La guerra cultural en la justicia estadounidense: una batalla judicial contra la identidad de género en el trabajo

Una decisión judicial que reaviva el debate sobre derechos civiles

En un fallo que ha puesto al rojo vivo el ya polarizado escenario político de los Estados Unidos, el juez federal Matthew J. Kacsmaryk, nominado por el expresidente Donald Trump, ha invalidado una parte fundamental de la guía emitida por la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) sobre el acoso laboral relacionado con la identidad de género y la orientación sexual.

La decisión judicial sostiene que la EEOC excedió su autoridad legal al obligar a los empleadores a no usar pronombres incorrectos con empleados trans, permitir el acceso a baños conforme a la identidad de género y no prohibir la ropa que se alinee con dicha identidad, considerando estas prácticas como formas de acoso. Según el juez, el contenido de la guía resulta "inconsistente con el texto, la historia y la tradición del Título VII” de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

El trasfondo: ¿Qué es el Título VII y por qué importa?

El Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación laboral basada en raza, color, religión, sexo y origen nacional. En 2020, la Corte Suprema de EE.UU. expandió esa definición de “sexo” para incluir la orientación sexual y la identidad de género en el caso histórico Bostock v. Clayton County. Esta fue considerada una victoria crucial para los derechos LGBTQ+ en el ámbito laboral.

En consonancia con este precedente legal, la EEOC, bajo la administración de Joe Biden, actualizó su guía por primera vez en 25 años en abril de 2023 para clarificar cómo la discriminación y el acoso por identidad de género debían manejarse en el lugar de trabajo.

Texas y The Heritage Foundation: los impulsores de la demanda

En agosto de 2023, el estado de Texas y la organización ultraconservadora The Heritage Foundation, promotora del controvertido Project 2025, presentaron una demanda para bloquear la guía. Alegaron que aunque la EEOC afirmaba que la guía no era vinculante, en la práctica funcionaba como una herramienta coercitiva con efectos legales significativos.

El juez Kacsmaryk estuvo de acuerdo, escribiendo que la guía crea “estándares obligatorios de los cuales fluirán consecuencias legales si un empleador no los cumple”. Esta premisa fue clave para declarar inválida la totalidad de las secciones de la guía referidas a orientación sexual e identidad de género.

Reacciones encontradas: Un país dividido

Para los conservadores, la decisión ha sido una victoria cultural. El presidente de la Heritage Foundation, Kevin Roberts, declaró: “Esta no es solo una victoria legal, es una victoria cultural. Dice: no tienes que rendir tu sentido común en el altar de la ideología de izquierdas”.

Por otro lado, organismos pro derechos civiles y organizaciones progresistas han condenado la decisión. La abogada Liz Theran, del National Women’s Law Center, calificó el fallo como “indignante y flagrantemente contrario al precedente de la Suprema Corte”, y recalcó que “hará más difícil que trabajadores LGBTQIA+ hagan valer sus derechos y vivan en un ambiente laboral libre de acoso”.

¿Qué implica esta decisión para el trabajador común LGBTQ+?

Según la EEOC, en el año fiscal 2024 la agencia recibió más de 3,000 quejas por discriminación laboral relacionada con orientación sexual o identidad de género. Una cifra similar se registró en 2023. Esto sugiere que, aunque representen un porcentaje menor del total, estos casos están lejos de ser anecdóticos.

Con la decisión de Kacsmaryk, se invalida una herramienta clave para que empleadores comprendan los límites de lo aceptable y trabajadores comprendan sus derechos. Aunque la EEOC no puede multar directamente a los empleadores basándose únicamente en la guía, sí la usaba como hormona para identificar violaciones.

Un patrón en la jurisprudencia de Kacsmaryk

No es la primera vez que el juez Matthew Kacsmaryk, quien trabajó antes como abogado de una organización cristiana conservadora, emite fallos en la línea de una agenda anti-LGBTQ+ o antifeminista. Ya ha estado en el centro de otras controversias legales, como el fallo que congeló temporalmente la aprobación de la píldora abortiva mifepristona en 2023.

La guerra normativa: igualdad vs. federalismo

Este caso refleja una tendencia cada vez más común en EE.UU.: el uso de tribunales federales como campo de batalla ideológica en un país profundamente polarizado. Mientras demócratas y progresistas buscan garantizar derechos a través de la legislación y reglamentaciones administrativas, sectores conservadores han optado por minar esos avances en los tribunales, con éxito creciente desde que Donald Trump reconfiguró el poder judicial con más de 200 nombramientos de jueces federales.

La legislación laboral y de derechos civiles en EE.UU. históricamente ha evolucionado a través de mecanismos administrativos complementarios a la ley. La EEOC, por ejemplo, emite guías para clarificar interpretaciones o formas prácticas de cumplimiento. Aunque no tienen la fuerza de ley, los tribunales las consideraban como razonables interpretaciones del Congreso.

El retroceso político: de Bostock a "sexo inmutable"

El fallo se inscribe en un repertorio continuo de retrocesos desde que el expresidente Trump firmó en 2021 un decreto ejecutivo para que el gobierno solo reconociera dos sexos “inmutables”: masculino y femenino. Este marco legal continúa afectando cómo se interpretan derechos para personas transgénero en ámbitos como el servicio militar, el deporte escolar y ahora, de nuevo, el entorno laboral.

Este embate judicial no solo deshace avances legales recientes, sino que erosiona imaginarios sociales. El mensaje político es claro: la protección antidiscriminación para personas LGBTQ+ no está garantizada, ni siquiera cuando precedentes legales de la Suprema Corte los respaldan.

Lo que viene: posibles escenarios

Aunque el fallo se dio a nivel de un distrito en Texas, podría servir como base jurídica para otros intentos de restar autoridad a la EEOC o limitar protecciones para personas LGBTQ+. Hasta que no se resuelva en cortes de apelación o eventualmente en la Suprema Corte, este precedente puede expandirse.

Podrían surgir varias situaciones:

• Una apelación del Departamento de Justicia ante cortes superiores, probablemente el Quinto Circuito, reconocido por su composición conservadora.
• La posibilidad de que el Congreso clarifique legislativamente el alcance del Título VII, aunque es poco probable dentro de un legislativo profundamente dividido.
• Estados progresistas podrían intensificar sus legislaciones de protección a nivel local, desafiando indirectamente el fallo de Texas.

Más allá del caso: ¿qué está en juego?

En última instancia, esta no es solo una disputa técnica entre agencias gubernamentales y tribunales. Es un combate por los valores y la cultura en el espacio profesional: sobre qué se considera acoso, discriminación o simplemente libertad de expresión religiosa o empresarial. Es un síntoma del quebranto más amplio de los consensos post-sixties en los EE.UU., y una muestra del debilitamiento progresivo de las agencias que fueron tanto la vanguardia como el ancla en las contiendas por la igualdad racial, de género y ahora sexual.

Como señalaba la jurista Paula Ettelbrick en 1992: “la ley no solo cambia lo que hacemos, sino lo que creemos que es justo. Cuando los jueces debilitan estos principios, nos debilitan a todos”.