¿Qué hay detrás de la pelea por el control de la Biblioteca del Congreso de EE. UU.?

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos se ha convertido en el nuevo campo de batalla entre el poder legislativo y el ejecutivo, y la controversia no consiste solo en libros, investigaciones o archivos digitales. En realidad, esta institución con más de 220 años de historia se encuentra en el centro de una disputa mucho más compleja, donde están en juego la separación de poderes, la legalidad de decisiones ejecutivas y el futuro de los derechos de autor en la era de la inteligencia artificial.

Un despido abrupto y un intento de intervención

Todo comenzó con el inesperado despido de Carla Hayden, la hasta entonces Bibliotecaria del Congreso, nombrada en 2016 por el entonces presidente Barack Obama. Hayden, la primera mujer y persona afroamericana en ocupar ese cargo, tenía aún un año por cumplir de su mandato de diez años cuando fue reemplazada de forma repentina por la administración del expresidente Donald Trump. En su lugar, el presidente designó al abogado Todd Blanche, quien previamente lo había representado en procesos judiciales.

Este movimiento generó un amplio rechazo entre legisladores de ambos partidos, quienes lo interpretan como un intento del ejecutivo de invadir una institución legislativa históricamente independiente. “Esta intrusión del Ejecutivo en el Legislativo es injustificada y, creemos, sin precedentes”, declaró el representante demócrata de Nueva York, Joe Morelle.

No todo es literatura: los secretos que guarda la Biblioteca

La Biblioteca del Congreso no solo es un reservorio de libros. También contiene oficinas clave que manejan información extremadamente sensible del aparato legislativo:

• El Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés), un think tank que atiende más de 75,000 solicitudes anuales de congresistas.
• La Oficina de Derechos de Autor de EE.UU., que controla millones de registros de contenido protegido legalmente.
• La Oficina de Derechos Laborales del Congreso, encargada de manejar denuncias por acoso, discriminación y otras violaciones en el lugar de trabajo.
• Servidores que almacenan información financiera de más de 30,000 empleados del poder legislativo, incluidos miembros del Congreso, la Policía del Capitolio y el personal del Gobierno de Rendición de Cuentas.

El acceso o control sobre estas estructuras por parte del Ejecutivo podría tener consecuencias legales y políticas incalculables, y esa es la raíz profunda del conflicto.

¿Puede el presidente nombrar al bibliotecario?

El nombramiento del Bibliotecario del Congreso ha sido históricamente una función del presidente, sujeta a confirmación del Senado. No obstante, los estatutos y normativas internas estipulan que, en casos de vacancia, un funcionario de carrera debe asumir como bibliotecario interino.

Después del despido de Hayden, fue Robert Newlen, bibliotecario adjunto, quien informó al personal que asumiría dicho rol. Mientras tanto, Blanche y otros dos funcionarios designados por el Departamento de Justicia —Brian Nieves y Paul Perkins— intentaron sin éxito ocupar posiciones dentro de la Biblioteca, siendo incluso impedidos de ingresar por la Policía del Capitolio.

El senador republicano John Thune reconoció que el Congreso “no fue del todo consultado” sobre la destitución de Hayden y se encuentra en conversaciones con la Casa Blanca “para proteger los intereses del poder legislativo”.

La sospecha sobre la Oficina de Derechos de Autor y la IA

La verdadera motivación detrás de este movimiento podría ir más allá de nombramientos estratégicos. Algunos legisladores y analistas sospechan que el objetivo real es el control del sistema de derechos de autor, especialmente en un momento crítico donde se debate el uso de obras protegidas para entrenar sistemas de inteligencia artificial.

Poco antes de su despido, la directora de la Oficina de Derechos de Autor, Shira Perlmutter, publicó un informe que concluía que el uso de obras protegidas para entrenar IA va más allá de lo permitido por el “uso justo” (fair use), particularmente cuando el contenido generado por IA compite con obras originales humanas.

Ese informe enfureció a varios actores de la industria tecnológica. La Biblioteca estima que, si se probara que estas empresas usaron contenido protegido sin autorización, el monto en daños podría superar los 1.5 billones de dólares.

Morelle señaló con suspicacia que el despido de Perlmutter ocurrió “un día después de ese informe”, y sugirió que podría estar vinculado con los intereses de Elon Musk y su empresa de IA, xAI, quien además asesora a Trump de forma informal.

Preocupaciones sobre la neutralidad del Servicio de Investigación

Uno de los pilares fundamentales de la democracia estadounidense ha sido la independencia del Congresional Research Service. Esta oficina proporciona análisis no partidistas que son esenciales para la toma de decisiones legislativas.

“Su utilidad y confiabilidad se verían seriamente afectadas si la Administración intentara influir en sus informes”, advirtió la ex asesora legal de la Biblioteca, Hope O’Keeffe. Dado que las interacciones entre legisladores y esta oficina están protegidas constitucionalmente, cualquier intento de intervención se enfrentaría a fuertes barreras legales.

La dimensión constitucional: ¿un conflicto entre ramas de poder?

Hoy día, Estados Unidos vive una lucha que aviva los fantasmas del abuso del poder presidencial. El caso de la Biblioteca pone en tela de juicio la capacidad legal del Ejecutivo de imponer funcionarios en oficinas legislativas sin consulta al Congreso ni respeto por normativas internas que garantizan su autonomía.

Mientras algunos senadores, como el republicano Markwayne Mullin, insisten en que el bibliotecario depende del presidente ya que debe ser confirmado por el Senado, otros —como el demócrata Alex Padilla— consideran que Robert Newlen es el legítimo bibliotecario interino hasta que el Congreso decida lo contrario.

¿Y el futuro?

En este contexto de tensiones institucionales, el futuro de la Biblioteca del Congreso como una entidad independiente pende de un hilo. Más aún, la batalla actual podría sentar precedentes importantes para otras agencias legislativas y federales que custodian datos sensibles o producen conocimientos críticos.

Si se permite que el Ejecutivo imponga personal sin seguir los protocolos ni consultar al Congreso, se abriría la puerta a un control centralizado que amenazaría el equilibrio de poderes plasmado en la Constitución de EE. UU.

Pero si el Congreso logra frenar el avance, este episodio podría convertirse en un símbolo de la resistencia legislativa frente al expansionismo presidencial.

Mientras tanto, los libros siguen ahí. Pero ahora, están rodeados de espías, abogados, algoritmos y una intensa disputa por quién tiene derecho a decir la verdad.