Universidades bajo presión: entre activismo pro-palestino, políticas federales y represión estudiantil

La protesta universitaria regresa con fuerza —y consecuencias más graves

Mientras los campus universitarios de Estados Unidos se preparan para cerrar un nuevo ciclo académico, una ola de protestas pro-palestinas ha resurgido, recordando las manifestaciones del año anterior. Sin embargo, aunque las movilizaciones actuales son menos numerosas y más dispersas, el clima político y social alrededor de ellas ha alcanzado una intensidad sin precedentes.

El objetivo principal de estos estudiantes activistas sigue siendo el mismo: exigir que sus universidades pongan fin a cualquier vínculo económico, institucional o simbólico con el gobierno israelí y con empresas que colaboran con sus fuerzas armadas. Sin embargo, los recientes cambios en el enfoque de las autoridades universitarias y la participación activa del gobierno federal en esta dinámica han modificado dramáticamente el terreno de juego.

Las demandas del estudiantado: ¿una continuación o una radicalización?

Los reclamos estudiantiles no han cambiado mucho desde las masivas protestas del 2023. En Columbia University, por ejemplo, se exigió la desvinculación financiera de Israel, acusando al país de prácticas de “ocupación, apartheid y genocidio”. Exigieron también amnistía para todos los estudiantes y trabajadores disciplinados por participar en protestas, y el retiro de la policía y de oficiales de inmigración del campus.

En otros centros como la University of Washington, las exigencias incluyeron romper nexos con Boeing —empresa que provee armas al Estado israelí—, rechazar donaciones de la misma y prohibir que sus empleados enseñen en el campus. Treinta personas fueron arrestadas allí.

Las protestas han aparecido asimismo en Swarthmore College, Rutgers University, UCLA, y Brooklyn College, conformando una clara red de compromiso interuniversitario, aún cuando la participación se ha reducido.

La reacción del gobierno federal: cero tolerancia y condicionamiento económico

Una diferencia clave este año ha sido la postura frontal del gobierno del presidente Donald Trump. Su administración ha iniciado investigaciones contra múltiples universidades —incluidas Harvard y Columbia— por lo que considera una falla sistémica en “erradicar el antisemitismo” en sus campus.

En consecuencia, se han congelado fondos federales para investigación y se ha condicionado su reactivación a la imposición de nuevas normativas más restrictivas sobre la protesta estudiantil. En palabras de una fuerza especial federal sobre antisemitismo: se requieren “acciones de cumplimiento y cambios de políticas que claramente sean necesarios para evitar estos levantamientos en el futuro”.

Esto representa un choque directo con valores de libertad académica y de expresión, y marca una línea divisoria entre el deseo institucional de mantener el orden y las exigencias éticas de una comunidad estudiantil insatisfecha.

Columbia University: un microcosmos del conflicto

El reciente desalojo del edificio de la biblioteca en Columbia por fuerzas policiales fue quizás el caso más mediático. Tras esa acción, la universidad suspendió a 65 estudiantes y prohibió el ingreso a 33 más. La respuesta fue ampliamente elogiada por la administración del presidente Trump, que calificó la medida como una “acción firme y resuelta”.

Columbia también aceptó otras condiciones exigidas por instancias federales: prohibición del uso de máscaras que oculten el rostro y contratación de nuevos oficiales de seguridad con facultad de hacer arrestos. Es decir, la criminalización del disenso ha avanzado a pasos agigantados.

¿Activismo universitario o delito federal?

Uno de los elementos más alarmantes de la situación actual es el riesgo que enfrentan estudiantes internacionales. En muchos casos, se está considerando como causa suficiente para deportación su asociación con protestas pro-palestinas, incluso si estas han sido pacíficas.

Esta estrategia introduce una diferenciación legal y cívica entre ciudadanos y no ciudadanos en cuanto al derecho a la protesta, algo que supone una contravención directa a valores fundamentales de libertad e igualdad ante la ley.

La historia se repite: los campus como centros de cambio

El profesor Robert Cohen, historiador en la Universidad de Nueva York, recuerda que los campus universitarios fueron centros clave durante movimientos sociales tan diversos como la oposición a la Guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles y el movimiento contra el apartheid sudafricano.

En su opinión, los estudiantes de hoy canalizan un legado histórico de resistencia, pero enfrentan una represión mucho más sofisticada. Según Cohen: “Esencialmente, se trata de un núcleo pequeño de activistas, ya que el movimiento masivo ha sido suprimido. Estamos viendo protestas pequeñas y dispersas”.

Las universidades parecen estar más enfocadas en proteger su financiamiento y reputación que en garantizar el libre intercambio de ideas que, se suponía, debe definir al espacio universitario.

¿Qué tan efectivas pueden ser estas protestas en un nuevo paradigma represivo?

El hecho de que las protestas estén teniendo lugar justo hacia el final del año académico no es casual. Algunos especialistas lo atribuyen a un sentido de urgencia vinculado a los avances de la ofensiva militar israelí en Gaza. Recientemente, el primer ministro Benjamin Netanyahu discutió públicamente una posible escalada, mientras la ONU advirtió sobre la inminente hambruna en varias comunidades palestinas debido al bloqueo de ayuda humanitaria.

Muchos jóvenes consideran que su acción ahora no solo es una responsabilidad política o social, sino también humanitaria. Las universidades, sin embargo, han endurecido drásticamente sus normas internas: en algunas de ellas basta participar en una sentada para enfrentar la expulsión o denuncias penales.

Censura o control legítimo: el dilema de la institución académica

La respuesta institucional al activismo ha generado posiciones encontradas dentro de las mismas comunidades académicas. Mientras docentes, estudiantes y trabajadores debaten sobre el derecho a la protesta, los administradores parecen jugar un doble rol: mantener la imagen pública de sus instituciones y cumplir con imposiciones federales.

Hay quienes ven en estas acciones disciplinarias una lógica análoga a la “doctrina de seguridad nacional” que afectó las universidades latinoamericanas en los años 70 y 80. La universidad, en este sentido, deja de ser un espacio de pensamiento autónomo para convertirse en actor subordinado a intereses políticos dominantes.

¿Qué le espera al activismo universitario en 2025?

El panorama para el futuro cercano no es alentador. Todo indica que el endurecimiento del control sobre la protesta seguirá acentuándose, mientras el discurso oficial continúa alineando el activismo con elementos como el antisemitismo, la criminalidad, o incluso la amenaza migratoria.

En este contexto, los campus universitarios estarían transformándose —quizás irrevocablemente— de incubadoras de pensamiento crítico a centros fuertemente vigilados, donde cualquier forma de disidencia puede tener consecuencias desproporcionadas.

Sin embargo, si la historia sirve de guía, la energía de una generación activa puede alterar incluso los sistemas más hostiles. Queda por verse si la próxima generación de líderes, tanto académicos como políticos, apostará por la represión... o por el diálogo.