El silencio presidencial y la tragedia en Missouri: ¿Quién protege realmente al ciudadano?

Transparencia en jaque: la exclusión de agencias informativas del Air Force One

La administración del expresidente Donald Trump ha vuelto a estar en el centro de la polémica tras excluir a los principales servicios de noticias por cable como The Associated Press, Reuters y Bloomberg de viajar a bordo del Air Force One durante un viaje oficial al Medio Oriente.

Habitualmente, los presidentes llevan a bordo a una selección de reporteros para responder preguntas, facilitar el acceso a información y garantizar el ejercicio de la libertad de prensa en entornos cerrados o diplomáticos. Sin embargo, esta acción del gobierno de Trump dejó a los medios sin acceso directo a sus declaraciones ni cobertura de primera mano durante uno de los viajes geopolíticos más importantes del periodo.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca mostró su preocupación: “Este cambio es un perjuicio para cada estadounidense que merece saber qué está haciendo su líder más alto, lo más rápido posible.”

El conflicto con AP y el surrealismo geográfico

La confrontación entre la administración de Trump y la AP comenzó tiempo atrás, tras una disputa que parece sacada de una sátira política. La agencia se negó a cambiar el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América, como lo estipulaba una orden ejecutiva firmada por Trump. Como reacción, la Casa Blanca prohibió su acceso a eventos de “pool” más reducidos, los cuales suelen ser cubiertos por pocos medios que comparten la información con los demás.

Esta situación refleja una creciente hostilidad institucional hacia los medios, a los que se les acusa con frecuencia de ser “enemigos del pueblo”. La exclusión no solo pone en peligro la pluralidad de voces en el periodismo político, sino que reduce la fiscalización democrática.

Una tragedia evitable en Missouri: el costo de la negligencia empresarial

No muy lejos de los ámbitos del poder, otro drama se desenvuelve, esta vez en el estado de Missouri. Una demanda presentada por el fiscal general del estado, Andrew Bailey, contra Liberty Utilities por una devastadora explosión de gas ha sacudido a la opinión pública. El 9 de abril, la explosión destruyó una casa en la pequeña ciudad de Lexington (4,500 habitantes) y causó la muerte de un niño de 5 años, Alistair Lamb, además de herir a su hermana y a su padre.

En el centro de la causa judicial está una supuesta afirmación falsa por parte de un empleado de la empresa, quien declaró que todas las líneas de gas habían sido correctamente marcadas antes de la instalación de un cable de fibra óptica. Existen indicios sólidos de que la empresa violó leyes estatales de seguridad relacionadas con perforaciones subterráneas.

Bailey busca una multa de $10,000 por cada día que no se marcó correctamente el gasoducto y plantea la necesidad de un monitor especial independiente que supervise las prácticas futuras de Liberty Utilities.

Responsabilidad y justicia: ¿quién paga por los errores?

Según un informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), la tragedia fue completamente prevenible. Se trata entonces de una fatal consecuencia de negligencia corporativa, una situación que lamentablemente se ha repetido con demasiada frecuencia en sectores regulados.

La compañía se ha limitado a declaraciones frías, aludiendo a su cooperación con las autoridades y su compromiso con la seguridad, pero sin asumir responsabilidad directa. El patrón es conocido: primero el silencio, luego la negación, después un acuerdo monetario, y pocas veces, justicia real.

La justicia esquiva en el caso de los opioides: ¿hasta cuándo?

Mientras en Missouri se denuncia una tragedia doméstica causada por fallas técnicas, a nivel judicial nacional otro conflicto consume titulares. En West Virginia, la Corte Suprema del estado declinó responder sobre si la distribución de opioides puede considerarse legalmente una molestia pública (public nuisance).

Este caso se refiere a una demanda hecha por el condado de Cabell y la ciudad de Huntington, quienes acusaron a tres de los mayores distribuidores del país (AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKesson) de facilitar el tráfico desmedido de estas sustancias sin control. El dato que delata la magnitud: 81 millones de pastillas distribuidas en una sola región en ocho años. En un condado con apenas 93,000 habitantes.

En 2021 hubo más de 1,059 emergencias por sobredosis en Cabell County, más que cualquier año anterior, y al menos 162 muertes asociadas. Las demandas buscaban más de 2,500 millones de dólares para programas de prevención, educación y tratamiento.

¿Es el sistema judicial un aliado de las víctimas o de las corporaciones?

A pesar de que en repetidas ocasiones el Mass Litigation Panel del estado ha reconocido las bases legales para considerar las molestias públicas en el caso de opioides, la falta de decisión de la Corte Suprema deja el caso empantanado.

Paul Farrell Jr., abogado de los demandantes, declaró: “Seguimos luchando por justicia. Este no es el final.”

Lo llamativo del caso no es solo el inmenso daño hecho, sino la dificultad para obtener una resolución judicial firme ante evidencias claras. En muchos casos similares, las farmacéuticas terminaron llegando a acuerdos extrajudiciales que en conjunto superan los $50,000 millones de dólares.

La narrativa que no se cuenta: cuando la justicia falla y el periodismo es silenciado

Del veto a los medios en la Casa Blanca a fallas sistémicas en la industria farmacéutica y de servicios públicos, se impone una pregunta alarmante: ¿Quién protege de verdad al ciudadano?

Leyes que no se aplican, empresas que priorizan las ganancias por encima de la vida y gobiernos que bloquean la cobertura de los medios. Una combinación preocupante que, más allá de lo político, deja al descubierto una fragilidad democrática que debería escandalizarnos.

Si ni la salud ni la seguridad básica de los hogares pueden estar garantizadas, y al mismo tiempo la prensa es excluida de cubrir los movimientos del Poder Ejecutivo, ¿dónde está la transparencia?, ¿dónde están las garantías?, ¿dónde está la democracia real?

En el fin de este círculo vicioso, la esperanza sigue viva en los tribunales, el activismo ciudadano y el periodismo independiente. Pero es un camino cuesta arriba en un país donde la lógica del poder —ya sea político o empresarial— parece cada vez más impermeable al interés común.

“Nada es más importante para nosotros que la seguridad de nuestros clientes”, declaró Liberty Utilities. Lo triste es que ya era demasiado tarde para Alistair Lamb.