Trump y el desmantelamiento del asilo: El nuevo rostro de la política migratoria estadounidense

Un cambio radical en la política migratoria

El 20 de enero de 2025, apenas horas después de haber jurado su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que suspendieron por completo el sistema de asilo en la frontera sur del país. Esto marcó un punto de inflexión histórico en la política migratoria estadounidense, afectando directamente a miles de solicitantes de asilo que, durante generaciones, habían tenido al menos la posibilidad de presentar su caso ante una autoridad.

“No nos dieron un oficial de ICE con quien hablar. No nos dieron entrevista. Nadie me preguntó qué pasó”, expresó un ciudadano ruso que huyó tras grabar un fraude electoral en su país y fue deportado a Costa Rica junto a su familia. La falta de procesos formales y el nuevo clima de secretismo han convertido el asilo político en una lotería del caos.

El vacío legal y la incertidumbre en la frontera

La situación actual ha sido descrita como "turbia y cambiante" por abogados, activistas e inmigrantes. Según Bella Mosselmans, directora del Global Strategic Litigation Council, “no creo que nadie sepa con certeza lo que sucede cuando alguien llega y pide asilo”.

Las deportaciones aceleradas han convertido a países como Costa Rica y Panamá en centros de detención temporal para quienes esperan ser enviados de regreso a sus países de origen. Según cifras recientes, unos 200 migrantes fueron deportados a Costa Rica y 300 a Panamá en lo que va de año.

Un sistema paralizado y sin respuestas

Abogados de inmigración denuncian que se han reducido drásticamente las llamadas de personas solicitando ayuda. Paulina Reyes-Perrariz, abogada en el Immigrant Defenders Law Center de San Diego, comentó que ahora “hay semanas en que no recibimos ni una sola llamada preguntando por asilo”.

La incertidumbre se agrava por la inexistencia de una guía clara desde el gobierno. “Es difícil asesorar cuando ni siquiera nosotros entendemos el nuevo proceso”, lamentan profesionales del derecho migratorio.

El caso del ciudadano ruso: hacer todo bien no garantiza nada

Uno de los casos más reveladores es el de un trabajador electoral ruso que, junto con su esposa e hijo, huyó tras haber documentado un fraude en su país. Siguiendo cada paso estipulado por la ley estadounidense, la familia esperó nueve meses en México para obtener una cita de asilo que terminó cancelada sin explicación el 20 de enero, día de la posesión de Trump.

Detenidos al presentarse a un cruce fronterizo en San Diego, fueron esposados, encadenados y deportados a Costa Rica semanas después. “Sentimos que hicimos todo bien y que, aun así, fuimos traicionados”, afirmó el hombre. Solo los niños viajaron sin cadenas.

Una constante legal: apelaciones y secretos de Estado

La política migratoria de Trump enfrenta numerosos desafíos legales. Una de las batallas más visibles gira en torno al uso del argumento de “invasión” para justificar la suspensión del asilo. El gobierno sostiene que esta declaración es una “cuestión política no revisable” por las cortes, mientras grupos de derechos humanos la califican de “ilegal e inédita”.

Un caso relevante en este contexto es el de Kilmar Abrego García, un trabajador de la construcción deportado a El Salvador en contra de una orden judicial. La jueza federal Paula Xinis ordenó su regreso, decisión respaldada luego por la Corte Suprema, pero el gobierno se ha negado a cumplirla, invocando el “privilegio de secretos de Estado”.

Las cifras de arrestos y expulsiones

Durante los primeros años del gobierno de Joe Biden, los cruces fronterizos ilegales alcanzaron récords históricos, con picos de hasta 10,000 detenciones por día en 2024. Sin embargo, estas cifras se redujeron drásticamente en el último año de su administración y cayeron aún más tras el regreso de Trump al poder.

A pesar de esta caída, más de 200 personas siguen siendo arrestadas diariamente por cruzar ilegalmente la frontera sur y muchas de estas buscan asilo. No obstante, **no hay datos oficiales** sobre cuántos de ellos son siquiera procesados.

El argumento oficial: deteniendo el "abuso" del sistema

Las restricciones a los procedimientos de asilo son justificadas por la administración Trump como un medio para frenar el uso "abusivo" de este mecanismo. Barney Frank, excongresista demócrata, apoyó políticas más estrictas argumentando que “las personas han aprendido que pueden decir que buscan asilo y permanecer en EE.UU. por tiempo indefinido”.

Aun así, los datos del sistema de justicia migratoria indican que entre un tercio y la mitad de las solicitudes de asilo son aprobadas por los jueces, lo que pone en duda el argumento de que la mayoría de los casos son fraudulentos.

Los centros de detención: una vida en pausa

En Costa Rica, muchos migrantes deportados ya han dejado el centro donde inicialmente fueron retenidos, pero el ciudadano ruso y su familia continúan ahí. Dedican sus días a enseñar ruso e inglés a su hijo y a organizar partidos de voleibol entre los demás refugiados.

“No estoy enojado con Estados Unidos… pero estoy en peligro real. No entiendo por qué no me dieron ni siquiera una oportunidad para explicar mi caso”, dice con desesperanza.

El precedente peligroso del caso de Abrego García

El caso de Abrego García sienta un precedente alarmante. A pesar de una orden judicial explícita para que el gobierno lo trajera de vuelta a EE.UU., la administración de Trump se ha negado, argumentando razones de seguridad nacional.

Su deportación en marzo se realizó a pesar de una decisión judicial de 2019 que lo protegía por enfrentar persecución por pandillas en El Salvador. En abril, tanto una jueza federal como la Corte Suprema ordenaron su regreso, sin éxito.

Mientras tanto, funcionarios de la administración aseguran en público que “no va a regresar”. La contradicción entre sus declaraciones públicas y la información presentada en los tribunales ha provocado cuestionamientos sobre el verdadero uso del llamado "privilegio de secretos de Estado".

¿Hacia dónde va el sistema de asilo en EE.UU.?

La era Trump ha reconfigurado el terreno legal y humanitario en la frontera sur. Lo que era visto como un derecho fundamental —solicitar asilo por persecución política, religiosa o étnica— se ha convertido en un procedimiento casi imposible que deja, según palabras del propio afectado, una sensación de traición.

“Creo todos los días que fallé a mi familia”, dice el ruso deportado. No es un sentimiento aislado, sino el reflejo de una política que, en palabras de miles de desplazados, les ha quitado no solo su derecho, sino su esperanza.

Fuentes consultadas: Informes de la ACLU, Immigrant Defenders Law Center, Global Strategic Litigation Council, Corte Suprema de EE.UU., entrevistas a refugiados.