¿Dónde falló la justicia? Dos tragedias, la misma pregunta: ¿quién responde por los errores del Estado?

La tragedia de Uvalde: cuando la seguridad falla en el momento más crítico

El 24 de mayo de 2022, el mundo quedó impactado al conocer los detalles del tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas. Un joven armado ingresó al recinto escolar y asesinó a 19 niños de cuarto grado y a 2 maestras. El ataque, que duró más de una hora mientras casi 400 policías locales, estatales y federales rodeaban el sitio, puso en tela de juicio la efectividad del protocolo de seguridad en entornos educativos y la toma de decisiones durante emergencias.

Ahora, casi dos años después, el caso vuelve a los tribunales no solo por la figura del tirador, sino por quienes debieron actuar: en especial, el entonces jefe de policía del distrito escolar, Pete Arredondo, quien enfrenta múltiples cargos por abandono y puesta en peligro de menores.

La fiscal de distrito del condado de Uvalde, Christina Mitchell, ha iniciado recientemente una demanda federal para obligar a tres agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. a testificar. Dos de ellos formaban parte del equipo táctico que finalmente ingresó en el aula y abatió al tirador. Para Mitchell, su testimonio es crucial para determinar si las órdenes o la inacción de Arredondo retrasaron innecesariamente la operación de rescate.

La negativa de la Patrulla Fronteriza: un obstáculo para la verdad

Desde el tiroteo, los agentes han cooperado de manera limitada. Aunque inicialmente ofrecieron declaraciones escritas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se ha negado en múltiples ocasiones a que testifiquen. Sus razones incluyen la posible revelación de información clasificada, técnicas policiales confidenciales o incluso que su testimonio podría interferir con operaciones regulares de la agencia.

La fiscalía ha ofrecido incluso inmunidad a los agentes para fomentar su cooperación. Pero el hecho de tratarse de empleados federales en funciones limita el alcance de los tribunales estatales, lo que ha obligado a Mitchell a acudir al sistema judicial federal.

El abogado defensor de Arredondo, Paul Looney, también ha criticado la falta de cooperación federal: “Queremos saber qué vieron, qué escucharon”. Incluso apuntó que inicialmente se había solicitado testimonio de 18 agentes, pero el número se redujo a tres ante la resistencia de la CBP.

¿Qué se juega realmente en este proceso? Más allá del destino judicial de Arredondo, lo que está en juego es la confianza pública en el sistema de seguridad y justicia. La demora de más de una hora en el ingreso al salón fue ampliamente documentada y criticada por expertos del país. ¿Fue falta de entrenamiento? ¿Falta de liderazgo? ¿O miedo?

¿Pena de muerte o tortura institucionalizada?: el caso de Mahdi en Carolina del Sur

Mientras en Texas se busca justicia por omisión, en Carolina del Sur se debate la dignidad en la aplicación de la justicia. El pasado 11 de abril, el reo Mikal Mahdi fue ejecutado por escuadrón de fusilamiento en un acto que ha desatado una tormenta política y social. Una autopsia cuestionada revela que Mahdi pudo haber sufrido dolor extremo durante más de 60 segundos porque las balas fallaron en su objetivo primordial: el corazón.

Dos legisladores estatales —Justin Bamberg (Demócrata) y Neal Collins (Republicano)— han solicitado formalmente la suspensión del uso del escuadrón de fusilamiento hasta que se realice una investigación independiente. Una rara alianza bipartidista que evidencia la gravedad del asunto.

Mahdi fue condenado por asesinar a un policía fuera de servicio en 2004. El crimen fue brutal y no hay intento de minimizarlo. Pero el informe forense revela serias irregularidades:

• Solo se tomó una foto del cuerpo durante la autopsia.
• No se realizaron radiografías para detectar trazas de balas.
• Se concluyó que dos balas habían ingresado exactamente por el mismo punto, lo que el mismo legislador Bamberg tildó de "contrario a las leyes de la física".
• No hubo examen de la ropa para verificar alineación con las heridas.

Testigos presenciales afirmaron que Mahdi gritó de dolor tras los disparos, gimió nuevamente después de 45 segundos y no superó su agonía hasta casi 75 segundos después. Según el Dr. Jonathan Arden, patólogo consultado para analizar el caso, el reo probablemente estuvo consciente buena parte de ese tiempo.

¿Qué dice la ley y cómo se regula la pena de muerte en EE.UU.?

Estados Unidos es uno de los pocos países desarrollados que aún aplica la pena de muerte. El método tradicional —inyección letal— se ha visto comprometido en varios estados debido a escasez de fármacos, errores durante las ejecuciones y demandas judiciales. Como respuesta, algunos lugares han reactivado métodos alternativos como la silla eléctrica o el escuadrón de fusilamiento.

Carolina del Sur aprobó en 2021 el escuadrón como método alternativo. Desde entonces se han documentado dos casos: el de Brad Sigmon y el de Mahdi. En el primero, la autopsia fue minuciosa; en el segundo, negligente. ¿Por qué esta diferencia en la ejecución del protocolo?

La empresa encargada de ambas autopsias fue Professional Pathology Services, pero la misma no recibió instrucciones específicas del Departamento de Correcciones, que alega que no impone restricciones. Esto abre la puerta a una pregunta inquietante: ¿puede una ejecución ser verdaderamente transparente sin estándares forenses mínimos?

¿Responsabilidad institucional o impunidad administrativa?

Ambos casos —Uvalde y Mahdi— revelan algo más profundo que errores humanos: son fallos sistémicos. Fallos que, si no se abordan con valentía y transparencia, seguirán alimentando la desconfianza pública hacia las estructuras gubernamentales encargadas de impartir justicia y proteger a los ciudadanos.

En Uvalde, la inacción policial permitió que un asesino se regodeara en su brutalidad. En Carolina del Sur, una ejecución pudo haber rozado la tortura institucionalizada. Ambos hechos obligan a replantear no solo leyes, sino principios éticos.

¿Qué sociedad somos si nuestra justicia mata con errores? ¿Qué autoridades tenemos si no reconocen sus fallas? En palabras del jurista inglés William Blackstone: “Es mejor que diez culpables escapen que un inocente sufra”. Pero también deberíamos preguntarnos: ¿cuántos deben morir, ya sea por plomo o por burocracia, antes de que asumamos responsabilidad real?

La revisión de estos eventos no es un capricho ideológico, es una necesidad democrática. En el país que se declara paladín de la libertad, el silencio ante fallos de esta magnitud solo perpetúa el abuso y la impunidad.

El reto está sobre la mesa: Democratizar el acceso a la verdad, humanizar la justicia y asumir las responsabilidades que competen al poder público.