Justicia bajo asedio: las sanciones de Trump contra la CPI y el dilema del derecho internacional

Trump vs. la justicia internacional: una campaña de represalia

Desde su regreso a la presidencia, Donald Trump ha resucitado su cruzada contra la Corte Penal Internacional (CPI), imponiendo sanciones sin precedentes contra su fiscal jefe, Karim Khan. Estas medidas incluyen el congelamiento de sus cuentas bancarias, la pérdida de acceso a su correo electrónico y la imposibilidad de ingresar a Estados Unidos. Además, cualquier ayuda financiera, tecnológica o material prestada a Khan por parte de individuos o instituciones americanas podría acarrear multas o incluso prisión.

Las sanciones se impusieron poco después de que un panel de jueces de la CPI emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Estados Unidos, un aliado histórico de Israel, reaccionó con agresividad, acusando a la CPI de acciones “ilegítimas y sin fundamentos”.

Esta ofensiva ha paralizado varias investigaciones del tribunal y ha sumido a la institución en una crisis sin precedentes. Más allá del impacto inmediato, plantea una pregunta incómoda: ¿puede el derecho internacional sobrevivir al unilateralismo estadounidense?

Un tribunal desarmado: el talón de Aquiles de la CPI

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, fue creada en 1998 con el espíritu del Estatuto de Roma, firmado por 123 países. Su misión: procesar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidios cuando los tribunales nacionales no quieran o no puedan hacerlo.

Sin embargo, la CPI no posee una fuerza policial propia. Depende completamente de la cooperación de los Estados miembro para hacer cumplir sus órdenes. En el último año, tres países —incluidos dos de la Unión Europea— se han negado a ejecutar órdenes de arresto, lo que refleja su creciente vulnerabilidad.

Esto se agrava por el retiro operativo de organizaciones no gubernamentales y empresas privadas que apoyaban las investigaciones del tribunal —incluyendo gigantes como Microsoft, que retiró el correo oficial de Khan. Algunas ONG han desviado fondos fuera de bancos estadounidenses por miedo a represalias legales.

Sanciones que rompen redes de justicia global

“Estas sanciones impedirán que las víctimas logren acceso a la justicia”, advirtió Liz Evenson, directora de justicia internacional de Human Rights Watch. La declaración resume el impacto devastador que estos castigos tienen sobre cientos de casos en marcha.

Por ejemplo, la investigación contra el expresidente sudanés Omar al-Bashir por genocidio se ha estancado, a pesar del resurgimiento de atrocidades en ese país. El fiscal estadounidense Eric Iverson, que trabaja en el caso, ha tenido que presentar una demanda federal en EE. UU. para defenderse legalmente de las sanciones, aludiendo a que ni siquiera puede ejercer tareas legales básicas sin riesgo penal.

Un clima de miedo e inestabilidad dentro de la Corte

La presión del gobierno estadounidense ha generado una atmósfera sofocante dentro de la CPI. Algunos trabajadores estadounidenses no se atreven a volver a su país ni a responder correos institucionales, por miedo a ser detenidos. Seis altos funcionarios ya han abandonado la institución, sumiendo aún más en la incertidumbre al organismo internacional.

“Uno se pregunta si la corte podrá sobrevivir cuatro años más de esta presión”, declaró anónimamente un alto funcionario de la CPI.

No es la primera vez: el regreso de viejos fantasmas

Esta no es la primera vez que Trump arremete contra la Corte Penal Internacional. En 2020, durante su mandato anterior, también impuso sanciones a la entonces fiscal Fatou Bensouda por investigar los crímenes cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán. Joe Biden las anuló al llegar al poder, pero la nueva embestida sugiere que una doctrina de aislamiento judicial está en plena reactivación.

Trump ha defendido sus sanciones argumentando que la CPI viola la soberanía de EE. UU. e Israel y que pone en peligro a sus soldados. Sin embargo, estas acciones socavan directamente la credibilidad de un tribunal diseñado para actuar como último recurso cuando fallan los mecanismos judiciales nacionales.

¿Justicia para quién? El debate sobre la jurisdicción de la CPI

Uno de los argumentos recurrentes de Washington es que la CPI no tiene jurisdicción sobre Israel, ya que este nunca ha ratificado el Estatuto de Roma. Sin embargo, la Autoridad Palestina sí es firmante, y los crímenes investigados ocurrieron en Gaza y Cisjordania, territorios bajo su reclamación.

Este vacío legal se ha vuelto un campo de batalla diplomático, donde se enfrentan la legalidad técnica y la legitimidad moral. Como resalta el experto en derecho internacional Philippe Sands: “Negar jurisdicción no equivale a negar la existencia de crímenes.”

Repercusiones: ¿quién teme a la Corte Penal Internacional?

El precedente que establece Estados Unidos es preocupante. Si una superpotencia puede dictar qué procesos judiciales son válidos o nulos para proteger a sus aliados, ¿qué impide que otros países adopten una postura similar?

• ¿Y si Rusia o China aplicaran sanciones a jueces internacionales?
• ¿Qué ocurrirá si Arabia Saudita decide bloquear financieramente futuras investigaciones?
• ¿Cómo se protegerán los defensores de derechos humanos en países con gobiernos autoritarios?

La neutralidad del derecho internacional está en juego. Y con ella, la posibilidad de que víctimas de guerras, dictaduras o limpiezas étnicas encuentren justicia fuera de sus propios territorios.

Khan bajo presión interna

Como si la presión externa no fuera suficiente, el fiscal Karim Khan enfrenta también conflictos internos. Según una investigación revelada recientemente, dos funcionarias lo han acusado de acoso sexual y represalias internas por haberlas denunciado. Aunque el fiscal lo niega, la ONU ha iniciado una investigación al respecto.

Este escándalo ha complicado aún más la percepción pública de la CPI y ha debilitado el liderazgo interno en un momento en que la unidad resulta crucial para su supervivencia.

Una guerra legal entre potencias y principios

Estamos ante una colisión frontal entre la justicia internacional y los intereses geopolíticos. El caso actual pone en evidencia la debilidad de una arquitectura legal mundial que depende de la voluntad de las potencias. Aunque la CPI fue creada para ser una esperanza para las víctimas, se encuentra en una encrucijada marcada por sanciones, bloqueos, desprestigio y falta de respaldo político.

En un sistema internacional ya desestabilizado por guerras, populismos y tensiones multilaterales, destruir los pocos órganos que representan justicia transnacional parece un lujo que nadie puede permitirse. Pero si algo queda claro tras el ataque de Trump al tribunal es que ningún organismo legal es inmune al poder de la soberanía.