El juicio a la jueza Hannah Dugan: ¿Justicia o persecución política?

Por qué el juicio contra la jueza Hannah Dugan podría convertirse en un punto de inflexión para la independencia judicial en Estados Unidos.

Una jueza entre la espada y la pared

Hannah Dugan, jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee, enfrenta cargos federales por presuntamente haber ayudado a un inmigrante indocumentado a evitar ser detenido por agentes de inmigración en su corte. Los fiscales federales la acusan de obstrucción y encubrimiento para evitar el arresto, delitos que podrían llevarla a enfrentar hasta seis años de prisión si es hallada culpable.

El hecho central que detonó el caso ocurrió en abril de 2024, cuando Eduardo Flores-Ruiz, un inmigrante previamente deportado, asistió a una audiencia en el tribunal de Dugan por cargos menores de violencia doméstica. Agentes de inmigración estaban presentes con la intención de detener a Flores-Ruiz, pero, según documentos judiciales, Dugan se habría mostrado molesta por la intervención federal, llevó a los agentes a hablar con el juez principal y luego habría facilitado que el acusado saliera del edificio por una puerta trasera junto a su abogado.

Esta situación termina con la posterior detención de Flores-Ruiz tras una persecución fuera del tribunal. Sin embargo, lo que está en juego va mucho más allá del destino de un solo acusado.

¿Puede una jueza ser procesada por actos oficiales?

Los abogados defensores de Dugan presentaron una moción para desestimar el caso. Su argumento central es que la jueza actuó dentro de su rol oficial, por lo cual estaría cubierta por la inmunidad judicial.

“La inmunidad no es una defensa que se determine más adelante, es una barrera absoluta al proceso desde el principio”, sostiene la moción, citando el fallo de la Corte Suprema de EE. UU. de 2023 que otorgó inmunidad absoluta al expresidente Donald Trump por actos oficiales durante su mandato.

Este precedente reaviva el debate sobre los límites entre la responsabilidad judicial y la jurisdicción federal, especialmente cuando se trata de una figura elegida por votación popular, como es el caso de Dugan.

El paralelo sorprendente: el caso de Massachusetts

Este no es el primer caso de esta naturaleza que toma los tribunales de Estados Unidos. En 2019, durante el primer mandato de Trump, una jueza de Massachusetts fue acusada de ayudar a un inmigrante a evadir a ICE permitiendo que saliera por una puerta trasera del juzgado. A pesar del ruido mediático, el caso terminó siendo desestimado.

Estos incidentes no son aislados: forman parte de un creciente conflicto entre el poder judicial estatal y las agencias federales de inmigración en la era de políticas migratorias más agresivas.

La dimensión política del caso

Más allá de los hechos, el caso de Dugan se inscribe en una batalla política entre la administración Trump y autoridades demócratas, especialmente en estados que han manifestado oposición a la mano dura contra inmigrantes.

Los demócratas acusan a los republicanos de usar este tipo de juicios como escarmiento, con el objetivo de intimidar a los jueces que se atrevan a cuestionar la política migratoria federal. Desde esta óptica, Dugan se convierte en un símbolo de resistencia ante políticas percibidas como excesivamente punitivas.

El juez a cargo del caso es Lynn Adelman, designado por el expresidente Bill Clinton, lo que añade un elemento de tensión a la causa. ¿Será imparcial en un evento cargado de contenido partidista?

Reacciones encontradas

La suspensión de Dugan por parte de la Corte Suprema estatal subraya la gravedad institucional del caso. Según dicha corte, era necesario suspenderla para mantener la confianza pública en el poder judicial.

Mientras tanto, abogados, activistas y organizaciones de derechos civiles han salido tanto en su contra como en su defensa. Para unos, la jueza incurrió en abuso de poder. Para otros, fue una funcionaria que actuó con humanidad ante una situación tensa.

El punto crítico: la separación de poderes

Uno de los aspectos más inquietantes del caso es que, según la moción de la defensa, el gobierno federal está interfiriendo directamente en procedimientos judiciales estatales. Esto podría sentar un precedente peligroso, en el que el Ejecutivo usurpe funciones del Judicial bajo la excusa de hacer cumplir la ley migratoria.

“La fiscalía está irrumpiendo en un tribunal estatal, interrumpiendo audiencias activas, e interfiriendo con las funciones oficiales de una jueza electa”, afirman los defensores de Dugan.

La figura de Hannah Dugan

Hannah Dugan no es una jueza cualquiera. Abogada con larga trayectoria comunitaria y defensora de derechos cívicos, tiene una historia intachable en Milwaukee. Fue elegida en 2016 y reelegida sin oposición, muestra de su aprobación en la comunidad.

Las acusaciones actuales han puesto en pausa su carrera y podrían destruir su reputación. Su inocencia o culpabilidad no solo determinarán el rumbo de su carrera, sino que también podrían clarificar los alcances del poder judicial frente a la presión federal.

¿Cómo encaja este caso en el contexto migratorio nacional?

Durante la administración Trump, se han incrementado los operativos de ICE en lugares tradicionalmente considerados “santuarios”, incluyendo iglesias, hospitales y juzgados. Este cambio ha sido muy criticado por organizaciones de derechos humanos y algunos estados gobernados por demócratas.

En este marco, las acciones de Dugan pueden interpretarse como un acto de protección frente a lo que muchos consideran una invasión al Estado de derecho. La pregunta fundamental sigue siendo: ¿Quién tiene la última palabra cuando un inmigrante acude a un tribunal estatal?

Lo que está en juego

• La inmunidad judicial como protección funcional o arma de impunidad.
• El principio de separación de poderes, especialmente entre el ámbito estatal y el federal.
• La independencia de los jueces electos frente a sanciones de carácter político.
• El uso de agentes de migración como instrumento político, con consecuencias que van más allá de la seguridad nacional.

Lecciones del pasado reciente

La historia judicial de EE. UU. está llena de momentos en que jueces han sido clave en el equilibrio institucional. Desde decisiones sobre el matrimonio igualitario hasta la protección de votantes, las cortes han amplificado o frenado medidas según los principios constitucionales.

El caso de Dugan bien podría agregar una nueva hoja a este compendio histórico, uno que ponga de relieve la fragilidad —y la importancia— de contar con un poder judicial libre de intimidaciones políticas.

¿Será este el Waterloo para las cortes santuario?

En la última década, varios estados y ciudades se han declarado “jurisdicciones santuario” para proteger a inmigrantes de la detención y deportación. Aunque estas medidas no impiden la intervención federal, sí representan una postura política clara.

Si el caso contra Dugan avanza, podría tener un efecto disuasorio sobre otros jueces y funcionarios locales dispuestos a defender estos principios. Incluso si resulta absuelta, el mensaje ya ha sido enviado: hay consecuencias por resistir las políticas federales.

Por otro lado, si Dugan gana su caso, podría convertirse en un precedente emblemático para reafirmar el papel de los tribunales locales como garantes de derechos civiles.

La batalla apenas comienza

Hannah Dugan se declaró inocente y lucha por desestimar los cargos que pesan sobre ella. La decisión recaerá ahora en el juez federal Lynn Adelman y, quizás más adelante, en instancias superiores.

Lo cierto es que más allá de las complejidades legales, estamos ante un caso que definirá el futuro del sistema judicial estadounidense frente a las presiones del aparato federal. Lo que está en juego no es solo la libertad de una jueza, sino el alma misma del Estado de Derecho.