El caso Khan Suri y el retroceso político en libertades civiles bajo Trump

Un académico arrestado por hablar

Cuando Badar Khan Suri, un académico de origen indio, viajó a Estados Unidos con un visado J-1 para investigar y enseñar como becario en la Universidad de Georgetown, nunca imaginó que se convertiría en el blanco de una detención motivada por su ejercicio de la libertad de expresión.

En marzo de 2024, Khan Suri fue arrestado fuera de su vivienda en Arlington, Virginia, por agentes sin uniforme que no se identificaron y que lo trasladaron rápidamente a un centro de detención en otro estado. ¿Su "crimen"? Publicaciones en redes sociales crítica de la campaña militar israelí en Gaza y su matrimonio con una mujer palestina-estadounidense.

El caso de Khan Suri no es aislado ni accidental. Se enmarca en una serie de acciones impulsadas durante la administración de Donald Trump que han priorizado un enfoque securitario frente a los estudiantes e inmigrantes extranjeros, muchas veces vulnerando sus derechos constitucionales.

El contexto: más allá del control migratorio

El gobierno de Trump utilizó la inmigración como una piedra angular de su política interna, especialmente en aspectos como la seguridad nacional. En ese marco, impulsó medidas como la famosa prohibición de entrada a personas de países de mayoría musulmana y un intenso escrutinio de visados a quienes tenían opiniones consideradas "antiamericanas".

En el caso de Khan Suri, las autoridades alegaron que tenía vínculos con Hamas, una acusación sin fundamentos sólidos según los documentos legales disponibles. Lo que realmente motivó su arresto fue su expresión crítica hacia Israel y su vínculo familiar con Gaza: "Discurso en relación con el conflicto allí y oponerse a la campaña militar de Israel probablemente es discurso político protegido", declaró la jueza Patricia Tolliver Giles durante la audiencia.

Una detención con tintes ideológicos

Lo verdaderamente alarmante, y que motivó a la jueza a liberar al académico en espera del proceso judicial, fue la manifiesta instrumentalización del aparato migratorio estadounidense para reprimir el disenso político. Sus abogados, vinculados a la ACLU (Asociación Americana por las Libertades Civiles), señalaron que su cliente fue trasladado deliberadamente de Virginia a Texas para que el caso se procesara en un circuito judicial más conservador.

Khan Suri fue inmediatamente trasladado tras su arresto, antes de que pudiera contactar a su abogado o familia. Primero a Luisiana y luego a Texas, a un centro de detención que, según se demostró, estaba sobrecargado y con condiciones deplorables. La jueza Giles subrayó este hecho en su orden: el traslado carecía de lógica humanitaria y legal, y solo encajaba dentro de un intento de entorpecer la defensa de sus derechos.

El peligro de hacer política con la Primera Enmienda

El episodio expone un debate recurrente en EE.UU.: ¿hasta qué punto están aseguradas las libertades civiles si se es extranjero? El fallo de la jueza Giles fue categórico: "La Primera Enmienda no distingue entre ciudadanos y no ciudadanos". En otras palabras, cualquier persona dentro del territorio estadounidense tiene derecho a expresarse libremente sin temor a ser castigada por sus puntos de vista políticos.

Históricamente, Estados Unidos ha mantenido un estatus ambivalente entre ser un refugio para el pensamiento libre y, en épocas de crisis o populismo, censurar o perseguir disidencias. Casos como el de Khan Suri evocan el macartismo de los años 50, cuando se perseguía a los sospechosos de simpatizar con el comunismo en un contexto de paranoia geopolítica.

¿Un cambio de rumbo tras una victoria judicial?

Con esta decisión, Khan Suri ha regresado temporalmente a su hogar en Virginia con su esposa y tres hijos—un varón de 9 años y mellizos de 5—en espera del desarrollo de su caso en corte. Sin embargo, aún enfrenta una posible deportación. Más allá de su liberación momentánea, el caso sigue abierto y la sombra de la criminalización de su discurso no se ha disipado.

Esta situación enfatiza una realidad cruda: los inmigrantes, incluso altamente cualificados y con roles académicos, pueden ser identificados como amenazas por el simple hecho de manifestar opiniones políticas legítimas.

Las repercusiones académicas y políticas

Suri impartía clases sobre derechos de las mayorías y minorías en el sur de Asia, una materia sensible e inherentemente política. Su interés era claro: seguir una carrera en la academia, formar parte del diálogo intelectual que caracteriza a las sociedades democráticas.

Sin embargo, su detención podría tener un efecto inhibidor sobre otros académicos extranjeros: “¿Vale la pena expresar una opinión crítica sobre temas internacionales si el resultado puede ser un arresto nocturno?”. El peligro de autocensura académica se agrava en un contexto donde los extranjeros pueden ser silenciados legalmente.

El enfoque de Trump: de salud pública a política criminal

Además del caso de Khan Suri, la administración Trump ha sido acusada de adoptar enfoques retardatarios en otras áreas, como la crisis de sobredosis de opioides. Mientras las autoridades sanitarias abogan por políticas de salud pública, el entorno político republicano ha preferido tratarlo como una cuestión de orden y seguridad.

Según la CDC, en 2023 se registraron más de 110.000 muertes por sobredosis en EE.UU. Solo en el año 2024 se ha visto el mayor descenso jamás registrado, según datos provisionales: unas 80.000 muertes totales, lo que supone una reducción del 27% frente al año anterior. Un cambio significativo, sin duda, pero que plantea preguntas incómodas sobre las verdaderas prioridades políticas del pasado reciente.

Un riesgo continuo para las libertades civiles

La judicialización ideológica que se observa en casos como el de Khan Suri no solo afecta a inmigrantes. También plantea una amenaza para periodistas, académicos, activistas y otros sectores que deben tener garantizado su derecho a disentir sin temor a represalias.

Este fenómeno se agrava cuando los migrantes son utilizados como chivos expiatorios o cabezas de turco políticas para reforzar discursos de mano dura, seguridad nacional o pureza ideológica. Ya no se trata solo de políticas migratorias, sino de los límites simbólicos y reales del discurso en una democracia.

¿Qué viene ahora?

El caso de Khan Suri seguirá en tribunales y definirá si el aparato migratorio puede seguir utilizándose como arma para controlar el discurso político. El pronunciamiento judicial a su favor es un paso alentador, pero están en juego principios fundamentales que no pueden darse por sentados.

Como dijo el académico y experto en política migratoria Daniel Kanstroom: “La historia de la inmigración estadounidense siempre ha oscilado entre la acogida y el rechazo, entre la libertad y el control. Y cada caso como el de Khan Suri nos obliga a elegir de qué lado de esa historia queremos estar.”