PFAS: El veneno invisible en nuestra agua potable y el debate por su regulación en EE.UU.
Mientras la EPA flexibiliza límites, millones podrían seguir expuestos a sustancias tóxicas que ya están vinculadas a cáncer, enfermedades cardiovasculares y más
¿Qué son los PFAS y por qué deberían importarte?
Los PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) son un grupo de más de 12,000 compuestos químicos desarrollados en laboratorio, utilizados desde la década de 1940 en miles de productos industriales y de consumo. Desde sartenes antiadherentes, ropa resistente a manchas y envases de alimentos, hasta espumas contra incendios y componentes electrónicos, estas sustancias están en todas partes. Su resistencia a la degradación les ha dado el alias de “químicos eternos”.
Lo inquietante de los PFAS es su persistencia ambiental y bioacumulación, propiedades que los hacen casi indestructibles en la naturaleza y peligrosos para la salud humana. Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la exposición a estas sustancias se ha asociado con:
- Cierto tipo de cáncer como testicular, renal y de hígado.
- Enfermedades cardiovasculares.
- Problemas reproductivos y nacimientos prematuros o con bajo peso.
- Sistemas inmunitarios más débiles, que afectan incluso la eficacia de vacunas.
La histórica regulación de 2023: una victoria efímera
En 2023, la administración Biden anunció lo que muchos ambientalistas consideraron un hito: por primera vez a nivel federal, se establecieron límites en el agua potable para seis de los PFAS más comunes. En especial, se fijó un estándar para PFOA y PFOS –los dos más estudiados– en 4 partes por billón (ppt). Esta cantidad equivale a unas gotas en una piscina olímpica, mostrando cuán peligrosos son incluso en mínimas concentraciones.
La medida prometía proteger a más de 100 millones de estadounidenses, obligando a los servicios de agua a analizar sus fuentes y, si fuese necesario, implementar tecnología de tratamiento avanzado para eliminar estos tóxicos antes de 2029.
El repliegue de 2024: peligro bajo revisión
Sin embargo, en mayo de 2024, esa promesa ha comenzado a deshilacharse. La EPA informó que reconsiderará algunos de los limitantes fijados en 2023. Tres tipos de PFAS en particular, incluido GenX –un reemplazo de PFOA ampliamente usado en Carolina del Norte– quedan excluidos de regulación inmediata. También se ha anulado temporalmente el límite combinado para mezclas de varios PFAS.
La agencia defiende la medida como una "flexibilidad de sentido común", argumentando que busca más datos y revisión científica antes de imponer reglas costosas. A cambio, anuncia una prórroga hasta el 2031 para que las empresas de agua cumplan con los límites de PFOA y PFOS.
“Estamos en camino de mantener los estándares nacionales para proteger a los estadounidenses del PFOA y PFOS. Al mismo tiempo, ofreceremos un plazo adicional para cumplir”, indicó Lee Zeldin, administrador de la EPA.
Reacciones encendidas: entre la indignación y la preocupación
Las reacciones no tardaron. Diversos expertos y organizaciones medioambientales criticaron duramente la decisión del gobierno:
“Con un solo trazo, la EPA está haciendo una burla de la promesa del gobierno de brindar agua limpia. Esto pone en riesgo a millones”, expresó Erik Olson, director del Natural Resources Defense Council.
Para muchos activistas, el retroceso obedece a presiones políticas y económicas de grandes corporaciones, especialmente aquellas del sector químico, que han invertido millones en cabildeo.
¿Por qué cuesta tanto eliminarlos?
Eliminar los PFAS del agua potable no es tarea sencilla. Requiere tecnologías como ósmosis inversa, adsorción en carbón activado o resinas de intercambio iónico, todas costosas y difíciles de implementar en áreas rurales o sistemas de agua pequeños.
Un informe del Consejo Nacional de Investigación de EE.UU. (2022) estima que el tratamiento de agua potable contaminada con PFAS costaría más de $3,500 millones anuales a nivel nacional.
Casos emblemáticos: North Carolina, Michigan y más
Carolina del Norte ha sido epicentro de uno de los más notables desastres por contaminación de GenX. La planta de DuPont (hoy Chemours) liberó por años vertidos de esta sustancia en el río Cape Fear. Estudios revelaron la presencia del químico en la sangre de miles de residentes, algunos con severos problemas de salud.
En Michigan, pruebas entre 2017 y 2020 hallaron niveles elevados de PFAS en más de 700 sitios, incluyendo bases militares, aeropuertos y zonas residenciales. El estado ha invertido más de $40 millones en campañas de limpieza y educación pública.
El riesgo invisible: ¿quiénes están más expuestos?
Estudios han demostrado que comunidades de bajos ingresos, áreas rurales y personas racializadas son más propensas a vivir cerca de sitios con alta presencia de PFAS. Es decir, el problema también es social y estructural.
Chris Sellers, profesor de Historia Ambiental en SUNY Stony Brook indica: "Este es otro ejemplo de racismo ambiental. Quienes menos recursos tienen, son los más expuestos y tienen menos capacidad de exigir justicia".
Panorama legal y acciones judiciales
En paralelo, fabricantes como 3M, DuPont y Chemours enfrentan miles de demandas. En uno de los acuerdos más significativos, 3M acordó pagar más de $10,000 millones para resolver litigios relacionados con el agua contaminada en múltiples estados.
Las cortes también han comenzado a reconocer el daño. En Hawái, una jueza otorgó $680,000 a 17 familias expuestas a agua contaminada con combustible y PFAS en una base naval.
¿Qué puede hacer el consumidor común?
- Filtrar el agua: Investiga si tu fuente de agua ha sido analizada y considera usar filtros certificados (NSF/ANSI 53 o 58) que eliminan PFAS.
- Evita productos con fluorados: Busca etiquetas como "resistentes a manchas", "antiadherente", "resistentes al agua" y desconfía.
- Presiona políticamente: Puedes contactar a tus representantes y apoyar iniciativas para exigir mayor regulación de contaminantes en el agua.
- Sigue la información local: Muchos departamentos de agua publican resultados sobre contaminantes en sus páginas web.
El dilema de la salud pública y la economía
La decisión de la EPA refleja un problema mucho más profundo: el conflicto entre salud pública y viabilidad económica. ¿Cuánto vale prevenir miles de casos de cáncer? ¿Puede sostenerse un sistema nacional de agua limpia si depende únicamente de regulaciones voluntarias o flexibles?
Muchos expertos advierten que no debe pasarse por alto el principio de precaución. El hecho de que no haya estudios concluyentes para TODOS los PFAS no implica que sean inocuos. Al contrario, su estructura molecular sugiere que miles de ellos podrían tener efectos similares a los ya conocidos. Como dice Linda Birnbaum, exdirectora del Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental:
“Cuando vemos un patrón tan claro de daño con algunos PFAS, asumir que otros no son tóxicos hasta que se pruebe lo contrario es irresponsable”.
Aún queda mucho por definir
Mientras tanto, millones de estadounidenses seguirán bebiendo, sin saberlo, agua con PFAS. Y mientras los límites se renegocian y recalculan, la confianza pública en la protección ambiental se erosiona un poco más.
¿Quién responde por la salud futura de los niños expuestos? ¿Y quién repara los daños a comunidades enteras que han vivido por décadas con químicos invisibles en las venas?
Los "forever chemicals" están aquí. Pero no tienen por qué quedarse.