Zona de Defensa Nacional en la Frontera: La Nueva Frontera Militarizada de Estados Unidos

¿Una nueva etapa en la política migratoria o un retroceso a prácticas inconstitucionales?

Desde finales de abril, el gobierno de EE. UU., bajo un nuevo enfoque promovido por la administración Trump, ha comenzado a aplicar cargos penales por “acceso no autorizado” contra varios cientos de migrantes que cruzaron zonas recientemente declaradas como Zonas de Defensa Nacional en la frontera entre Nuevo México y Texas Occidental. Esta estrategia, que precede a una mayor militarización del control fronterizo, representa un cambio profundo —y preocupante— en la manera de abordar la migración irregular.

¿Qué es una Zona de Defensa Nacional y por qué es tan polémica?

Las Zonas de Defensa Nacional ("National Defense Areas") son regiones en las que el gobierno, bajo la autoridad del Departamento de Defensa, puede imponer regulaciones excepcionales usualmente reservadas para instalaciones militares. Su uso tradicional está ligado a contextos de defensa estratégica, pero ahora se han extendido a una franja fronteriza de casi 180 millas (unos 290 km) solo en Nuevo México.

La inclusión de estas áreas como zonas restringidas ha sido supervisada por comandos militares establecidos en Fort Bliss (Texas) y Fort Huachuca (Arizona). Aunque legalmente se autoriza a los soldados a detener migrantes, hasta la fecha no hay constancia de que esto se haya ejecutado; en cambio, la Patrulla Fronteriza ha seguido a cargo de los arrestos.

Cargos penales para los migrantes: ¿Justicia o criminalización innecesaria?

Los migrantes que cruzan estas zonas enfrentan ahora dos posibles cargos: uno por entrada irregular al país —un delito menor punible hasta con seis meses de prisión— y otro, más novedoso y grave, por violación de regulaciones de seguridad nacional al traspasar propiedades militares restringidas, lo que puede conllevar hasta 18 meses de prisión adicionales.

Esto significa que una persona que antes habría estado detenida administrativamente y posiblemente liberada mientras su caso era evaluado, ahora podría pasar hasta dos años en prisión federal antes de enfrentar procesos administrativos de inmigración.

¿Es esta medida legal? Las defensas y el debate en los tribunales

El defensor público federal con sede en Las Cruces, Nuevo México, ha presentado más de 400 casos de este tipo y sostiene que la persecución penal basada en normas militares es, al menos, jurídicamente cuestionable. Alegan que para imputar este nuevo cargo, se debería demostrar que los migrantes conocían la existencia de esas zonas restringidas y que cruzaron con una intención maliciosa.

Según la Fiscalía estadounidense en Nuevo México, dirigida por Ryan Ellison (nombrado en abril de este año), se han colocado cientos de señales de advertencia en inglés y español que indican que el paso está prohibido por normas del Departamento de Defensa. Ellison sostiene que quienes cruzan lo hacen “en violación deliberada de la ley federal”.

El poder judicial en tensión

El juez magistrado federal Gregory Wormuth ha solicitado definiciones más claras por parte de defensores y fiscales sobre cuál debe ser el estándar de prueba en estos casos, dada la “naturaleza sin precedentes” de estas acusaciones penales. Esto refleja la dificultad judicial de encajar estas prácticas modernas en una normativa legal construida sobre otros supuestos.

El Departamento de Justicia ha advertido a Wormuth contra la posibilidad de emitir opiniones legales “asesoras” sobre la constitucionalidad de normativas militares en este contexto, lo que sugiere una resistencia institucional a transparentar completamente las implicaciones legales de estas nuevas medidas.

Militarizar la frontera: ¿una medida necesaria o una trampa constitucional?

Desde hace décadas, sectores conservadores en EE. UU. han abogado por un mayor rol de las Fuerzas Armadas en el control fronterizo. Sin embargo, este tipo de medidas emergen en una delgada línea entre la seguridad nacional y el respeto a los derechos fundamentales, particularmente los derechos de asilo y debido proceso.

La ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), a través de su abogada Rebecca Sheff, ha manifestado que estas expansiones del rol militar en contextos civiles “son una amenaza para las libertades básicas”. Según Sheff, estas zonas restringidas afectan también a ciudadanos estadounidenses que viven cerca de la frontera, alterando la vida de comunidades rurales que históricamente han accedido libremente a estos territorios para pastoreo, recreación o agricultura.

“La extensión de las bases militares es una restricción seria. Impacta enormemente a las familias que viven cerca de la frontera” —Rebecca Sheff, ACLU.

El silencio que estremece: ¿Quién vigila a los soldados?

Una gran preocupación gira en torno a la falta de supervisión civil en estos espacios. Aunque la ley establece que los militares pueden detener migrantes, en la práctica no hay registros claros sobre cómo se implementará esta autoridad. Tampoco se estipulan mecanismos de control o transparencia para proteger a migrantes de posibles abusos por parte de cuerpos armados.

• ¿Qué sucederá si un inmigrante es herido en estos territorios?
• ¿Qué tipo de entrenamiento reciben los soldados para tratar con civiles no armados y en situación de vulnerabilidad?
• ¿Habrá posibilidad de apelar judicialmente los cargos impuestos bajo estas regulaciones militares?

Precedentes y contexto histórico

El uso de propiedades federales como espacios de detención o vigilancia no es nuevo. Sin embargo, otorgar al ejército el poder de restringir el acceso de civiles dentro del territorio de EE. UU. genera recuerdos inquietantes en la historia del país, como la reclusión de ciudadanos de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial en campos militares.

Esta estrategia ocurre también en un contexto de niveles históricos bajos de arrestos migratorios, lo que pone en entredicho el argumento de una “crisis explosiva” para justificar esta escalada militar. Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, los arrestos en la frontera han descendido a los niveles más bajos desde mediados de los años 60.

¿Un regreso al uso de la fuerza como disuasión?

Los expertos han debatido durante años la eficacia de criminalizar la inmigración como medida disuasiva. Numerosos estudios han demostrado que factores como la violencia en los países de origen, el hambre o la reunificación familiar son más poderosos que cualquier medida punitiva al otro lado de la frontera.

El senador demócrata por Nuevo México, Martin Heinrich, ha expresado su preocupación por el hecho de que “cualquier persona” —incluso ciudadanos estadounidenses— pueda ser detenida por soldados simplemente por cruzar una zona previamente utilizada por ganaderos y comunidades rurales. En su carta al secretario de Defensa Pete Hegseth, Heinrich llama a revisar profundamente el alcance de estas políticas.

Militares al mando: Declaraciones para la polémica

El secretario de Defensa Hegseth ha defendido enérgicamente esta política. En una publicación en la red social X (anteriormente Twitter), advirtió:

“Que quede claro: si cruzas a la Zona de Defensa Nacional, serás imputado con TODO el peso de la ley.” —Pete Hegseth, secretario de Defensa.

Este tipo de declaraciones no solo intensifican el tono de confrontación, sino que ignoran las complejidades humanas detrás de la migración, como el derecho a solicitar asilo —establecido tanto en la legislación estadounidense como en los acuerdos internacionales.

¿Y ahora qué? Lo que puede venir

La legalidad de estas nuevas acusaciones podría enfrentarse en tribunales superiores, si se considera que violan derechos constitucionales como el debido proceso o el derecho a la defensa. Además, puede haber un efecto domino si esta política se extiende a otras zonas de la frontera, sobre todo cuando otras administraciones tomen el poder y construyan sobre estos precedentes.

En un año electoral como 2024, la inmigración vuelve a ser un campo minado donde el diseño de políticas se mezcla con la retórica populista. Lo que está en juego no es solo el derecho de migrar, sino la misma naturaleza del sistema legal estadounidense: su compromiso con la justicia, la proporcionalidad y los derechos humanos.