Democracia en Juego: La Destitución de Karen Brinson Bell y el Futuro de las Elecciones en Carolina del Norte

Una funcionaria entre huracanes, pandemias y ataques

Durante seis años, Karen Brinson Bell fue la encargada de mantener intacta la maquinaria electoral de Carolina del Norte, enfrentándose a huracanes, una pandemia global y los coletazos del polémico resultado de las elecciones de 2020. A pesar de estos desafíos, su liderazgo fue constante hasta que, en mayo de 2024, fue sustituida tras una maniobra políticamente orquestada por la mayoría republicana del estado.

“Espero que volvamos a un lugar de civilidad y se entienda que los profesionales electorales somos guardianes de la democracia”, declaró Brinson Bell en una entrevista reciente, luego de confirmar su salida del cargo.

Un despido político bajo una nueva ley

El cese de Brinson Bell no fue una simple transición administrativa. Fue consecuencia de una ley aprobada en 2023 por la legislatura de mayoría republicana justo antes de perder su supermayoría. Esta legislación retiró la facultad del gobernador demócrata de nombrar a los miembros de la Junta Estatal de Elecciones, transfiriéndola al auditor estatal, que es republicano.

Esta movida ha suscitado preocupación entre expertos y defensores de la democracia. Aunque en teoría buscaba “equilibrar” el poder, en la práctica significó una limpieza administrativa en una institución fundamental para el funcionamiento democrático del estado.

Una sustitución controvertida

El pasado 7 de mayo, la nueva junta votó para que Sam Hayes, el asesor legal principal del presidente de la Cámara de Representantes estatal (también republicano), reemplazara a Brinson Bell. Esta decisión fue vista por muchos como una forma de politizar aún más un cargo que, tradicionalmente, se había considerado técnico y neutral.

A pesar de las críticas, líderes republicanos –como el senador Phil Berger– defendieron la decisión: “Fue una funcionaria partidista desde su nombramiento”, dijo Berger, criticando su papel en la extensión del plazo de recepción de boletas en 2020 durante la pandemia.

¿Justicia o venganza política?

Desde 2016, el Partido Republicano ha intentado de diversas formas despojar al gobernador demócrata del control sobre la Junta Electoral. Esta ha sido su estrategia tras una serie de decisiones electorales que no les favorecieron. Una de ellas fue la extensión de tres a nueve días del plazo para recibir boletas por correo en 2020, algo que Brinson Bell defendió en su momento como ajustado a la ley ante una situación excepcional.

Sin embargo, el ataque furioso y verbal contra ella –según sus propias palabras– fue alimentado por “la falta de entendimiento del rol legal” que ella cumplía, más allá de la política.

Ataques a funcionarios electorales: un fenómeno nacional

Brinson Bell no está sola. Desde las elecciones de 2020, numerosos funcionarios electorales en todo EE.UU. han sido objeto de acoso, amenazas e insultos. Casos como el de Meagan Wolfe, directora electoral de Wisconsin, demuestran que no es un fenómeno aislado.

Wolfe, al igual que Brinson Bell, ha enfrentado intentos sucesivos de destitución, apoyados en teorías infundadas de fraude electoral promovidas por personajes afines al expresidente Donald Trump. La Corte Suprema de Wisconsin tuvo que intervenir este año para permitirle continuar en su cargo, a pesar de no haber sido confirmada nuevamente por el Senado estatal.

Estas situaciones son prueba del riesgo creciente de politización de los procesos electorales, aún en estados donde el modelo administrativo pretende justamente lo contrario: neutralidad política.

¿Qué dice la ley realmente?

Karen Brinson Bell insistió en que todas sus decisiones se ajustaron a la ley vigente. “No se pueden cambiar las reglas del juego después de que el partido ha comenzado ni cuando ya ha terminado”, afirmó contundentemente.

Estas declaraciones surgieron luego de que líderes republicanos señalaran errores en la aplicación de la normativa para las elecciones de 2024, especialmente en la contienda por un puesto en la Corte Suprema estatal. A pesar de las disputas legales, todos los votantes señalados como problemáticos eran legalmente elegibles bajo las reglas establecidas con anterioridad.

Quién es Sam Hayes y qué se espera

Brinson Bell alertó sobre el hecho de que su reemplazo no tiene experiencia electoral previa: “Espero que se apoye en el conocimiento acumulado del personal de la Junta y en los directores de condado. Acaba de recibir la mayor oportunidad de su vida: ser el nuevo guardián del derecho al voto en nuestro estado.”

Pero existen dudas legítimas sobre el perfil de Hayes. Su historial como asesor legal de un líder partidario plantea inquietudes sobre su imparcialidad. ¿Será un actor independiente o un ejecutor de la agenda republicana?

El modelo mixto de Carolina del Norte

A diferencia de la mayoría de los estados de EE.UU., donde el secretario de estado (cargo electo) suele liderar la supervisión electoral, Carolina del Norte se rige por una Junta Estatal de Elecciones cuyos miembros son nombrados y su director es designado. Esto debería garantizar una mayor neutralidad, pero en los hechos recientes, ha servido como campo de batalla política.

Este modelo también lo comparte Wisconsin, que creó una comisión bipartita en 2016 para reemplazar a una antigua junta compuesta por jueces retirados. Paradójicamente, este cambio también fue impulsado por el Partido Republicano cuando no estaba conforme con el anterior esquema.

Una señal preocupante a nivel nacional

Brinson Bell advirtió en sus declaraciones que lo ocurrido podría ser apenas el inicio de una serie de episodios preocupantes para la democracia en EE.UU. “¿Es esto una muestra de lo que viene? ¿Serán estos los nuevos retos a nuestras elecciones una y otra vez?”, se preguntó.

El riesgo real aquí no es solo la pérdida de experiencia institucional o la inserción de actores partidistas en procesos técnicos, sino los efectos a largo plazo sobre la confianza pública en las elecciones.

¿A dónde va la democracia?

El caso de Carolina del Norte, junto a otros similares, como el de Georgia y Arizona, es un síntoma de una democracia debilitada por intereses partidistas. Cuando los funcionarios son relegados por seguir la ley en lugar de complacer a figuras políticas, el sistema se erosiona.

Al final de su entrevista, Brinson Bell concluyó con una reflexión sencilla pero poderosa: “Seguiré siendo una votante registrada en Carolina del Norte. Solo espero que quienes tomen el relevo valoren mi derecho a votar tanto como yo el de ellos.”

Un llamado urgente

El derecho al voto es la piedra angular de cualquier democracia. No puede estar a merced de estrategias partidistas ni de conveniencias temporales. Los funcionarios electorales deben ser protegidos, no vilipendiados, y deben recibir el respeto que corresponde a su función crítica para la salud institucional del país.

En momentos en que el mundo observa con lupa cada elección en EE.UU., estas dinámicas internas muestran que los mayores enemigos de su democracia quizá no vengan de afuera, sino que se gestan dentro de las instituciones mismas.