Trump y los republicanos atacan de nuevo: ¿camino hacia la prosperidad o un retroceso climático?

La nueva cruzada conservadora contra el clima

En una movida que ha sacudido los cimientos del debate sobre el cambio climático en Estados Unidos, los republicanos en la Cámara de Representantes han presentado una seria ofensiva legislativa para desmantelar buena parte de los programas medioambientales impulsados por el gobierno de Joe Biden. Desde recortes a créditos fiscales por energías limpias hasta el retiro de fondos para puertos libres de emisiones, la propuesta legislativa ha reavivado el choque ideológico en torno al cambio climático.

El representante republicano de Kentucky, Brett Guthrie, lo resumió sin tapujos en un artículo para el Wall Street Journal: “el proyecto de ley termina con el despilfarro estilo Nuevo Acuerdo Verde y recupera dinero destinado a lo que considera ‘fraudes ecológicos’”. Esta narrativa —que se alinea con la postura del expresidente Donald Trump— se enfrenta frontalmente a la comunidad científica, grupos ambientalistas y sectores industriales que están apostando por una transición energética.

Las metas climáticas en peligro

La ley a la que apunta la ofensiva republicana es la Inflation Reduction Act (IRA), aprobada en 2022 bajo el liderazgo de Joe Biden, que destinó más de $370 mil millones a programas de energías limpias. Su objetivo principal era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de EE. UU. en un 40% para 2030, conforme al compromiso del país con los Acuerdos de París.

Los nuevos recortes propuestos, según Guthrie, liberarían $6.5 mil millones en fondos no gastados, pero estos fondos están dirigidos a proyectos como la justicia ambiental, infraestructura limpia, vehículos eléctricos y modernización de la red eléctrica. De concretarse, estos recortes podrían poner en riesgo los compromisos climáticos de EE. UU. y dar luz verde a la expansión de la industria de combustibles fósiles en tierras públicas.

Voces en defensa del planeta

Las reacciones no se hicieron esperar. Lena Moffitt, directora ejecutiva de Evergreen Action, fue tajante: “Los republicanos están sacrificando la energía limpia en el altar del gran petróleo”. Para ella, estas políticas no sólo obstaculizan la transición energética, sino que aumentan los costos energéticos para los hogares estadounidenses, sobre todo en comunidades vulnerables.

Otra voz crítica fue Alexandra Adams, directora de políticas del Natural Resources Defense Council (NRDC), quien denunció que “el plan da rienda suelta a los contaminadores para ensuciar el aire y el agua”. Adams enfatizó que los programas en peligro protegen a niños y adultos mayores de enfermedades respiratorias, como el asma.

Una guerra contra la ciencia

Este nuevo frente legislativo se inscribe dentro de la visión más amplia de Donald Trump para un segundo mandato, donde ha prometido desmantelar lo que denomina el “fraude verde de los demócratas”. Desde su regreso al escenario político, el exmandatario ha propuesto recortes incluso más profundos al presupuesto ambiental federal. Entre sus planes figura reducir las investigaciones sobre enfermedades, eliminar subsidios a energías limpias y reestructurar agencias federales clave.

Bajo su retórica, el camino al crecimiento económico y a la “libertad energética estadounidense” pasa por fortalecer los combustibles fósiles y eliminar restricciones regulatorias “excesivas”. Sin embargo, expertos advierten que este enfoque no solo atrasa décadas de progreso ambiental, sino también debilita la competitividad tecnológica de Estados Unidos frente a potencias como China y la Unión Europea.

China avanza mientras EE. UU. se frena

Mientras EE. UU. debate recortar su presupuesto climático, China ha emergido como líder indiscutible en energía limpia. Según datos de BloombergNEF, en 2023 el país asiático superó por primera vez los 500 gigavatios en capacidad instalada de energía solar, y exportó paneles solares a más de 180 países.

Además, controla más del 80% de la cadena de suministro mundial de baterías para vehículos eléctricos. Esta ventaja competitiva obedece en parte al apoyo estratégico del gobierno chino a través de subsidios, infraestructura, e incentivos fiscales —justamente el tipo de estrategia que los republicanos están desmantelando.

Impacto en la economía doméstica

Los defensores de las políticas ecológicas argumentan que los recortes pondrían en peligro miles de empleos creados en la industria emergente de energías limpias. Un informe publicado por Rhodium Group estimó que la IRA ayudaría a generar cerca de 1.5 millones de empleos hasta 2030.

En estados como Texas, California y Georgia ya se han instalado cientos de nuevas fábricas de paneles solares, turbinas eólicas y baterías, gran parte gracias a los incentivos del gobierno federal. Estos estados —muchos de ellos gobernados por republicanos— podrían ver paralizados sus proyectos energéticos si la ofensiva legislativa continúa.

La paradoja del consumidor

Irónicamente, varios sectores que se beneficiaron económicamente del impulso hacia la energía limpia podrían ser ahora víctimas de los recortes. En el estado profundamente republicano de Kentucky, por ejemplo, el senador Rand Paul ha recogido voces contrarias a los aranceles y políticas comerciales erráticas de Trump.

“Los aranceles son impuestos”, declaró Paul, agregando que la autoridad para imponerlos corresponde al Congreso, no al presidente. Su postura refleja la frustración de empresarios locales del bourbon, la automoción y el transporte, quienes aseguran que las

guerras comerciales solo han elevado los costos y generado incertidumbre.

Costos climáticos de decisiones políticas

Las decisiones tomadas en los comités de Energía y Comercio y de Medios y Arbitrios de la Cámara podrían tener efectos significativos para la salud pública y el clima. Entre los programas amenazados están:

• El "banco verde" (Greenhouse Gas Reduction Fund): financia proyectos que reducen emisiones en comunidades de bajos ingresos.
• Eliminación de fondos para monitoreo de calidad del aire y equipos portuarios eléctricos.
• Reducción de estándares de emisión para vehículos y reducción de incentivos para autos eléctricos.
• Aceleración de permisos para perforación de gas natural, lo cual ha sido criticado por su potencial contaminante.

Una guerra más política que presupuestaria

Más allá del argumento del ahorro —el borrador legislativo habla de recortar unos $880 mil millones hacia 2034— hay un trasfondo ideológico evidente. Se trata del choque entre dos visiones de país: una que ve en la sostenibilidad una oportunidad económica y una necesidad urgente, y otra que prioriza una economía basada en combustibles fósiles y desconfía de la intervención estatal.

Dados los efectos del cambio climático cada vez más visibles —huracanes más intensos, incendios forestales sin precedentes, olas de calor asesinas—, muchos se preguntan si se puede permitir que un país con tanta responsabilidad histórica en la emisión de carbono frene sus avances en política ambiental.

El futuro está en juego

El tiempo corre. La Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que las emisiones globales deben reducirse en un 45% hacia 2030 si queremos mantener el calentamiento global por debajo de 1.5°C, el umbral recomendado por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC).

En este contexto, las decisiones de Estados Unidos no solo afectarán su economía y medio ambiente, sino también la capacidad global para enfrentar uno de los retos más graves del siglo XXI. En palabras de Greta Thunberg: “Cuando se trata del clima, la indecisión política ya es una forma de negacionismo”.

El mundo observa, y el reloj climático no se detiene.