¿Incapacidad o Injusticia? El desmantelamiento silencioso de la inclusión laboral para personas con discapacidad en EE.UU.

Un modelo en retroceso

Durante décadas, el gobierno federal de Estados Unidos fue considerado un modelo de inclusión laboral para personas con discapacidad. Gracias a políticas como Schedule A, miles de trabajadores lograron integrarse en funciones clave dentro de diversas agencias federales, sorteando barreras sistémicas y abriendo camino hacia un empleo digno.

Sin embargo, con la llegada del expresidente Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca en 2025, esa imagen de compromiso con la diversidad y la equidad laboral comienza a desdibujarse. Las recientes olas de despidos masivos en agencias federales han afectado desproporcionadamente a empleados con discapacidad, generando alarma entre defensores de derechos, organizaciones sociales y expertos en política pública.

¿Qué es Schedule A y por qué es importante?

Schedule A es una autoridad de contratación especial que permite a las agencias federales contratar directamente a candidatos con ciertas discapacidades, sin necesidad de pasar por el proceso tradicional. Una política diseñada no como acto de caridad, sino como medida correctiva contra décadas de discriminación laboral sistemática.

Para obtener un empleo por esta vía, los solicitantes deben cumplir con los requisitos del puesto y pueden realizarlo con o sin adaptaciones razonables. Es decir, no se trata de un privilegio inmerecido, sino de una vía justa de ingreso para quienes enfrentan barreras estructurales al buscar trabajo.

Desmantelamiento bajo la apariencia de eficiencia

La administración actual ha desatado una serie de despidos que, si bien afectan a distintos sectores del servicio público, han golpeado con mayor fuerza a empleados contratados bajo Schedule A. Tal es el caso de Spencer Goidel, un trabajador autista de 33 años que fue despedido de su puesto como especialista en igualdad laboral en el IRS. Irónicamente, su trabajo consistía en investigar reclamos de acoso en nombre del gobierno.

Como él, Abby Tighe, una exasesora de salud pública en el CDC que tiene distrofia muscular progresiva, también fue apartada de su puesto durante su periodo de prueba. Ambas historias reflejan la fragilidad de la inclusión cuando las políticas que la sustentan se abandonan.

Estadísticas que reflejan una fractura

Según datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, mientras el 75% de las personas sin discapacidad entre 16 y 64 años estaban empleadas en 2023, solo el 38% de las personas con discapacidad lo estaban. Aunque esto representa el nivel de empleo más alto registrado para esta población, aún evidencia una brecha sustancial que políticas como Schedule A intentaban reducir.

Desde 2009, cuando se comenzaron a registrar estas estadísticas, la inclusión laboral de personas con discapacidad había ido en ascenso gracias a decisiones como la Actualización del Acta de Rehabilitación de 1973 y el mandato de Obama en 2014 de establecer metas específicas de contratación.

El mensaje desde la Casa Blanca y sus consecuencias

Oficiales de la administración han emitido declaraciones preocupantes que reflejan percepciones negativas sobre los trabajadores con discapacidad. En enero de este año, tras un accidente aéreo cerca del Aeropuerto Nacional Reagan que dejó 67 fallecidos, Trump culpó —sin evidencias— al enfoque de contratación inclusiva de la Administración Federal de Aviación. Señaló que solo deberían emplear a controladores “psicológicamente superiores”.

Comentarios como este no solo resultan estigmatizantes, sino que además pueden influir en la cultura empresarial del sector privado, que podría relajar sus compromisos con la inclusión basándose en el modelo regresivo del gobierno federal.

El impacto psicológico y profesional en los despedidos

Goidel comentó en declaraciones a la prensa: “Están eliminando oportunidades y medios de vida. También están lastimando a personas que tal vez necesitan un poco de ayuda adicional para tener movilidad ascendente”. Su frustración es compartida por miles de profesionales que encontraron en el servicio público no sólo estabilidad, sino también una vía para alcanzar desarrollo personal y un espacio donde sus diferencias eran vistas como parte de la riqueza institucional.

Desconfianza en la meritocracia

El argumento oficial para prescindir de los programas de inclusión ha sido repetidamente el de “restaurar la meritocracia”. No obstante, bajo Schedule A, los empleados ya estaban obligados a demostrar su idoneidad. La eliminación injustificada de estos empleados a menudo se basa más en prejuicios ocultos que en evaluaciones objetivas del rendimiento.

Kelly McCullough, directora legal de Disability Law Colorado, señaló que el ataque político a estas iniciativas ha coincidido con un aumento en las denuncias por discriminación laboral. Según ella: “Si el gobierno federal desafía estas ideas de inclusión, el mensaje llega a los empleadores privados también”.

Retroceso peligroso: de políticas progresivas a políticas punitivas

La administración Trump también ha eliminado una orden ejecutiva emitida por el presidente Biden que requería a las agencias federales establecer planes de acción para contratar personal diverso, incluyendo personas con discapacidad. Esta orden incluía los principios de Diversidad, Equidad, Inclusión y Accesibilidad (DEIA).

Al llamarlas “programas ilegales”, el gobierno de Trump ha sentado un precedente preocupante: tratar los esfuerzos de inclusión como si fuesen actos de discriminación inversa. Sin embargo, estas políticas no se basan en favoritismos, sino en eliminar el histórico desequilibrio que enfrentan millones de ciudadanos con diversidad funcional.

De héroes de la inclusión a ‘pasivos’ del sistema

Desde dentro de las agencias federales, trabajadores despedidos describen sus puestos como entornos enriquecedores, que les brindaban propósito y estabilidad. Ahora, enfrentan un panorama lleno de incertidumbre. Como Tighe lo expresó: “Entiendo cómo quienes dependen de una silla de ruedas o un asistente personal podrían temer la siguiente fase de empleo, cuando ya no puedan ocultar su discapacidad durante una entrevista”.

Esta invisibilización forzada de condiciones médicas para poder conseguir empleo habla de un sistema que aún castiga las diferencias, en lugar de reconocerlas y acomodarlas.

La erosión de la confianza pública

Organizaciones como The Arc of the United States advierten grandes pérdidas no solo en cuanto a servicios gubernamentales —pues muchas de las tareas que realizaban estos empleados eran esenciales (como investigar casos de acoso)—, sino también el deterioro moral de una política pública que pretendía capitanear la equidad.

“¿Quiénes van a asumir esos servicios ahora? ¿Quién contratará a estas personas?”, se pregunta Katy Neas, directora ejecutiva de The Arc.

Una comunidad en resistencia

Exfuncionarios como Anupa Iyer Geevarghese, quien trabajó en la EEOC durante el mandato de Obama, reconocen que aún persisten frustrantes concepciones sobre lo que las personas con discapacidad pueden lograr: “Creíamos que habíamos combatido esos prejuicios, pero aún estamos luchando esa batalla”.

En este contexto, la comunidad de ciudadanos con discapacidad, sus aliados y los defensores de derechos civiles encaran un nuevo ciclo político con preocupación, pero también con determinación de cuidar los avances conseguidos a lo largo de décadas.

Un llamado a la acción colectiva

Estados Unidos enfrenta hoy el reto de decidir si continuará siendo un país que lidera políticas de inclusión o retrocederá en nombre de una noción de mérito equivocada. El impacto de estas decisiones no se mide sólo en estadísticas, sino en las vidas que quedan al margen cuando las políticas públicas olvidan a quienes más las necesitan.