Panhandle bajo presión: el rostro humano de la inmigración legal en la era Trump 2.0

En un rincón polvoriento del norte de Texas, entre praderas interminables, mataderos industriales y pueblos que aún conservan los letreros de madera que anuncian su llegada, se está librando una batalla silenciosa. No es una guerra declarada, pero sí una lucha por la permanencia, la dignidad y la promesa rota del sueño americano. Este es el caso de cientos de inmigrantes que —a pesar de haber seguido los canales legales para residir y trabajar en los Estados Unidos— hoy enfrentan una orden inesperada del gobierno: “Es hora de que abandone los Estados Unidos.”

Una vida construida bajo la ley

Kevenson y Sherlie Jean, una pareja de inmigrantes haitianos residentes en Panhandle, Texas, llegaron a Estados Unidos tras huir de la violencia y la inestabilidad crónica en su país de origen. Conforme a los requisitos del gobierno estadounidense, obtuvieron permisos de estadía y trabajo en 2023 bajo el programa de parole humanitario, diseñado para otorgar entrada temporal por razones urgentes a personas provenientes de países en crisis.

Él se formó como camionero, transportando carne y otros productos agrícolas por todo el país. Ella, con dos empleos en la industria alimenticia, alterna sus días entre hamburguesas y libros de romance en inglés para mejorar su segundo idioma. Ambos pagan impuestos, tienen casa propia y una red de amistades locales. Su historia no es un caso aislado; refleja a más de 500,000 inmigrantes legales de países como Haití, Venezuela, Cuba y Nicaragua que están viendo cómo su estatus migratorio pende de un hilo.

El giro drástico: las nuevas directrices migratorias

En abril de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) envió alertas a miles de inmigrantes legales notificándoles la terminación de su parole. Una de esas notificaciones, entregada por correo electrónico, decía de manera categórica:

“Es hora de que abandone los Estados Unidos. No intente permanecer en el país. El gobierno federal lo encontrará.”

Este mensaje, percibido por muchos como intimidatorio, marcó el inicio de una nueva etapa de endurecimiento migratorio durante la administración de Donald Trump, quien nuevamente ocupa la Casa Blanca. Aunque gran parte del discurso se ha centrado en la migración irregular y criminal, las medidas están afectando también a aquellos que llegaron legalmente y se integraron social y económicamente.

De Chicago a Cactus: inmigración y carne

El caso del Panhandle texano no es casual. Desde el siglo XIX, los mataderos estadounidenses han estado estrechamente vinculados con la inmigración. En el pasado fueron lituanos, italianos y judíos rusos quienes ocupaban esas líneas de trabajo en Chicago. Desde los años 80, la labor pasó a manos de mexicanos y centroamericanos. Hoy son haitianos, cubanos y somalíes quienes se encargan de debonar reses, limpiar sangre y mantener funcionando el motor de la industria cárnica estadounidense.

Más del 40% de los trabajadores de las plantas cárnicas en EUA son inmigrantes, de acuerdo con la United Food and Commercial Workers Union. La planta de JBS en Cactus, Texas, uno de los mayores empleadores del estado con más de 3,700 empleados, ofrece salarios de hasta $23 por hora. La exigencia física es brutal, el ruido ensordecedor y el ambiente puede ser hostil, pero para muchos representa una tabla de salvación.

Idaneau Mintor, otro inmigrante haitiano, trabaja en el turno nocturno limpiando la maquinaria tras los despieces diarios. Vive en condiciones precarias, comparte una vivienda subdividida con un compatriota, y cada madrugada reza por no ser deportado. Envía lo que puede a su familia en Haití. “Respeto las reglas. Sigo las leyes. Pero no duermo tranquilo”, confiesa.

Comunidades enteras en riesgo

La amenaza de cancelación de permisos de trabajo y deportaciones masivas no sólo supone una tragedia humana, sino un potencial colapso económico para regiones que dependen del trabajo inmigrante. La industria cárnica estadounidense ya tiene dificultades para atraer mano de obra local. Si se pierde esta fuerza laboral extranjera, la consecuencia podría ser un ciclo de rotación continuo y bajos niveles de producción.

Mark Lauritsen, líder sindical de los empacadores de carne, lo explica así:

“Volveremos a una situación de rotación constante de personal. Eso suponiendo que tengamos personal para reemplazar a los que perdemos.”

Negocios locales, escuelas y servicios comunitarios también sienten el impacto. Pueblos como Dumas y Cactus, que alguna vez fueron homogéneos, hoy reflejan la globalización demográfica de Estados Unidos. En sus parques se oyen misas en criollo haitiano y se encuentran restaurantes somalíes, tiendas vietnamitas y mercados con productos de Myanmar.

Una generación de soñadores en vilo

Muchos de los inmigrantes afectados no se identifican con el estereotipo del inmigrante ilegal que cruza la frontera clandestinamente. Son educadores, enfermeras, conductores, cocineros. Algunos llegaron patrocinados por organizaciones religiosas o comunitarias. Como Jean, quien antes de ser camionero fue responsable de un centro de alimentación infantil en Haití y trabajaba para una organización sin fines de lucro tejana.

“América es grande, pero también tiene corazón. Nosotros cumplimos con todas las reglas. Y ahora nos persiguen”, lamenta. Mientras tanto, su esposa Sherlie guarda sus papeles con esmero y sigue practicando inglés mientras trabaja dos turnos. “No somos criminales. Solo queremos vivir en paz”, dice con una mezcla de orgullo y frustración.

La represión como política migratoria

Desde su retorno al poder, la administración Trump 2.0 ha multiplicado sus esfuerzos por restringir no solo la inmigración ilegal, sino también las vías legales, bajo el argumento de falta de “verificación adecuada”. La paradoja es que, en esa cruzada, están cayendo miles de personas que sí fueron previamente evaluadas, autorizadas y admitidas legalmente.

Durante el primer mandato de Trump, ya se revocaron múltiples Estatus de Protección Temporal (TPS). Hoy, el DHS ha alertado que los permisos especiales de unos 500,000 haitianos serán revocados en agosto, lo cual podría provocar una de las mayores deportaciones masivas de inmigrantes legales en la historia moderna del país si no se interponen nuevas órdenes judiciales.

El dilema: resistir o marcharse

Frente a la incertidumbre, algunos están dispuestos a marcharse si las instrucciones federales lo exigen. “Si me ordenan irme, me voy. Pero lo haré con el corazón roto”, comenta Lesvia Mendoza, docente venezolana que se instaló con su esposo en Amarillo junto a su hijo ciudadano estadounidense.

Otros, como Nicole —una trabajadora haitiana en una planta de carne que pidió mantener su nombre completo en anonimato— dicen que volver a su país no es siquiera una opción. “Allá no hay nada. Aquí al menos tengo trabajo, paz relativa, y ya me reconstruí.”

Más que cifras, son vidas entrelazadas

Según la organización American Immigration Council, uno de cada seis trabajadores en Texas es inmigrante. Estos individuos no solo forman parte del engranaje productivo, sino del ciclo vital de sus comunidades: crían niños, forman iglesias, compran casas y contribuyen a una América que siempre se ha definido por su diversidad.

La paradoja de que el mismo país que necesita esta mano de obra pretenda expulsarla está causando un dolor que no siempre sale en los titulares. Pero en los silenciosos pueblos del Panhandle, entre el polvo del camino y el rugir constante de los camiones, se siente que algo profundo se está rompiendo.

La incertidumbre persiste mientras los inmigrantes legales intentan descifrar su futuro. Detrás de cada fotocopia de permiso revocado, de cada caja empacada para un “último viaje”, hay una historia, un sueño, una promesa —y, sobre todo, una enorme pregunta sin respuesta clara: ¿es este aún el país de las oportunidades?