Sangre en Solenzo: la oscura represión en Burkina Faso que la junta militar no quiere que veas

Una tragedia silenciada en el corazón del Sahel

La región del Sahel africano, ya azotada por la violencia de grupos extremistas islámicos y múltiples golpes de Estado, ha vuelto a ser testigo de una masacre cuyas dimensiones estremecen. Al menos 100 civiles —todos ellos de la etnia fulani— fueron asesinados en marzo de 2025 en las cercanías de Solenzo, en el oeste de Burkina Faso. Así lo reveló la organización Human Rights Watch (HRW), respaldándose en testimonios de víctimas, imágenes compartidas en redes sociales y videografías angustiosas que darían cuenta de la responsabilidad del propio ejército estatal y de la milicia progubernamental Voluntarios por la Defensa de la Patria (VDP).

Fulani: el chivo expiatorio recurrente

Los fulani son una comunidad nómada ampliamente dispersa por África occidental. Tradicionalmente dedicados al pastoreo, estos grupos han sido a menudo blanco de acusaciones gubernamentales por presuntos vínculos con insurgentes islamistas. Lo preocupante es que, en muchos casos, no existen pruebas sólidas que respalden tales afirmaciones. Este estigma ha llevado a una persecución sistemática que se traduce en represión armada y desplazamientos masivos.

"Los VDP nos dispararon como si fuéramos animales, mientras que los drones sobrevolaban nuestras cabezas...", relató un pastor fulani de 44 años desde el exilio en Malí. "Muchas mujeres y niños murieron porque no pudieron huir".

La versión oficial: negación y censura

El gobierno de transición, liderado por el capitán Ibrahim Traoré tras el golpe de Estado de 2022, desmintió enérgicamente las acusaciones. Calificó los videos como "imágenes destinadas a sembrar el odio y la violencia comunitaria" y denunció su difusión como un intento de "socavar la cohesión social" del país. Sin embargo, este rechazo se produce en un contexto donde la libertad de prensa ha sido fuertemente recortada, se ha instaurado una censura casi total y decenas de periodistas o activistas han sido forzados al silencio, exilio o incluso reclutamiento forzado.

HRW insiste: "Tras una investigación más profunda, hemos confirmado que las fuerzas militares del Estado fueron responsables directas de estas ejecuciones extrajudiciales", afirmó Ilaria Allegrozzi, investigadora senior del Sahel en la organización.

Ciclo de violencia: masacres seguidas de represalias yihadistas

Una de las consecuencias más devastadoras de estas masacres ha sido la aparición de represalias por parte de grupos yihadistas como Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), afiliado a Al-Qaeda. Según testigos, tras la retirada del ejército burkinés, los insurgentes ingresaron en varias comunidades, como el pueblo de Tiao, y asesinaron a hombres que consideraban colaboradores del gobierno.

“Conté hasta 70 cuerpos frente al centro de salud”, dijo una anciana de 60 años que presenció los asesinatos en abril.

Este espiral de violencia entre Estado y grupos armados se alimenta de conflictos étnicos y fracturas históricas. El resultado: cientos de miles de desplazados, aldeas vacías y comunidades enteras como la fulani de Solenzo, que hoy están desiertas o bajo control de insurgentes.

La junta militar: promesas rotas y una estrategia fallida

El golpe de Estado de septiembre de 2022, liderado por el capitán Ibrahim Traoré, se justificó entonces como una necesidad para restaurar la seguridad frente al avance yihadista que el gobierno depuesto no pudo contener. Sin embargo, las cifras actuales son más alarmantes que nunca:

• Más del 60% del territorio está fuera del control del Estado.
• 2,1 millones de personas desplazadas de sus hogares.
• 6,5 millones de personas requieren ayuda humanitaria para sobrevivir.

La estrategia de Traoré ha incluido el uso extensivo de milicias civiles como los VDP, pero estas fuerzas están mal entrenadas, radicalizadas y actuando con total impunidad. Esto ha agravado las tensiones étnicas y ha dado pie a crímenes de guerra. Además, el uso de drones para vigilancia y ataques ha hecho cada vez más frecuentes los bombardeos indiscriminados a zonas civiles.

Una represión sin testigos

Uno de los mayores obstáculos para analizar y documentar lo que ocurre en Burkina Faso es la intromisión estatal en la libertad de información. Activistas, periodistas y hasta trabajadores humanitarios han sido víctimas de detenciones arbitrarias, vigilancia y amenazas.

Según Amnistía Internacional, la censura estatal y el control de medios han alcanzado niveles sin precedentes desde el ascenso de la junta. Cualquier disconformidad pública es silenciada. Y aquellos que logran salir del país, como los fulani de Solenzo, pueden dar testimonio, pero ya lejos de su hogar.

Una limpieza étnica en cámara lenta

La persecución hacia los fulani no es un fenómeno nuevo. Ya en 2020, HRW había advertido sobre la peligrosa asociación entre violencia y perfil étnico en la región. Sin embargo, la escala del reciente episodio en Solenzo indica una tendencia creciente hacia lo que muchos analistas consideran una limpieza étnica encubierta.

“Hoy en día, en toda la provincia, ya no quedan fulani —todos han huido, fueron asesinados o están secuestrados”, dijo un habitante local a HRW.

La omisión del Estado en proteger a esta minoría y el uso abierto de su fuerza militar contra ellos es un síntoma de un sistema colapsado: uno donde las armas reemplazan al diálogo, y el miedo sustituye a la ley.

Impunidad garantizada

Hasta el momento, el gobierno transitorio no ha abierto ninguna investigación seria. No se han identificado ni sancionado responsables. Las denuncias internacionales, aunque mediáticas, parecen esfumarse tan pronto como aparecen nuevos conflictos globales que capturan la atención internacional.

Burkina Faso camina por la cuerda floja entre el autoritarismo militar y el colapso institucional total. Mientras tanto, la comunidad internacional guarda un silencio ensordecedor ante la matanza de un pueblo que ha sido demonizado y expulsado de su tierra.

¿Una solución en el horizonte?

Expertos señalan que la única forma de revertir esta espiral de violencia pasa por:

• El fin de la impunidad de las fuerzas de seguridad.
• El desarme y reestructuración de los VDP.
• Una mediación regional con apoyo internacional, especialmente de la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental) y la Unión Africana.
• Restablecer el espacio cívico y la libertad de prensa en todas las regiones del país.

Pero todo ello resulta casi utópico mientras la junta militar se consolide como único poder absoluto y se cierre al diálogo con sus propios ciudadanos y la comunidad internacional.

Voces del exilio

Desde Malí, Níger o Costa de Marfil, donde miles de desplazados fulani han buscado refugio, las voces no cesan. Piden justicia, visibilidad y un retorno seguro. Pero sobre todo, piden no ser olvidados. Porque lo que ocurrió en Solenzo no es un hecho aislado; es el síntoma de un país que sangra en muchas direcciones y del que solo escuchamos ecos cuando la tragedia toma forma de masacre.

“No queremos venganza. Queremos vivir. Eso es todo lo que queríamos desde el principio”

— Pastor de 53 años, desplazado desde Solenzo, Burkina Faso.