¿Se acabó la democracia directa en Florida? Una mirada crítica a las nuevas restricciones al proceso de iniciativas ciudadanas

En Florida, el enfrentamiento entre el poder legislativo y los ciudadanos ha escalado a un nuevo nivel. Esta vez, el blanco de las restricciones es el mecanismo de iniciativas ciudadanas, una herramienta clave para la participación democrática directa en el estado. Tras la firma del gobernador Ron DeSantis de una nueva legislación que impone severas limitaciones sobre este proceso, varias organizaciones progresistas han respondido con una demanda federal.

¿Qué está en juego? El control ciudadano vs. el poder político

La organización Florida Decides Healthcare (FDH), junto con el Southern Poverty Law Center y el bufete Elias Law Group, ha entablado una demanda para frenar estas medidas que consideran antidemocráticas. Y no es para menos. Según palabras de Mitch Emerson, director ejecutivo de FDH:

"Esta ley no tiene que ver con mejorar el proceso de iniciativa ciudadana. Es un ataque calculado y cobarde a la libertad fundamental de los floridanos para participar en su propia democracia."

¿Qué dice la nueva ley y por qué es polémica?

El conjunto de reformas firmadas por DeSantis impone una serie de restricciones técnicas, legales y económicas al proceso de recolección de firmas para poner iniciativas en las boletas electorales. Estas son algunas de las disposiciones más controversiales:

• Criminaliza la recolección de más de 25 firmas sin estar registrado como circulador de peticiones ante el Estado. La pena puede ser considerada un delito grave.
• Inhabilita a personas con antecedentes penales que no hayan restaurado sus derechos de voto, extranjeros y residentes fuera de Florida para recolectar firmas.
• Obliga a los firmantes a entregar datos sensibles como su número de licencia de conducir, número de tarjeta de votante o los últimos 4 dígitos del número de seguro social.
• Aumenta las multas por enviar peticiones al condado equivocado o no entregarlas en plazo.

Para el común de los ciudadanos o incluso para organizaciones comunitarias con escasos recursos, estas exigencias son prácticamente imposibles de cumplir sin incurrir en enormes gastos legales y logísticos.

De hecho, Mitch Emerson afirma que el costo de cumplir con la nueva normativa asciende a varios millones de dólares. Esto obliga a depender más de circuladores pagados y desincentiva el trabajo voluntario, fragmentando así la base de participación ciudadana.

Un contexto de logros amenazados

Florida tiene una larga historia de utilizar las iniciativas ciudadanas para contrarrestar la mayoría republicana en el Congreso estatal. Solo en los últimos años, la ciudadanía logró, mediante este mecanismo:

• Aumentar el salario mínimo
• Legalizar el uso de la marihuana medicinal
• Restaurar los derechos de voto de personas con antecedentes penales

Estas reformas ciudadanas han sido vistas como avances progresistas que el Congreso nunca habría aprobado por sí solo. La nueva ley, según los críticos, es una reacción directa frente al creciente uso de este mecanismo por parte de los votantes progresistas.

¿Reforma o represión?

El senador estatal Don Gaetz, quien copatrocinó la legislación, defendió las reformas asegurando que no son un ataque al proceso, sino a quienes lo han "corrompido". Según Gaetz:

"Esta ley no es un ataque al proceso de iniciativa ciudadana; es un ataque a quienes lo han corrompido."

Sin embargo, no hay evidencia pública de que el proceso esté siendo sistemáticamente manipulado o corrupto. Además, los supuestos problemas de fraude no se han traducido en casos documentados que respalden la necesidad de criminalizar la participación voluntaria o imponer nuevos muros burocráticos.

El miedo como herramienta política

Según Emerson, uno de los efectos más nocivos de la ley es la siembra del miedo:

"Los voluntarios están dudando si pueden ayudar legalmente. Las comunidades están confundidas. Y eso es exactamente lo que la ley pretendía: generar confusión y cerrar la participación antes de que empiece."

Hasta la fecha, FDH había recolectado cerca de 100,000 firmas para su propuesta de expansión de Medicaid en Florida, con la meta de alcanzar 880,000 firmas verificadas antes del 1 de febrero de 2026. Con las nuevas restricciones, esa meta parece cada vez más lejana.

Una guerra contra la democracia directa

No es la primera vez que los legisladores de Florida intentan limitar el poder del voto ciudadano. En años recientes, aprobaron medidas que:

• Incrementaron el porcentaje requerido de votos (60%) para aprobar una enmienda constitucional.
• Restringieron el financiamiento de campañas de iniciativa por parte de entidades fuera del estado.
• Reducieron el plazo para recoger firmas válidas.

Esto ha generado un entorno cada vez menos accesible para el ciudadano promedio. Un reporte de Ballot Initiative Strategy Center muestra que Florida es hoy uno de los cinco estados más difíciles para aprobar iniciativas ciudadanas.

El caso de expansión de Medicaid: una bomba política

Parte de la razón detrás de esta ofensiva legislativa podría radicar en la propia campaña de FDH para expandir Medicaid. Florida es uno de los últimos 10 estados que todavía se niega a ampliar el programa bajo el Affordable Care Act. De aprobarse en referéndum, cientos de miles de floridanos de bajos ingresos podrían acceder a servicios de salud básicos.

Sin embargo, esto sería un duro golpe para el discurso republicano sobre el tamaño del gobierno y el gasto público. La mayoría conservadora teme que un balón ciudadano exitoso sobre Medicaid abra la puerta a futuras victorias similares sobre derechos laborales, justicia criminal o medio ambiente.

Un patrón preocupante: Florida no está sola

La tendencia a restringir la iniciativa ciudadana no es exclusiva de Florida. Según el Brennan Center for Justice, al menos más de 100 proyectos de ley en 30 estados han intentado limitar el proceso de iniciativas desde 2020. Los motivos también son similares: frenar agendas sociales progresistas impulsadas desde las bases.

Esto representa un giro preocupante en la democracia estadounidense. La posibilidad de votar directamente sobre ciertas políticas ha sido durante más de un siglo una herramienta de equilibrio ante legislaturas dominadas por intereses partidistas o lobbies empresariales.

¿Hasta dónde puede llegar esta crisis?

La demanda presentada por FDH representa una batalla legal clave. Si se logra paralizar la nueva ley, no solo se restablecerán las reglas del juego en Florida, sino que se enviará un mensaje a otros gobiernos estatales con intenciones similares: la participación ciudadana no es negociable.

El caso será observado detenidamente por sectores de derechos civiles, entidades no gubernamentales, periodistas y juristas, ya que su desenlace puede sentar precedentes importantes sobre hasta dónde puede llegar una legislatura estatal en su intento de limitar —o proteger, según ellos— un proceso eminentemente democrático.

Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta el dilema de seguir luchando o rendirse ante las barreras legales. Pero como señala un activista de Jacksonville:

"Si el Estado te hace imposible usar la ley para cambiar la ley, ¿entonces qué nos queda?"

¿Una solución federal?

Algunos expertos proponen una legislación federal que proteja los mecanismos de democracia directa a nivel estatal, similar a las garantías ofrecidas para el derecho al voto. Sin embargo, con un Congreso dividido y una Corte Suprema poco inclinada a intervenir en asuntos de autonomía estatal, esa idea parece lejana por ahora.