La guerra por el aborto en EE. UU.: Mifepristona, telemedicina y el nuevo pulso legal entre los estados y el gobierno federal

Por más de dos décadas, el medicamento mifepristona ha sido una herramienta clave en los procedimientos de aborto en Estados Unidos. Sin embargo, su acceso, especialmente a través de la telemedicina, ha desatado una batalla jurídica y política encarnizada entre gobiernos estatales conservadores, activistas antiaborto y la administración federal.

El más reciente capítulo de esta pugna se desarrolla en Texas, donde un grupo de estados liderados por gobiernos republicanos —Idaho, Kansas y Missouri— han reactivado una ofensiva legal contra la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Su objetivo: revertir las flexibilizaciones que permiten prescribir mifepristona a través de la telemedicina y sin visitas obligatorias al consultorio médico.

¿Qué es la mifepristona y por qué es tan controvertida?

La mifepristona es un medicamento que, junto con el misoprostol, se utiliza para interrumpir embarazos en etapas tempranas. Se considera altamente efectivo y seguro; según el Guttmacher Institute, representa más del 60% de los abortos en EE. UU. desde que la Corte Suprema anuló Roe v. Wade en 2022.

Desde 2000 ha estado aprobado por la FDA, y en 2016 se eliminaron ciertos requisitos rigurosos para facilitar su acceso. Esto incluyó permitir su prescripción por telemedicina, ampliar las semanas de gestación en las que se puede usar (hasta 10 semanas), y reducir el número de visitas médicas presenciales de tres a una.

El retorno de la jurisdicción: ¿Puede el caso avanzar en Texas?

La administración Trump, alineándose con su predecesor demócrata en esta materia, solicitó a un juez federal de Texas desestimar la demanda de los tres estados argumentando una falta de standing legal, es decir, que no tienen base legítima para presentar la demanda en esa corte específica.

El Departamento de Justicia (DOJ) sostuvo que los estados no pueden reciclar una demanda previamente rechazada —en otra corte y por otros demandantes— simplemente modificando los actores y el lugar. “Nada impide que los estados presenten su demanda en un distrito donde el lugar sea apropiado”, escribió el abogado del DOJ, Daniel Schwei.

El caso está siendo revisado por el juez Matthew Kacsmaryk, nominado por Trump, conocido por haber intentado suspender la aprobación de la mifepristona en un caso anterior. Aunque su fallo fue limitado por una corte de apelaciones y finalmente descartado por la Corte Suprema, el litigio ha resurgido con estos nuevos demandantes estatales.

¿Qué buscan exactamente los estados demandantes?

Idaho, Kansas y Missouri argumentan que el acceso facilitado a la mifepristona socava sus leyes estatales contra el aborto. Exigen a la FDA:

• Prohibir las recetas de mifepristona por telemedicina.
• Restaurar el requisito de tres visitas presenciales.
• Limitar el uso del medicamento a las primeras siete semanas de gestación.

La motivación es, en términos simples, volver a imponer barreras logísticas que muchas mujeres no pueden superar fácilmente: largos viajes, horas de espera, costos adicionales, y ahora, en algunos estados, incluso el temor al castigo legal.

¿Y qué hay del reloj? ¿Es la demanda incluso válida a estas alturas?

Aquí entra otro argumento del DOJ: lo que los estados están impugnando son cambios realizados por la FDA en 2016. Siguiendo la Ley de Procedimientos Administrativos (APA), hay un límite de seis años para llevar una demanda de este tipo. Es decir, cualquier reclamo contra las acciones de 2016 venció en 2022.

El contexto político está más caliente que nunca

Este caso ocurre mientras los candidatos presidenciales, en especial Donald Trump y Robert F. Kennedy Jr., son presionados para definir con claridad sus posturas sobre el aborto farmacológico.

• Trump: En una entrevista con TIME, indicó que no limitaría el acceso a medicamentos abortivos. Aseguró que el asunto debe manejarse a nivel estatal, destacando su legado en la Corte Suprema que acabó con Roe v. Wade.
• Robert F. Kennedy Jr.: Ha expresado opiniones cambiantes. Aunque se ha manifestado con frases como “siempre he creído que el aborto es una tragedia”, no ha detallado si apoyaría o no restricciones a medicamentos como la mifepristona.

¿Qué impacto tiene esto en las diferentes leyes estatales?

Los tres estados litigantes tienen leyes muy distintas:

• Idaho: Aborto totalmente prohibido en todas las etapas.
• Missouri: Una prohibición estricta, aunque los tribunales se han visto obligados a reconsiderar su aplicabilidad tras un referéndum que aprobó protecciones constitucionales al aborto.
• Kansas: Permite el aborto hasta las 22 semanas y ha rechazado intentos de limitarlo mediante consulta popular (2022).

Este desequilibrio demuestra por qué las medidas federales son tan cruciales y controvertidas: lo que se decide en Washington, puede reforzar o desmoronar el andamiaje legal de cada estado.

La dimensión médica: avances versus retrocesos

La comunidad médica ha enfatizado la seguridad de la mifepristona. Según el American College of Obstetricians and Gynecologists, los abortos con medicamentos tienen una tasa de eficacia del 98% y un perfil de seguridad extraordinariamente alto.

“Este medicamento ha sido investigado intensamente durante décadas. Las restricciones actuales no son médicas, son políticas” — Dr. Jen Gunter, ginecóloga y autora de The Vagina Bible

Sin embargo, los grupos antiaborto han redoblado esfuerzos para asociar el uso doméstico del medicamento con complicaciones médicas, a pesar de que los datos dicen lo contrario.

El futuro del acceso al aborto: ¿más control o más autonomía?

Este caso es uno más en una serie de intentos por redefinir el paisaje legal del aborto en un país dividido profundamente sobre el tema. A pesar de decisiones judiciales previas, como el rechazo por parte de la Corte Suprema de una demanda anterior por falta de legitimación, los sectores conservadores siguen litigando, ahora probando nuevas vías legales.

La batalla sobre la mifepristona refleja algo más grande: la lucha por el control del aborto como política estatal o federal. Si los estados logran frenar el acceso al medicamento incluso de forma remota, marcarían un precedente para frenar otras modalidades de aborto médico y limitarían el control sobre los cuerpos a una geografía que cambia de frontera en frontera.

En palabras de Julie Rikelman, abogada de derechos reproductivos y actual jueza federal: “El acceso basado en el código postal no es acceso real. Es discriminación estructural”.

Por ahora, el destino de la mifepristona, de los derechos reproductivos y de cómo se distribuyen las decisiones médicas permanece bajo deliberación judicial… y electoral.

Fuente de datos: Guttmacher Institute, FDA, NPR, American College of Obstetricians and Gynecologists