¿Vida o ley? El caso de Adriana Smith y el dilema moral que enfrenta Georgia

Un drama humano atrapado en una ley estatal

En Georgia, una tragedia familiar ha pasado a ser un ejemplo vívido y complejo del impacto que tienen las leyes antiaborto después de la anulación del fallo Roe vs. Wade en 2022. Adriana Smith, una madre de 30 años y enfermera de profesión, fue declarada con muerte cerebral tras sufrir coágulos en el cerebro. Sin embargo, desde hace más de tres meses permanece conectada a un soporte vital en el hospital Emory University de Atlanta. La razón no es médica ni humanitaria: su cuerpo mantiene un embarazo de 21 semanas, y la ley de Georgia impide que se le retire el soporte porque significaría, legalmente, cometer un aborto.

Este caso, más allá de su tragedia individual, desnuda cómo la política puede imponerse sobre el cuerpo humano, incluso cuando ya se ha extinguido la vida. ¿Hasta dónde debe llegar una legislación en nombre de la protección de la vida? ¿Dónde termina el interés legítimo del Estado y empieza la libertad para tomar decisiones médicas informadas por parte de la familia? Este artículo se sumerge en el caso de Smith para reflexionar sobre los dilemas bioéticos, legales y humanos que afloran en tiempos de políticas antiaborto cada vez más draconianas en Estados Unidos.

Muerte cerebral y soporte artificial: ¿quién está realmente vivo?

La madre de Adriana, April Newkirk, relató que su hija había sufrido intensos dolores de cabeza y al día siguiente fue encontrada por su pareja gasping por aire. En el hospital los médicos determinaron que había sufrido coágulos cerebrales y fue declarada con muerte cerebral. En términos médicos y legales, eso significa que está muerta.

La muerte cerebral, según el Uniform Determination of Death Act adoptado en muchos estados de EE.UU., equivale al fallecimiento completo del individuo. No obstante, su cuerpo continúa mantenido por sistemas artificiales únicamente con el objeto de prolongar el desarrollo fetal. Aquí es donde la biología y la jurisprudencia chocan de frente: ¿quién tiene prioridad, un cuerpo legalmente muerto o un feto con daño cerebral potencial?

La ley de Georgia y el concepto de 'persona' desde la concepción

La ley estatal antiaborto de Georgia, aprobada en 2019 pero implementada tras la decisión Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, establece una prohibición del aborto una vez se detecta actividad cardíaca fetal, es decir, alrededor de las seis semanas de gestación. Una particularidad de esta ley es que le otorga personalidad legal al feto, un concepto promovido por sectores provida que buscan que embriones y fetos tengan los mismos derechos que los ya nacidos.

En palabras del senador estatal Ed Setzler, principal impulsor de la legislación: “Creo que hay una vida humana valiosa que tenemos la oportunidad de salvar.”

Así, la ley obliga a los hospitales a mantener con vida a personas embarazadas aún cuando estén legalmente muertas, si así se permite el nacimiento del feto. Cabe señalar que la ley incluye excepciones, como cuando la vida de la madre corre peligro, pero no está claro cómo aplicar eso en un caso donde la madre ya está clínicamente fallecida.

Un dilema familiar sin salida legal clara

La familia de Smith vive hoy una pesadilla prolongada. Su madre y su hijo de cinco años la siguen visitando al hospital, mientras observan cómo su cuerpo es sostenido por máquinas.

La abuela del feto ha declarado que los médicos advirtieron que el bebé podría nacer con serios problemas neurológicos, como ceguera o parálisis, debido a la falta de oxigenación y posibles anomalías como líquido en el cerebro. A pesar de estas señales negativas, la ley impide decidir de forma diferente.

“Su familia merecía el derecho de tomar decisiones médicas por ella. En lugar de eso, han soportado más de 90 días de retraumatización, costes médicos altísimos y la crueldad de no poder iniciar siquiera el duelo”, comentó Monica Simpson, directora ejecutiva de SisterSong, organización que lidera el litigio contra la ley antiaborto de Georgia.

¿Quién tiene el derecho de decidir?

Este caso plantea preguntas fundamentales: ¿debe el gobierno tener más poder que la familia o el cuerpo médico en decisiones íntimas sobre la vida y la muerte? ¿Puede una ley imponerse aún cuando no existe mínima probabilidad de recuperación y la calidad de vida del futuro bebé es altamente cuestionable?

Para la bioeticista Lois Shepherd, profesora de Derecho en la Universidad de Virginia, “no hay indicios de que la ley requiera mantener con soporte artificial a una persona con muerte cerebral”. Pero también reconoce que tras el caso Dobbs, los derechos del feto han quedado en un limbo legal con potencial amplio para nuevas interpretaciones judiciales.

El precedente legal en Texas en 2014 sugiere que incluso en estados muy conservadores, obligar a mantener con vida a una mujer fallecida por estar embarazada puede rozar lo inconstitucional. En ese caso, un juez ordenó desconectar a Marlise Muñoz, otra mujer con muerte cerebral, aplicando una interpretación distinta de la ley texana.

¿La autonomía corporal ha muerto también con Roe vs. Wade?

Desde la anulación en 2022 del fallo que por casi 50 años garantizó el acceso al aborto a nivel federal, distintos estados han adoptado medidas restrictivas. En total, 12 estados han prohibido completamente el aborto, y otros como Georgia lo han limitado a estadios muy tempranos del embarazo.

Esto ha provocado una ola de historias similares: mujeres con embarazos no viables, embarazos con anomalías severas o incluso embarazos ectópicos, enfrentando trabas legales para obtener abortos incluso bajo riesgo de vida.

En Texas, una reciente decisión judicial denegó a varias mujeres la posibilidad de abortar pese a complicaciones médicas severas, reafirmando el poder restrictivo de las leyes estatales aun en emergencias médicas.

¿Qué dice la ciencia médica?

Desde el punto de vista médico, mantener con vida a una persona con muerte cerebral solo se justifica si existe una utilidad para fines como donación de órganos. El uso prolongado de máquinas para mantener soporte artificial en interés exclusivo de un feto —aún más si existe sospecha de daño neurológico severo— plantea un uso éticamente dudoso de recursos médicos.

La American Medical Association no establece protocolos únicos para estos casos y deja en manos de consejos éticos hospitalarios explorar enfoques colaborativos con las familias. Sin embargo, muchos médicos en estados con leyes antiaborto sienten que sus manos están atadas.

Una sociedad dividida y alienada

Este tipo de casos intensifican una división ideológica peligrosa en Estados Unidos. Mientras unos celebran la protección fetal a cualquier costo, otros denuncian que se están perdiendo derechos humanos básicos como el derecho al duelo, a decidir en familia y al uso prudente de la medicina.

Se estima que el soporte vital por tres meses puede costar entre 200.000 y 300.000 dólares, una cifra que suele ser asumida por el seguro o el hospital si la paciente no cuenta con recursos. Todo esto ocurre sobre un cuerpo que está legalmente muerto, por decisión del Estado.

Una democracia robusta necesita ponderar los derechos en tensión. La moral colectiva no puede construirse sin dolorosas preguntas: ¿qué significa ser humano? ¿Quién debe decidir sobre una vida cuando ya no hay vida?