Recortes en la inteligencia de EE. UU. y deportaciones polémicas: ¿Ideología sobre seguridad?

El debilitamiento sistemático de las agencias de inteligencia de EE. UU.

La administración de Donald Trump ha emprendido una serie de reformas sustanciales y polémicas en los entes federales encargados de la seguridad nacional. Según reportes del The Washington Post y confirmaciones posteriores, la Casa Blanca planea reducir significativamente el número de empleados en la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), además de otras agencias. El objetivo declarado: realinear estas instituciones con las prioridades del gobierno actual.

El plan contempla una reducción de 1.200 puestos en la CIA en los próximos años, gran parte de ellos mediante jubilaciones anticipadas y la no sustitución de personal que se retire. La NSA enfrentaría recortes más drásticos. Según voceros gubernamentales, estos movimientos responden a una "estrategia holística" para renovar energías, permitir el ascenso de nuevos líderes y reforzar áreas como inteligencia humana y el enfoque hacia China.

Sin embargo, expertos en seguridad cuestionan estos argumentos. Para ellos, las agencias se están viendo afectadas no por eficiencia operativa, sino por una decidida purga ideológica que apunta al control político de organismos que históricamente han operado de manera relativamente autónoma del Ejecutivo.

Fin de programas de diversidad y equidad

Uno de los movimientos más controversiales ha sido el desmantelamiento de los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) dentro de las agencias de inteligencia. Aunque un juez federal bloqueó temporalmente la destitución de 19 empleados que se desempeñaban en esas áreas, las señales son claras: la nueva administración ve estos enfoques como obstáculos más que aportes.

El director de la CIA, John Ratcliffe, nombrado por Trump, ha enfatizado su intención de "reorientar" la agencia para hacerla más efectiva según las nuevas amenazas, especialmente el ascenso de China como potencia rival. Pero críticos acusan que tales reformas han venido acompañadas de hostilidad hacia la diversidad ideológica y racial dentro del sistema.

El caso Kordia: ¿represalias por activismo?

La historia de Leqaa Kordia, una mujer palestina de 32 años residente en Nueva Jersey, ejemplifica cómo la ideología política se está filtrando peligrosamente en las decisiones de seguridad e inmigración.

Kordia fue arrestada en una protesta pacífica en Columbia University, en abril de 2024, contra las acciones de Israel en Gaza. Aunque la NYPD desestimó los cargos originalmente y el caso fue sellado, un informe posterior de cuatro páginas —generado y compartido por la policía de Nueva York— fue entregado a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Ese documento, que incluía su información personal y una breve descripción del arresto, terminó siendo usado para justificar su detención por inmigración.

Sorprendentemente, Kordia no tenía afiliaciones públicas con grupos activistas, ni redes sociales activas, ni figuraba en listas de organizaciones pro Palestina más visibles. Según sus abogados, la mujer ni siquiera era estudiante de Columbia y sólo asistía como ciudadana preocupada por la situación en Gaza, donde ha perdido a más de 100 familiares por ataques israelíes, según su testimonio.

¿Violación de leyes santuario?

La Ley de la Ciudad Santuario de Nueva York prohíbe a la policía local compartir registros internos con agencias federales de inmigración, salvo en investigaciones criminales específicas. La divulgación del informe de Kordia plantea serias preguntas sobre la conducta del NYPD y el cumplimiento de esta legislación.

Meghna Philip, directora de litigios especiales en la Legal Aid Society, lo dijo claramente: “Parece una violación clara de la ley y plantea preguntas sobre los límites, si es que existen, que tiene el NYPD al compartir información con un gobierno federal que busca criminalizar la protesta política”.

Según documentos judiciales, incluso tras haberse retirado el cargo menor por alteración del orden público, el gobierno federal continuó con una ofensiva de vigilancia contra Kordia: interrogando familiares, rastreando transacciones de MoneyGram y hasta instalando seguimiento en su cuenta de WhatsApp.

Confinamiento y negación de derechos básicos

La situación de Kordia en el centro de detención es alarmante. Deportada a una cárcel en Texas luego de un “check-in” de rutina con inmigración en Nueva Jersey, ha sufrido condiciones inhumanas, según sus abogados. Estando allí ha perdido 22 kg de peso por la negativa de proporcionarle comidas halal, lo que violaría su libertad religiosa.

El gobierno argumenta que su riesgo para el país proviene exclusivamente de su detención en la protesta —único elemento presentado en la audiencia—, pero el juez de inmigración falló a favor de liberarla bajo fianza de $20,000. Sin embargo, una apelación del gobierno la mantiene detenida por ahora.

Desmantelamiento de la ciencia ambiental

Paralelamente a los recortes en inteligencia y el endurecimiento en leyes migratorias, la administración Trump también ha apuntado contra otra piedra angular del gobierno federal: la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Bajo la administración del republicano Lee Zeldin, la EPA inició una reestructuración que implicaría el despido de hasta 1.155 empleados de la Oficina de Investigación y Desarrollo, alrededor del 75% de su personal. Con estas medidas se busca reducir el presupuesto en más de dos tercios y eliminar lo que la Casa Blanca ha tachado como "investigaciones climáticas radicales" o "agenda woke".

Estas reformas no sólo reducen la capacidad del país para enfrentar desafíos como el cambio climático o la contaminación del agua, sino que despolitizan peligrosamente la ciencia, desplazándola del corazón del diseño de políticas públicas. Camden Weber, del Center for Biological Diversity, advirtió que estas acciones son “una jugada clásica del manual autoritario: vaciar las instituciones y desplazar expertos”.

De la ciencia a la seguridad: una purga institucional

En conjunto, los movimientos recientes del gobierno Trump reflejan una estrategia más amplia orientada no tanto a mejorar el desempeño de las agencias federales, sino a redefinir su papel según una agenda ideológica. En seguridad nacional, ciencia, medioambiente e inmigración, los patrones son consistentes: centralización del poder, purgas internas, traslape entre activismo y conducta criminal y priorización de lealtades políticas sobre competencia técnica.

Casos como el de Kordia van más allá de una cuestión migratoria. Tocan el núcleo del derecho a la protesta, la presunción de inocencia y la libertad religiosa. Por otra parte, el vaciamiento de órganos como la Oficina de Investigación de la EPA o los equipos de diversidad en la CIA no sólo demuestra desprecio por el pluralismo, sino que expone riesgos tangibles para la seguridad y la salud pública de millones.

A medida que se acercan las elecciones de 2024, el país parece debatirse entre dos modelos de gobernanza: uno que ve las instituciones como guardianes técnicos del bien común, y otro que las concibe como herramientas para consolidar una visión de nación excluyente, homogeneizante y autoritaria.

¿Estamos sacrificando el espíritu de la democracia bajo el pretexto de salvarla?