Censura digital y derechos reproductivos: El otro frente de batalla para las mujeres en América Latina

Un nuevo tipo de censura: la digital

Organizaciones que han trabajado durante décadas ofreciendo información confiable y acompañamiento a mujeres que buscan interrumpir su embarazo legalmente en América Latina hoy enfrentan un enemigo inesperado: la censura de plataformas digitales como WhatsApp, Instagram y Facebook, todas pertenecientes al gigante tecnológico Meta.

Desde el bloqueo de cuentas empresariales en WhatsApp hasta la eliminación de publicaciones educativas en Instagram, el fenómeno ha crecido en los últimos años, especialmente desde 2024, afectando también a colectivos que trabajan en países donde el aborto es legal, como México y Colombia.

El caso de Fundación MSI en México

La Fundación MSI, que lleva años ofreciendo orientación médica legal sobre aborto en México, vio suspendida su cuenta empresarial de WhatsApp a inicios de 2025. “Bloquearon la comunicación entre nuestras asesoras y las mujeres que necesitan información de salud urgente”, declaró Araceli López-Nava, directora regional de MSI para América Latina. Esto provocó una caída del 80% en las citas médicas agendadas tras la suspensión inicial.

Si bien WhatsApp ofrece la opción de cuentas de empresa para facilitar la gestión de mensajes, la fundación descubrió que incluso este tipo de cuentas pueden ser vulneradas. El motivo, según Meta: “envío de spam”. Sin embargo, la organización solo ofrece asistencia a usuarias que las contactan primero. ¿Entonces, de dónde vienen estas quejas?

¿Coordinación antiaborto en el mundo digital?

Muchos de estos bloqueos presentan una sospechosa secuencia: primero, múltiples denuncias anónimas que llevan a una suspensión temporal; luego, una suspensión permanente. “Nos parece una estrategia orquestada”, remata López-Nava, sugiriendo la posible acción de grupos conservadores organizados que reportan masivamente estos canales como ofensivos.

El patrón se repite en otras ONG del continente. Oriéntame, organización colombiana con décadas de trabajo en salud sexual, vio suspendida su cuenta de WhatsApp en abril de 2025 y al menos 14 publicaciones bloqueadas en Instagram, incluyendo una ilustración con la frase “Aborta sin dolor”. En un país donde el aborto fue legalizado en 2022, la suspensión fue acompañada de la clasificación de su cuenta como “peligrosa”.

Meta y la censura algorítmica

Meta ha reconocido que muchas de estas suspensiones son resultado de su sistema de moderación automatizada, basado en denuncias de usuarios y análisis mediante Inteligencia Artificial. En teoría, esta tecnología está diseñada para detectar contenido ofensivo, spam o reglas violatorias, pero en la práctica ha demostrado un sesgo desproporcionado hacia contenido relacionado con derechos reproductivos de las mujeres.

Martha Dimitratou, estratega digital de Women on Web, una organización con sedes en Canadá y EE.UU., afirma: “No siempre es censura intencionada, pero el resultado es idéntico: más censura para nosotras que trabajamos por los derechos de las mujeres”.

¿Quién vigila a los gigantes tecnológicos?

Dimitratou destaca que los problemas comenzaron a raíz de la administración de Donald Trump en EE.UU., cuyas políticas promovieron cambios en la supervisión del contenido. “Casi siempre hay sospechas fundadas de acciones coordinadas por grupos conservadores”, añade.

En noviembre de 2024, justo después de las elecciones estadounidenses, las cuentas de Women on Web en Instagram fueron suspendidas. Aunque actualmente están activas, las restricciones persisten: Meta ha limitado sus capacidades para publicar anuncios en América Latina, Corea del Sur y África Occidental.

En cifras recopiladas por el proyecto Repro Uncensored, también cofundado por Dimitratou, se registraron al menos 60 casos de censura digital contra organizaciones proaborto entre enero y mayo de 2025.

La desinformación también juega

La represión digital no se limita a aplicaciones de mensajería. En Google, por ejemplo, Colombia continúa como país restringido para publicaciones sobre anuncios de aborto, a pesar de su despenalización en 2022. María Vivas, directora de Oriéntame, explicó que llevan años intentando negociar con Google sin éxito.

Esto tiene un gran impacto en cómo las mujeres acceden a información médica legal. “Es como si Meta fuera nuestro jefe”, ironiza Vivas. “Vivimos para responder a Meta, para adaptarnos a Meta. Eso es absurdo”.

El impacto humano y social

¿Qué pasa cuando desaparece la principal vía de contacto para acceder a un derecho? Para muchas mujeres en zonas rurales o en condiciones vulnerables, WhatsApp es más accesible que incluso una cita médica. El bloqueo de cuentas no solo corta una vía de comunicación, sino que también transforma el entorno legal, haciendo sentir culpables o criminales a quienes obraban dentro de la ley.

“Lo que necesitamos son canales seguros, no más obstáculos”, afirma Tatiana Martínez, encargada de redes sociales en Oriéntame. Ella advierte que, aunque lograron recuperar su WhatsApp empresarial, el miedo a nuevos bloqueos es constante.

La respuesta de Meta: ambigua y limitada

Cuando se le preguntó a un vocero de Meta sobre estos casos, respondió que las cuentas suspendidas lo fueron “por razones válidas” y que avisos previos fueron emitidos. No dieron detalles sobre las denuncias o el número de quejas recibidas. También admitieron que el contenido bloqueado en Instagram “fue eliminado por error”.

Pero para las organizaciones afectadas, eso no es suficiente. Han lanzado campañas y pedidos formales a Meta para implementar mecanismos de apelación transparentes y respetar los estándares internacionales de derechos humanos. Hasta el momento, no han recibido una respuesta satisfactoria.

Estrategias de resistencia

Frente al silenciamiento digital, estas organizaciones han optado por métodos creativos y resilientes. Por ejemplo:

• Administrar múltiples cuentas de respaldo en redes sociales.
• Manejar cuentas clonadas por si la oficial se suspende.
• Cambiar el lenguaje de las publicaciones para evitar palabras clave que activen los algoritmos de censura.
• Utilizar plataformas alternativas y canales cifrados.

Una lucha invisible, pero vital

Más allá de lo técnico, este conflicto representa una batalla por el acceso a derechos históricos. En Latinoamérica, donde los avances en derechos reproductivos son aún frágiles, la censura digital puede jugar el papel de anular conquistas legales sin necesidad de cambiar la ley.

Como señala el informe de Center for Intimacy Justice, basado en 159 organizaciones alrededor del mundo, muchas plataformas bloquean contenido sobre salud sexual y reproductiva bajo la excusa de “contenido explícito”, mientras se permite con facilidad la publicidad hipersexualizada para públicos masculinos.

La pregunta es entonces: ¿quién decide qué información merece circular? Y, sobre todo: ¿cuánto poder estamos entregando a empresas tecnológicas que no están sometidas al escrutinio democrático que protege los derechos fundamentales?

Mientras ese debate continúa, miles de mujeres siguen a la espera de respuestas, con la pantalla en blanco de un perfil suspendido o un mensaje que nunca llegó.