Hungría bajo vigilancia: Orbán y la peligrosa expansión del control estatal

Una nueva ofensiva contra la sociedad civil

El gobierno de Hungría, liderado por el nacionalista Viktor Orbán, ha presentado un nuevo proyecto de ley que representa una de las mayores amenazas recientes contra la libertad de expresión y el activismo independiente en Europa. La legislación propone ampliar los poderes de la controvertida Oficina de Protección de la Soberanía, permitiéndole perseguir y sancionar a organizaciones civiles y medios de comunicación que el Estado considere una 'amenaza a la soberanía nacional'.

Esta iniciativa se enmarca en una tendencia cada vez más preocupante dentro de los gobiernos autoritarios de Europa Central y del Este, que utilizan la retórica nacionalista para justificar la represión de voces críticas. Orbán ha mantenido el poder desde 2010, convirtiéndose en el líder más longevo de la Unión Europea, y ha construido lo que él mismo denomina una “democracia iliberal” en Hungría.

¿Qué dice la ley?

El proyecto presentado por el partido Fidesz facultaría al gobierno a:

• Incluir a organizaciones en una lista negra mediante decreto gubernamental.
• Retirarles financiamiento vital, incluidos los fondos provenientes del programa del 1% del impuesto sobre la renta húngaro destinado a ONGs.
• Imponer multas de hasta 25 veces el valor de cualquier donación extranjera recibida.
• Requerir que las ONGs obtengan autorización previa para aceptar financiamiento desde el extranjero.
• Obligar a los ciudadanos que donen a declarar bajo juramento que sus fondos no proceden del exterior.

Además, incluso las críticas legítimas a políticas gubernamentales sobre valores como la unidad nacional, la familia tradicional o la cultura cristiana podrían considerarse “peligros para la soberanía”.

Un eco de Moscú

La nueva medida ha suscitado comparaciones inmediatas con la ley de agentes extranjeros de Rusia, implementada por primera vez en 2012. Dicha legislación ha sido utilizada por el Kremlin para silenciar a organizaciones defensoras de derechos humanos como Memorial o la prensa independiente, al catalogarlas como amenazas al Estado por recibir fondos del extranjero.

En Hungría, esta nueva norma parece seguir un camino similar. La Oficina de Protección de la Soberanía fue creada en 2023, ya entonces con la misión de “investigar influencias extranjeras”. La oficina coopera directamente con los servicios secretos del país y puede emprender acciones legales contra cualquier entidad —o individuo— que considere promotora de intereses foráneos.

Como advirtió el politólogo Peter Kreko, director ejecutivo del instituto Political Capital en Budapest: “Este es el siguiente nivel en la erosión del espacio cívico húngaro. Orbán está implementando una máquina legal para eliminar toda forma de disidencia organizada.”

El contexto electoral

Este endurecimiento del aparato legal llega en un momento clave: Orbán se enfrenta a elecciones el próximo año y, por primera vez en una década y media, su hegemonía podría estar en entredicho.

La oposición en Hungría ha mostrado signos de unidad, y aunque aún con claras limitaciones, algunos líderes políticos y alcaldes independientes han ganado peso en importantes ciudades como Budapest. La respuesta de Orbán ha sido doble: fortalecer su hegemonía mediática (más del 80% de los medios están ahora en manos cercanas al gobierno o bajo control estatal) y aplicar mayores restricciones a quienes aún ejercen control escaso desde la sociedad civil.

El factor financiero: ONGs y medios en la cuerda floja

Uno de los aspectos más alarmantes del proyecto de ley es su objetivo de asfixiar económicamente a medios y ONGs.

Numerosas organizaciones humanitarias y medios independientes han sobrevivido en los últimos años gracias a fondos internacionales: desde la Open Society Foundations (antes dirigida por George Soros) hasta subsidios europeos o cooperación internacional.

Ya en 2017, el gobierno húngaro aprobó una ley conocida como Lex CEU (Central European University), que forzó a esta prestigiosa institución educativa a abandonar Budapest y reubicarse en Viena. Fue un golpe simbólico durísimo y una señal de advertencia clara.

La doctrina Orbán

Viktor Orbán ha definido su proyecto político como “una transformación de la democracia liberal en una democracia cristiana y nacional”. Sus posturas lo alinean más con líderes como Vladimir Putin en Rusia o Recep Tayyip Erdoğan en Turquía que con sus homólogos europeos.

En un discurso en febrero de 2024, afirmó sin ambages:

“Los que reciben financiamiento desde el exterior deben ser exterminados. Su existencia debe ser legalmente imposible.”

Este tipo de retórica ha sido una constante durante años y se intensifica conforme su control se ve desafiado. En 2022, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que declara que Hungría “ya no puede considerarse plenamente una democracia”, sino un “régimen híbrido de autocracia electoral”.

¿Qué está en juego para Europa?

La Unión Europea ha enfrentado dificultades para responder eficazmente a los ataques de Orbán al Estado de derecho. Aunque se han bloqueado fondos de recuperación económica destinados a Hungría, alegando violaciones del Estado de derecho y corrupción, el gobierno húngaro ha usado este desencuentro para alimentar su narrativa de victimización nacionalista.

Mientras tanto, la Comisión Europea continúa sus procedimientos por violaciones de los valores fundamentales del bloque, pero sin lograr revertir la deriva autoritaria.

Como advirtió el jurista húngaro Gábor Halmai en una entrevista con Politico Europe:

“La UE se encuentra en una paradoja: está financiando a un régimen autoritario dentro de sus fronteras.”

Resistencia interna e internacional

Pese a la represión, existen focos de resistencia. La ciudad de Budapest, bajo el liderazgo del alcalde opositor Gergely Karácsony, se ha convertido en un bastión de valores democráticos. También existen medios independientes como Telex, Direkt36 o Átlátszó, que siguen exponiendo casos de corrupción y abuso de poder.

Desde la comunidad internacional, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa han advertido que esta ley viola estándares sobre libertad de asociación, expresión y protección de la pluralidad política.

Un camino peligroso

La aprobación de este proyecto de ley consolidaría aún más un patrón que puede replicarse en otros lugares. Serbia, Polonia bajo el PiS (hasta su derrota reciente), Turquía o incluso Eslovaquia bajo gobiernos populistas han adoptado políticas similares.

Y a la vista de las elecciones europeas de 2024, el ascenso de la ultraderecha y del euroescepticismo agrega nuevas capas de complejidad. ¿Podrá Europa frenar esta erosión interna?

Lo que está en juego en Hungría ya no es solo una batalla nacional entre gobierno y oposición, sino el futuro del proyecto democrático europeo. Y esa responsabilidad no puede seguir siendo ignorada por Bruselas.