¿Ciudadanía de nacimiento en riesgo? El histórico debate que vuelve a sacudir a EE.UU.

Una nueva batalla legal por la ciudadanía en Estados Unidos

El debate sobre la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos ha resurgido con fuerza en los tribunales y ante la opinión pública. En el centro de la controversia está un intento del expresidente Donald Trump por anular el derecho automático a la ciudadanía para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense.

Este movimiento ha sido categóricamente bloqueado en numerosos tribunales federales, y ahora es la Corte Suprema la que se prepara para abordar esta intensa disputa. La cuestión gira en torno a la interpretación de la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda y al alcance que pueden tener los jueces para frenar iniciativas políticas a nivel nacional.

La Decimocuarta Enmienda: un legado legal vital

La Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, establece una base clara para la ciudadanía: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos.” Esta cláusula fue, y sigue siendo, una piedra angular en la protección de los derechos constitucionales.

La interpretación dominante ha sido que cualquier persona nacida en el país (excepto hijos de diplomáticos o fuerzas enemigas en ocupación) tiene derecho pleno a ser ciudadano estadounidense. Esta interpretación fue confirmada por la Corte Suprema en 1898 con el caso United States v. Wong Kim Ark, un fallo de 6-2 que ha perdurado como precedente clave.

El caso Wong Kim Ark: precedente irrevocable según muchos jueces

En 1898, la Corte resolvió que Wong Kim Ark, hijo de inmigrantes chinos nacidos en San Francisco, era ciudadano estadounidense pese a que sus padres no tenían ciudadanía. El juez Horace Gray explicó que la enmienda incluye a “todos los niños nacidos en el territorio y bajo la protección del país, con excepciones puntuales como hijos de diplomáticos o enemigos en ocupación hostil.”

Estas palabras hoy cobran mayor relevancia, ya que jueces federales han reiterado una y otra vez su validez al evaluar el intento de Donald Trump de anular este derecho.

La ofensiva de Trump y su bloqueo judicial generalizado

El expresidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva —uno de sus primeros actos al asumir el cargo— que buscaba limitar la nacionalidad automática a hijos de personas presentes ilegalmente en el país. Dicha política fue rápidamente bloqueada en múltiples tribunales, de forma unánime.

El juez federal John Coughenour, en Seattle, fue contundente: “No recuerdo un caso tan claro como este. Es una orden inconstitucional manifiesta.”

Cuatro jueces federales y tres tribunales de apelaciones coincidieron en que dicha medida no tiene sustento legal. Pero, más allá del fondo, también surgió un debate sobre los “interdictos universales”, es decir, si un juez puede bloquear una política en todo el país y no solo para los demandantes.

Daños inmediatos: ciudadanía y efectos duraderos para la infancia

Jueces como Leo Sorokin (Boston) señalaron que revocar la ciudadanía, aunque sea temporalmente, expone a los niños a una cadena de consecuencias: restricciones para recibir atención médica básica, riesgo de deportación, separación familiar y estrés emocional permanente.

“Estar sin una ciudadanía reconocida puede dejar cicatrices para toda la vida,” subrayó Sorokin. Y añadió que el precedente legal es tan robusto que ni siquiera la administración presentó argumentos sólidos para cambiarlo.

Una decisión judicial uniforme a lo largo de EE.UU.

La jueza Deborah Boardman, desde Maryland, fue aún más firme: “Ninguna corte ha validado la interpretación de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento. Estas personas han sido consideradas ciudadanos desde la ratificación de la enmienda.”

Además, justificó el alcance nacional de su sentencia debido a que una de las organizaciones demandantes, ASAP, tiene miembros en los 50 estados. “Esta política afecta la ciudadanía, un tema nacional que requiere uniformidad.”

Appelaciones y reacciones divididas en las Cortes de Circuito

En la Corte del 9º Circuito, la jueza Danielle Forrest, nominada por Trump, se unió a la mayoría al rechazar que la administración enfrentara un daño “irreparable” si no se implementaba la orden de inmediato. “La excepción propuesta nunca ha sido aceptada por el poder judicial,” concluyó.

El 1º Circuito también fue tajante. El juez David Barron declaró que el gobierno “declinó argumentar siquiera que tenía probabilidad de éxito en demostrar que la orden era constitucional.”

En tanto, el 4º Circuito tuvo una votación 2-1 rechazando suspender las sentencias previas. Los jueces Harris y Gregory advirtieron que permitir la aplicación de la orden causaría “confusión e inestabilidad en el sistema administrativo de certificados de nacimiento”.

Sin embargo, el juez Paul Niemeyer disintió, argumentando que el asunto no era el contenido de la orden sino si los jueces podían aplicarla a todas las personas en el país.

El trasfondo político: Trump vs. el multiculturalismo

Este intento por cambiar la interpretación de la Decimocuarta Enmienda forma parte de un plan mayor de Donald Trump para redefinir muchos fundamentos del sistema estadounidense. Su administración ha buscado el desmantelamiento de programas de diversidad e inclusión, ha cuestionado políticas migratorias existentes desde hace décadas, y ahora presiona sobre uno de los principios fundacionales del país: el derecho de adquirir ciudadanía por nacer en suelo estadounidense.

Pero las cortes federales han actuado como contrapeso, defendiendo interpretaciones legales con siglos de historia, respaldadas por fallos firmes y una tradición de inclusión que, hasta ahora, ha prevalecido.

¿Qué está en juego ahora?

La Corte Suprema ahora debe responder no solo si un presidente puede reconfigurar unilateralmente la ciudadanía, sino también si los jueces pueden emitir dictámenes que afecten a todo el país, algo cada vez más común ante políticas federales controvertidas.

El resultado de este caso podría reconfigurar el futuro de la interpretación constitucional, influir en millones de vidas y definir el equilibrio de poder entre Ejecutivo y Judicial. Se trata de algo más que una cláusula legal; es el alma misma de la ciudadanía estadounidense lo que se pone a prueba.

Como dice la activista legal Karen Tumlin, “la Decimocuarta Enmienda significa que la ciudadanía no depende de apellidos, de estatus migratorio de los padres, ni de la voluntad del presidente en turno. Es una promesa constitucional.”