La batalla de Texas por el voto: ¿fraude electoral o represión política?

Cuando la democracia se convierte en un campo de batalla

En el corazón rural de Texas, un nuevo capítulo se abre en la historia de las disputas electorales del estado. Seis personas —incluidos dos concejales, una integrante de la junta escolar y el principal ejecutivo del condado de Frio— fueron acusadas formalmente por presunta participación en una red ilegal de recolección de votos. Estos cargos, que han sido calificados como delitos graves, han puesto en el centro del debate público nacional la creciente tensión entre la defensa de unas elecciones limpias frente a los señalamientos de represión política y racial.

¿Qué pasó en Frio County?

Frio County, una región de apenas 18,000 habitantes al suroeste de San Antonio, se ha convertido en el epicentro de una investigación liderada por el procurador general Ken Paxton, un republicano que lleva años impulsando una cruzada contra lo que considera prácticas fraudulentas en los procesos electorales del estado. Las investigaciones se iniciaron tras una denuncia hecha en 2022 por Mary Moore, quien fue rival política de la ahora acusada jueza del condado Rochelle Camacho.

Según las órdenes de cateo, Moore acusó a Camacho de haber contratado a una mujer con experiencia en recolectar votos por correo —una práctica conocida en Texas como vote harvesting— durante casi tres décadas, y que supuestamente cobraba entre $1,500 y $2,500 dólares a distintos candidatos por su servicio.

Además de Camacho, están implicadas otras cinco personas, entre ellas los concejales Ramiro Treviño y Racheal Garza, la fiduciaria de la junta escolar Adriann Ramírez (quien además es hermana de Camacho), la residente local Rosa Rodríguez y el exadministrador de elecciones Carlos Segura. Este último enfrenta cargos por presunta manipulación de evidencia.

El delito de recolección de votos: ¿actividad criminal o servicio comunitario?

La ley texana considera la recolección de votos como un delito grave de tercer grado si se realiza a cambio de compensación monetaria. Esto conlleva una pena máxima de hasta 10 años de prisión. Sin embargo, distintos activistas, incluyendo a Gabriel Rosales, director estatal de la League of United Latin American Citizens (LULAC), han denunciado que estas acusaciones carecen de sustento y que responden más bien a una estrategia de supresión del voto latino.

“Esto es represión del votante 101”, declaró Rosales. “No hay ninguna cosecha de votos. Nadie está creando boletas falsas. Eso es una mentira”. Además, cabe destacar que el año pasado se realizaron allanamientos en las casas de voluntarios latinos de campaña, incluyendo una mujer de 87 años. A pesar de lo intrusivo del procedimiento, ninguno de ellos fue acusado.

La cruzada de Ken Paxton

Ken Paxton, enfrentado a sus propios dilemas legales —incluyendo una reciente investigación federal—, ha hecho del combate al fraude electoral uno de sus banderas políticas más visibles desde las elecciones de 2020. Tras los resultados presidenciales, Paxton encabezó la presentación de una demanda en la Corte Suprema que cuestionaba los resultados en cuatro estados clave. Aunque dicha demanda fue desestimada, el impulso de Paxton a endurecer las leyes electorales en Texas no se ha detenido.

En 2021, la legislatura estatal aprobó la SB1, una polémica ley que limitó el voto anticipado, prohibió los buzones electorales en la vía pública y autorizó a observadores electorales partidistas a desempeñar un rol más activo en los centros de votación. Sus críticos la describen como una herramienta elaborada de supresión.

Un clima legal que afecta a las minorías

Según un informe del Brennan Center for Justice, de 201 a 2022, Texas fue uno de los estados con mayor número de restricciones al derecho al voto. Y en gran medida, estas afectaron desproporcionadamente a electores afroamericanos y latinos.

Desde el enfoque del Partido Republicano del estado, estas medidas se justifican como una forma de garantizar elecciones transparentes. Pero organizaciones defensoras de derechos civiles las ven como parte de una estrategia para dificultar el voto en comunidades donde los demócratas tienden a tener más apoyo.

El propio David Cruz, vocero nacional de LULAC, aseguró que la organización aún no ha tomado una postura sobre si representará a los acusados debido a que los cargos aún están siendo analizados, pero emitió una fuerte condena a las redadas de 2023 sin cargos resultantes.

La elección de 2022 y el uso de tecnología

Uno de los elementos que ha captado la atención mediática es la alegación de que algunos pagos por la recolección de votos se habrían realizado a través de aplicaciones financieras como Cash App. Este detalle ha sido utilizado por la Fiscalía para argumentar que existía una red organizada y remunerada. Sin embargo, expertos legales apuntan que usar tecnología para enviar dinero no implica, per se, una actividad ilícita.

“Este tipo de acusaciones necesitarán sustentarse con algo más que recortes de pagos vía app”, declaró el abogado defensor de uno de los acusados, quien pidió el anonimato. “No basta con probar que hubo transferencias; hay que probar intención delictiva”.

¿Qué opinan los residentes?

En Pearsall, cabecera de Frio County, los habitantes viven este escándalo con una mezcla de desconcierto y resignación. María G., una residente de 43 años que prefirió no dar su nombre completo, dijo: “Aquí votar nunca fue fácil para muchos. Te dicen dónde ir, te cambian los lugares, y nadie te ayuda. Que haya alguien que nos ayude con las boletas no es fraude, es ayuda comunitaria.”

Otros, en cambio, ven con buenos ojos la investigación, temiendo que se normalicen prácticas abusivas. “Yo respeto que se investigue todo. Si alguien hizo trampa, que lo pague”, opinó Tomás R., agricultor jubilado.

Una larga historia de restricciones al voto en Texas

El debate sobre el acceso al voto en Texas no es nuevo. Desde los años 60, múltiples sentencias han sancionado al estado por prácticas discriminatorias, incluyendo el gerrymandering (manipulación distrital) que diluye el voto latino. Hasta 2013, Texas estaba bajo supervisión federal directa bajo la Ley del Derecho al Voto. Dicha supervisión terminó tras el dictamen Shelby County v. Holder, lo que permitió al estado implementar nuevas restricciones sin aprobación previa.

Perspectivas futuras y batalla legal

Por ahora, los seis imputados enfrentan cargos que podrían marcar sus vidas para siempre. Si bien aún no hay condenas, el proceso judicial podría extenderse meses o incluso años. Mientras tanto, los observadores ven este caso como un ejemplo emblemático del choque entre la seguridad electoral y los derechos civiles.

Si finalmente se demuestra que hubo fraude organizado, sin duda será un revés grave para quienes defienden la transparencia democrática. Pero si, por el contrario, resulta que solo apoyaban a electores de comunidades rurales y de edad avanzada a ejercer su derecho al voto, estaríamos frente a un caso de criminalización de la participación cívica.

¿Estamos frente a la nueva cara de la represión electoral?

En un año donde las elecciones presidenciales vuelven al centro de la escena nacional, este debate cobra mayor fuerza. Organizaciones de derechos civiles como LULAC prometen mantener vigilancia sobre acciones que, bajo la apariencia de combate al fraude, intenten excluir o atemorizar a las minorías del proceso electoral.

La historia de Frio County aún está en desarrollo, pero ya refleja tendencias preocupantes para la democracia en Texas y en Estados Unidos. ¿Es más riesgoso tolerar pequeñas irregularidades si eso asegura mayor participación? ¿O debemos aplicar la ley sin importar si eso coarta otras libertades fundamentales?

Lo único seguro es que el voto —y quién lo ejerce— seguirá siendo uno de los campos de batalla más ardientes de la política estadounidense.