Trump, FEMA, Alcatraz y las prisiones federales: ¿Reforma o demolición del sistema público estadounidense?

El caótico reordenamiento de FEMA: ¿hacia su desaparición?

En medio de incertidumbre institucional, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha cambiado nuevamente la dirección de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Cameron Hamilton, quien había defendido vehementemente la importancia de la agencia ante el Congreso, fue abruptamente reemplazado por David Richardson, un exoficial del Cuerpo de Marines. La jugada, tan sorpresiva como preocupante, se produce una semana después de que el presidente Donald Trump sugiriera públicamente eliminar FEMA. "No creo que sea del interés del pueblo estadounidense eliminar la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias", fueron las palabras de Hamilton ante un subcomité de asignaciones presupuestarias. Poco después, fue relevado de su puesto. Este posible desmantelamiento se da precisamente en un contexto de creciente frecuencia de desastres naturales. Solo en 2023, FEMA respondió a 153 desastres naturales declarados, incluyendo incendios forestales, huracanes e inundaciones. ¿Está preparado EE.UU. para enfrentar futuros desastres sin su principal agencia de respuesta?

El regreso de Alcatraz: entre nostalgia y colapso financiero

Otro anuncio que dejó boquiabiertos a muchos fue la orden ejecutiva de Trump para reabrir la legendaria prisión de Alcatraz. Cerrada desde 1963 y hoy convertida en museo y sitio turístico en la Bahía de San Francisco, revivir esta prisión requeriría una inversión de cientos de millones de dólares. ¿Pero por qué apostar por restaurar un penal icónico y obsoleto en medio de un déficit de más de $3 mil millones en el propio sistema penitenciario federal? Según el director recientemente nombrado de la Oficina Federal de Prisiones (BOP), William K. Marshall III, se iniciará "una evaluación inmediata" para establecer los próximos pasos. Irónicamente, al mismo tiempo se ha implementado un congelamiento parcial de contrataciones, lo que profundiza una crisis laboral que ya tenía más de 4,000 vacantes no cubiertas. Aunque la agencia dijo que contratará para cargos "críticos", como oficiales correccionales y personal médico, muchos trabajadores ya están agotados por turnos de hasta 16 horas diarias y semanas de 80 horas.

Una agencia en crisis estructural real

El declive de la BOP no es nuevo, pero la actual dirección parece acelerar su implosión. Desde marzo, han muerto 11 presos federales, y recientemente se detectaron casos de tuberculosis y COVID-19 en instalaciones penitenciarias. Según un informe de 2024 presentado al Congreso, más de 4,000 camas son actualmente inutilizables por infraestructura insegura: techos con goteras, moho, asbesto y plomo son solo algunos de los peligros cotidianos. Además, el caos operativo ha permitido escapes masivos, violencia crónica y múltiples casos de abuso sexual por parte del personal, como ocurrió en la ya cerrada prisión femenina de Dublín, California, cuyo director fue acusado de abuso sistemático.

"Estamos exhaustos mental y físicamente de hacer más con menos. Nada bueno sale de estas decisiones, y solo puedo rezar para que nadie resulte herido o muerto", denunció Aaron McGlothin, presidente sindical en una prisión de Mendota, California.

Educación superior bajo control político: el caso FIU

Como parte del mismo patrón de control institucional, la Presidencia de la Universidad Internacional de Florida (FIU) parece otra pieza del ajedrez conservador. Jeanette Nuñez, exvicegobernadora de Florida y republicana cercana a Ron DeSantis, fue nombrada única finalista para presidir la universidad. Aunque el proceso se presentó como transparente, desde febrero se le designó como presidenta interina tras una recomendación directa de la oficina del gobernador. Con más de 56,000 estudiantes —muchos de ellos hispanos y de primera generación— FIU es una de las mayores universidades públicas del país. Las voces críticas, especialmente dentro del cuerpo docente, advierten que el nombramiento perpetúa una tendencia de politización de los procesos universitarios públicos bajo mandato de DeSantis. Las medidas para limitar el poder del gobernador sobre estas decisiones fracasaron en el último período legislativo.

¿Reforma o desmantelamiento del gobierno federal?

Detrás de estas acciones parece esconderse una misma lógica: reducir drásticamente el tamaño del gobierno federal. Trump ha promovido desde su primer mandato el debilitamiento de las agencias públicas, restringiendo su presupuesto y llenando sus direcciones con aliados ideológicos. Desde 2017 ya se había producido un congelamiento de contrataciones en la BOP, que fue ampliamente criticado por generar un incremento explosivo de horas extra y renuncias. A ese escenario caótico se suma ahora la reapertura de una prisión obsoleta y costosa, mientras se ignoran las fallas presentes del sistema. De igual modo, la posible eliminación de FEMA podría implicar que estados o incluso privados asuman la respuesta ante desastres, debilitando la capacidad federativa ante emergencias masivas como huracanes, incendios o pandemias.

Un experimento ideológico con víctimas reales

Bajo el discurso de eficiencia gubernamental, lo que se manifiesta es una transformación profunda del papel del Estado en Estados Unidos. Reducir, privatizar y centralizar el poder en torno a lealtades políticas parecen ser los objetivos. Y las consecuencias no se hacen esperar: desde cárceles colapsadas hasta instituciones de emergencia sin líderes estables; desde universidades entregadas a políticos hasta retrocesos en el acceso a servicios públicos básicos. De continuar esta dirección, los verdaderos afectados serán las personas más vulnerables: presos hacinados, comunidades sin alerta ni ayuda para catástrofes, estudiantes con menos oportunidades… Es decir, aquellos para quienes el Estado, incluso imperfecto, constituía un escudo frente a las desigualdades de un sistema ya de por sí inequitativo.

En la era Trump, la eficiencia puede ser el disfraz con el que se elimina la protección estatal que garantiza derechos básicos. ¿Estamos ante una reforma o frente al desmantelamiento sistemático del gobierno para beneficio de unos pocos?