, muchos años de espera

El problema no es normativo. Prácticamente todos los países latinoamericanos han firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y muchos han incorporado derechos indígenas en sus constituciones. El caso de Bolivia, con su reconocimiento del Estado Plurinacional, o Colombia y su jurisprudencia sobre los pueblos indígenas, son ejemplos positivos pero no suficientes.

Una investigación de Amnistía Internacional en 2022 reveló que solo el 12% de las comunidades beneficiadas por sentencias de la CIDH recibieron cumplimiento total de estas decisiones. Otro 35% obtuvo cumplimiento parcial. El resto sigue esperando.

El mapa de la impunidad: conflictos sin resolver

• Colombia: Las comunidades Emberá y U’wa reclaman intervención urgente ante avances petroleros y mineros sobre sus territorios.
• Ecuador: Los Siekopai aún esperan restitución de tierras en la frontera con Perú. Yasuní sigue bajo amenaza, a pesar de referendos populares.
• Paraguay: En 2005, la CIDH ordenó la devolución de tierras a los Yakye Axa, un proceso que se ha dilatado por más de una década.
• Argentina: La comunidad Lhaka Honhat obtuvo reconocimiento territorial en 2020, pero el proceso de titulación sigue incompleto.

Muchos de estos conflictos no sólo involucran a empresas privadas, sino también a gobiernos negligentes que prefieren desarrollo económico a corto plazo antes que respetar derechos colectivos milenarios.

Una carta regional para pasar de la teoría a la acción

Durante los cinco días de la cumbre, las delegaciones indígenas esperan firmar una Declaración de Quito, que exija mecanismos efectivos de implementación para las sentencias de la Corte. También se buscará establecer una red jurídica indígena latinoamericana que pueda monitorear el cumplimiento, acompañar procesos jurídicos y presentar casos de forma articulada.

Sistemas de justicia occidental vs. visión ancestral

Uno de los temas centrales será cuestionar el modelo hegemónico judicial que excluye la cosmovisión indígena. Mientras la justicia occidental privilegia el castigo y la reparación individual, muchas comunidades reclaman una justicia restaurativa, relacional y ecológica. Como explicaban los líderes del pueblo Mapuche: “Nuestra justicia no es venganza, es equilibrio. Cuando se desequilibra la tierra, se desequilibra la vida.”

En este sentido, la cumbre servirá también como espacio de intercambio de saberes jurídicos ancestrales, desde los consejos comunitarios en la Amazonía hasta los sistemas de autogobierno de los mayas guatemaltecos.

¿Y si los Estados no cumplen? Propuestas de sanción colectiva

Entre las propuestas más audaces que serán debatidas, destaca la idea de impulsar mecanismos alternativos de sanción supranacional:

• Bloqueo de financiamiento internacional a países que no implementen sentencias de la OEA.
• Condenas públicas por parte de organismos como ONU, BID y Banco Mundial.
• Conformación de tribunales éticos indígenas para emitir juicios simbólicos contra gobiernos incumplidores.

Estas medidas, aunque algunas puedan parecer simbólicas, buscan establecer presión internacional y abrir el debate sobre la eficacia del sistema interamericano de derechos humanos.

La esperanza es ancestral

En tiempos de crisis climática y democrática en la región, los pueblos originarios ofrecen respuestas resilientes, con modelos comunitarios de democracia directa, manejo sostenible del territorio y justicia restaurativa. La cumbre en Quito será mucho más que un evento: es una llamada de atención a gobiernos que aún creen que pueden ignorar las voces que llevan siglos luchando por existir.

Como dijo el líder indígena ecuatoriano Patricio Gualinga durante el caso Sarayaku en la CIDH:

“Nuestra tierra es nuestro cuerpo. Nos hieren a todos cuando la hieren a ella.”

Que esta cumbre no sea el último grito, sino el primero de un eco incontenible por la justicia indígena continental.